El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que el polémico impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) será soportado, finalmente, por los bancos. “Los ciudadanos nunca más pagarán el impuesto; lo harán la banca”, ha asegurado este miércoles en una comparecencia en La Moncloa.

El Tribunal Supremo había decidido el martes que fuesen los clientes los que siguiesen abonando esta tasa, como viene siendo desde hace más de 20 años, en contra con la sentencia del 18 de octubre, que suponía un cambio en la jurisprudencia anterior al determinar que fueran las entidades las que abonasen el importe. En contra de la decisión del poder judicial, el poder ejecutivo ha determinado que siempre sean los bancos los que paguen este impuesto, tal como ha anunciado Sánchez. La medida no será retroactiva y aplicará a partir de su aprobación a través de un Decreto Ley.

Tras dos semanas de tiras y aflojas en el seno del Alto Tribunal, con 15 votos a favor y 13 en contra, la banca se salvó de tener que hacer frente a este impuesto y, más importante, evitó tener que pagarlo con carácter retroactivo, lo que le hubiese costado al sector hasta 29.000 millones, según estimaciones de Gestha. Sin embargo, no se salva de abonar este cargo en las nuevas hipotecas que se constituyan.

A partir de ahora, los bancos deberán abonar este impuesto, cuyo importe suele rondar el 1% del importe del préstamo. Sufrirán un impacto anual de en torno a 640 millones, según estimaciones de Moody’s. El golpe, en cualquier caso, es manejable para el sector, dado que tiene capacidad para trasladar el sobrecoste al precio de las hipotecas.  “Esperamos que tenga un impacto limitado en la rentabilidad de los bancos porque tienen varias vías para trasladar los costes adicionales a los clientes, ya sea mediante el aumento de los diferenciales del préstamo o elevando las comisiones”, sostiene la agencia de ráting.

Algunas entidades ya han manifestado abiertamente que elevarán el precio de las hipotecas, aunque señalan que siempre dependerá de las dinámicas comerciales, ya que la competencia en el sector financiero es elevada.

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, señaló hace unos días que “a futuro, si se falla que el sujeto pasivo del impuesto sean los bancos, se acatará la ley, pero se encarecerá el coste de las hipotecas para los bancos”. En este sentido advierte: “Tendremos un mayor coste para dar hipotecas y las dinámicas comerciales marcarán qué parte se traslada al cliente. Cuando se presta a 25 años no se puede estar sujeto a cambios. Cuando hay riesgos se traslada a la capacidad de hacer negocio en volumen y precio”.  Y en función del riesgo, ha añadido, “pondremos el precio que consideremos como hacemos con otros contratos”.

Por su parte, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, señaló hace unos días que se intentará no repercutir todo el coste sobre el cliente, pero sí una buena parte se distribuirá sobre la vida media del préstamo, que es de unos 12 años. “No podemos dar hipotecas que no sean rentables, no se puede vender por debajo del coste”, precisó durante la presentación de resultados del tercer trimestre.

El sentir del sector financiero es que la competencia determinará el precio de los préstamos, pero bajo ningún concepto las entidades concederán hipotecas que no sean rentables.