La pauta general de nuestro constitucionalismo histórico fue configurar nuestra plural España como un Estado unitario fuertemente centralizado. En contraste, la Primera República intentó infructuosamente dar vida a un proyecto de cuño federal, mientras que la Segunda buscó la compatibilidad de un llamado “Estado integral” con la autonomía de las regiones. En 1978 tampoco se llegó a un modelo de organización territorial definido en la Constitución, sino que se dispusieron en su título VIII elementos básicos para un Estado “descentralizable”. Se hizo abriendo un “proceso autonómico” a partir del reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones en su artículo segundo, más la tácita delegación en el legislador orgánico para el cierre de sus enunciados de apertura. Si bien en 1931 y 1978 hubo un rotundo rechazo del agobiante centralismo y una indudable aspiración al establecimiento de la autonomía regional, no pudo fraguarse una neta voluntad constituyente en esta materia que estuviera en condiciones de sostener un modelo claramente definido. Así las cosas, la cuestión territorial sigue abriéndose recurrentemente en canal en los momentos de crisis, a falta de una constitucionalización adecuada que permita vertebrar nuestro Estado con la eficacia y estabilidad necesarias.

El legislador estatal y las comunidades autónomas, durante casi cuatro décadas, han venido concretando un avanzado Estado autonómico; y la jurisprudencia constitucional se ha encargado de precisar los pilares doctrinales sobre los que se asienta la “constitución territorial”. En su evolución, caracterizado por su flexibilidad y gran apertura, ha llegado a funcionar “como si” de un Estado federal se tratara, aunque con severas deficiencias y notables carencias de estructura. Orbita sin duda en el campo de atracción del federalismo, pero no es formal ni propiamente un Estado federal.

Si desde 1978 estamos inmersos en un proceso de federalización de facto, la reforma que se emprenda debe tener un sentido federativo de culminación, tipo holding together. Reforma, no proceso constituyente, es lo que necesitamos, pues los principios y los elementos centrales que estructuran el Estado están bien establecidos en la Constitución, en términos generales. Tampoco hay una situación política tal que así lo requiera, pese a la gravedad del actual desafío soberanista en Cataluña. Pero la reforma es necesaria para la puesta al día, racionalización y relegitimación de nuestro sistema político y, en su marco, para dar una salida adecuada a la cuestión catalana.

La mayor dificultad estriba en conseguir su aceptación mayoritaria en los territorios que tienen la “asimetría política” de un arraigado nacionalismo, en buena parte independentista. Quienes abrazan un independentismo irredento nunca van a ser convencidos por ninguna reforma, al menos por ninguna que no abra la puerta al derecho de secesión. Pero el número de nacionalistas de esta condición es menor del que hoy por hoy conforma la mayoría no nacionalista junto con el nacionalismo moderado. Aquí está la clave sobre una opción de síntesis y encuentro, en la línea de una descentralización política racionalizadora y de calidad. Hay neta mayoría si sumamos a quienes quieren mantener la estructura del Estado tal como está, aquellos que propugnan un mayor nivel de autogobierno y quienes abogamos por una reforma en sentido federal que articule el pluralismo con un nuevo pacto de ciudadanía refrendado por todos los españoles y por cada territorio en subsiguientes reformas estatutarias.

Esta reforma, además de otras necesarias en aspectos sociales y de regeneración democrática, requeriría adoptar muchas medidas concretas. Son de especial relevancia: 1) incluir en la Constitución, como sugirió el Consejo de Estado, mención expresa a las comunidades autónomas; 2) regular el Senado como Cámara que represente eficazmente a los territorios tanto por su composición como por sus funciones; 3) reconocer las singularidades y sus efectos: lengua propia, cultura, foralidad, organización territorial, peculiaridades históricas de derecho civil, insularidad y ultraperifericidad; 4) “desconcentrar” en los territorios determinados órganos e instituciones centrales como contribución a una eficaz política de reconocimiento e integración; 5)incorporar los principios de lealtad y colaboración, así como los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación y los “procedimientos compartidos” puestos en pie por los estatutos “de segunda generación”; 6) rediseñar el sistema de distribución de competencias, precisando las facultades concretas del Estado, reduciendo al máximo las compartidas y estableciendo como cláusula residual que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución sea competencia de las comunidades, de tal manera que los estatutos tengan dimensión institucional, no competencial; 7) fijar los elementos fundamentales del sistema de financiación para garantizar la solidaridad interterritorial en términos de equidad, introduciendo un mandato de “actualización” del régimen foral vasco y navarro que no genere desigualdad y satisfaga las exigencias de solidaridad; 8) establecer una garantía reforzada de la autonomía local y de la suficiencia y sostenibilidad en su financiación; 9) disponer reglas adecuadas para la articulación de España en la UE a partir del pluralismo territorial interno, y 10) modificar los procedimientos de reforma constitucional para que esta sea posible cuando resulte necesario y así lo demande la ciudadanía.

Tengamos muy presentes las claras lecciones de nuestra historia y la evolución seguida por el Estado autonómico. Se trata de alumbrar, con un razonable horizonte de estabilidad, un marco jurídico y político que establezca el equilibrio necesario entre autogobierno y gobierno compartido para la plena integración de un país tan plural y tan lleno de potencialidades como es España. Tanto el diagnóstico como el objetivo son claros y el perímetro está trazado, aunque sea complejo y difícil de articular en los detalles. La comisión de estudio para la evaluación y modernización del Estado autonómico recientemente creada en el Congreso de los Diputados es, por ahora, el único instrumento del que disponemos para un diálogo político y técnico que pueda resultar fructífero, por lo que todos tenemos el deber de aprovecharlo. Ojalá las formaciones políticas que no se han incorporado, o que la han abandonado, cambien de postura y podamos llegar a elaborar unas conclusiones compartidas. Nuestro país necesita de manera impostergable ir abriendo los tiempos de reforma de la Constitución.

El lema de que el objetivo es constituir un nuevo Govern de la Generalitat “efectivo” se ha encaramado a la categoría de mantra. Se emplea como contraposición a un Gobierno simbólicoo teatral. Alude no a la eficiencia de sus acciones futuras, sino a la cualidad del ejercicio de emprenderlas. Esto es, a que pueda adoptar medidas, y que estas alcancen efectos reales.

Se trata de un requisito mínimo al que sería difícil no prestarle acuerdo. Ahora bien, hay dos maneras aparentes de generar un Goven “efectivo”. Una es disparatada y la otra, sensata.

La disparatada consiste en persistir en el acuerdo para la investidura firmado entre la lista Puigdemont/PDeCAT y Esquerra Republicana el 8 de marzo. Aquel texto pergeñaba una continuación del procés unilateral enmascarado, un procés bis.

¿Cómo? Mediante el engarce de un triple poder. El primero, ilegal, prolongaría la sedición mediante un fantasmal pero activo Consejo de la República instalado en Bruselas y presidido por Carles Puigdemont. El segundo, un Govern “efectivo”, pero títere del anterior y cuya cabeza la entronizaría el president “legítimo” trocado en potencia ventrílocua. El tercero, la insurgencia callejera a cargo de las organizaciones activistas que encabezarían un proceso constituyente continuador del golpe del pasado septiembre.

Al nuevo Govern así emparedado entre la República digital y la calle le correspondería una gestión autonomista de apariencia —e incluso formato— legal, como la detallada en el discurso de investidura del honorable Jordi Turull, el 22 de marzo (juntspercatalunya.cat).

Pero sus intereses inmediatos, oblicuamente sugeridos, son más bien los de recolocar a los comisarios políticos destituidos, restituir las plataformas de agitación exterior (delegaciones o embajadas), extremar el control sectario de TV3 y Catalunya Ràdio y subvencionar las organizaciones y medios soberanistas.

Todo ello al servicio de las campañas —estas sí, ya efectivas—, en favor de los políticos presos y en pro del desprestigio interno y descalificación exterior de lo que llaman “Estado” (por España). Y al exclusivo servicio de una estéril estrategia de confrontación y tensión que apela a los sentimientos (respetables) de una ancha parte de la sociedad catalana.

No hay en ese pacto de investidura ni en el discurso de Turull ni en las declaraciones del principal líder siquiera un atisbo de los fines y necesidades verdaderas de esta sociedad atribulada. Nada relativo a que ese Govern “efectivo” debiera primar la reconciliación interna de la ciudadanía catalana, la defensa de la seguridad jurídica, una estrategia de retorno de las 4.500 empresas que trasladaron sus sedes, unas bases para recuperar el prestigio perdido de Cataluña, un concepto de negociación multilateral además de bilateral para participar en el rediseño de la financiación autonómica, la profundización autonómica y la reforma constitucional y estatutaria.

Si el secesionismo no recula en ese infausto pacto del 8 de marzo, los problemas no se encauzarán, la tensión aumentará, el autogobierno no se afirmará ni política ni financieramente; perderán, en suma, Cataluña, los catalanes y el catalanismo.

El Govern no será eficaz ni eficiente. Y al cabo, muy poco “efectivo”.

Hay otra vía. La sensata.

La que prime la seguridad jurídica, requisito de la recuperación del aprecio de Europa, los mercados y la desplomada inversión exterior (cayó un 39,8% en 2017, mientras subía un 24,7% en Madrid). Para rehabilitarla es esencial la afirmación inequívoca del compromiso del eventual nuevo Govern de respeto integral al ordenamiento jurídico, incluso para modificarlo.

La que prime el reencuentro de los catalanes, sin retóricas —bondadosas o aviesas— de “un sol poble”. Adoptando un código ético gubernamental de respeto a la oposición parlamentaria —que representa a la mayoría de los votantes— y sus derechos. Eliminando las continuas referencias a que la Generalitat debe servir (solo) a dos millones de conciudadanos. Practicando la igualdad de trato a todas las entidades civiles: soberanistas (Òmnium y ANC) o constitucionalistas (SCC, Federalistes d’Esquerra, Portes Obertes del Catalanisme...). Asegurando la honestidad de los medios públicos mediante la elección por consenso del presidente y altos cargos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

La que prime el relanzamiento económico, la mejora financiera de la Generalitat y el retorno de las empresas privadas que debieron huir. Mediante el fomento al tamaño empresarial, el adiós al hiperproteccionismo comercial, la digitalización y la consolidación de las startups (en las que Cataluña es líder incontestada), la ampliación conceptual de los planes de infraestructuras desde las físicas a las digitales y del conocimiento. Mediante verdaderos planes de apoyo al retorno de las sedes deslocalizadas (antes una potente oficina en Madrid y en Valencia que en Viena), si conviene en acuerdo con el Gobierno central y sus instrumentos (incentivos fiscales, líneas crediticias especiales si se requieren, represtigio de las marcas). Mediante menos demagogia sobre el falso “expolio” fiscal y, en cambio, una firme contribución presencial a la mejora de la financiación autonómica y a descrestar el peso de la deuda (quitas).

La que prime un diálogo, de finalidad negociadora, en y con las instituciones comunes. No solo para recuperar un “encaje” pasivo de lo catalán, sino también su tradicional papel de vanguardia en la conjura democrática y la reforma del esquema territorial. Desde la firmeza, por supuesto: se acumularía mucha si se reconvirtiesen las derivas disgregadoras a un empuje cooperativo, como demuestra Euskadi, heredera del mejor catalanismo. Y desde la lealtad —constitucional, federal—, de ida y vuelta.

Es obvio que ante un programa de reforma posibilista de este género se alzan muchas dificultades. La de cómo reencauzar la radicalización de sectores que algunos han alentado, lo que requiere liderazgo. O cómo convencer a los vectores recentralizadores para recuperar todo el potencial del espíritu autonomista de la Constitución, lo que exige convicción y paciencia.

Y cómo encapsular los tempos políticos y judiciales. Si el secesionismo desanda los errores; si recupera el tremp, el empuje catalanista; si reinstaura las mínimas lealtades básicas de convivencia, todo será menos difícil. Será también más fácil contribuir a resituar las percepciones de fiscales y jueces y explorar un horizonte viable para el obstáculo objetivo más grave —la cuestión de los políticos presos— de los que se interponen ante la normalización.

¿Quién se atreve?

https://elpais.com/elpais/2018/04/29/opinion/1524997581_319770.html 

El fracaso del Estado ha quedado en evidencia esta semana. El ridículo del Gobierno, también. Hablamos de Cataluña, único problema esencial de nuestra democracia. Lo demás (el paro, la corrupción) tiene arreglo y no amenaza nuestra convivencia. En la cuadrilla estamos seriamente preocupados.

El primer desastre tuvo lugar el miércoles. El Gobierno que había prometido «garantizar» el derecho de los padres a escoger que sus hijos sean educados también en castellano renunció a introducir la casilla en los formularios de preinscripción.

Justificó su renuncia en que la Ley de Educación Catalana «sólo puede ser modificada por otra ley del Parlamento catalán». El Gobierno del 155, el que aprobó la Lomce que establece que «el castellano es lengua vehicular en todo el Estado», impotente. Incluso para hacer cumplir las sentencias que fijan en el 25% el porcentaje mínimo de materias que deben ser impartidas en castellano. Una renuncia aplaudida por el PSC. Y ovacionada por el nacionalismo catalán. ¡Luego se quejarán en el PP por el «injusto» ascenso de Ciudadanos en las encuestas!

El jueves, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein rechazó extraditar a Carles Puigdemont por rebelión y puso en libertad al prófugo. Queda por decidir si entrega al ex president para que sea juzgado por malversación.

Esto pone en cuestión al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al valorar que la violencia del procés no es suficiente para justificar la acusación de rebelión. Un varapalo a la instrucción del caso que da alas a los independentistas.

Ambos hechos vienen a confirmar las limitaciones de la estrategia del Gobierno de la nación para afrontar el desafío del nacionalismo catalán.

Ni el buen rollito de la vice Soraya Saénz de Santamaría con Oriol Junqueras apartó a ERC de la ruptura. Ni los servicios secretos ni las fuerzas de seguridad lograron impedir que el 1-O se celebrara un amago de referéndum. Ni el 155 con elecciones exprés evitó una mayoría indepe en el Parlament. Y ya veremos cómo resuelve la Justicia el embrollo que ha causado el tribunal alemán.

Es cierto que se ha evitado un estallido violento en las calles, con excepción de algunos incidentes en los peajes y cortes de carreteras.

Es cierto que el PSOE, lastrado por la ambigüedad del PSC, las tensiones internas y un liderazgo vacilante de Pedro Sánchez, es mal socio.

Pero el máximo responsable de este fallo multiorgánico del Estado es el Gobierno. Da la sensación de que, una vez más, Mariano Rajoy salía empatar y no para de encajar goles.

De todas las instituciones del Estado, sólo el Rey sale de estos meses turbulentos con su prestigio incólume para la mayoría de los españoles. No así para muchos catalanes, no sólo nacionalistas.

La intervención de Felipe VI estuvo bien pero tiene sus riesgos. Lo explicó Tom Burns Marañón, analista de Expansión y autor de Entre el ruido y la furia. «El Rey actúa en Cataluña ante un vacío político». Esta sobreexposición del Monarca es responsabilidad «del Gobierno y de la oposición, que no sabe con lo que está jugando. Me parece una inconsciencia brutal».

Esta erosión tiene trascendencia. Porque el Rey es uno de los pocos elementos reconocibles del Estado menguante que es hoy España.

Lo explicaba hace unas fechas Luis Sánchez Merlo, que fue secretario de Presidencia con Leopoldo Calvo Sotelo, en La Vanguardia. «El Estado es un concepto sin dueño que lo cuide. El español percibe poco al Estado porque la presencia en su vida tiene que deducirla de ver al Rey en actos oficiales o el logo de los ministerios cuando financian algo». En Cataluña y el País Vasco, el Estado se visualiza en Correos, las obras del AVE, las fuerzas de seguridad y poco más.

Si el Estado es un fantasma, la nación es una caricatura en manos de sus enemigos. Uno de la cuadrilla que vive en Cataluña lo expresa con indignación: «El adoctrinamiento en la escuela (y no digamos en los medios adictos a la causa) se resume en la negación de España. Todo lo malo es el Estado. Todo lo bueno es catalán. Hasta 'la empresa catalana Seat...' aunque sea la filial de una multinacional alemana».

Sánchez Merlo proponía generar un «orgullo de pertenencia» desde la «ejemplaridad pública». Algo que suena a música celestial en la España de Gürtel y los ERE.

En la cuadrilla creemos que el constitucionalismo está perdiendo la oportunidad de usar la superioridad moral que le dio el abandono de la legalidad por parte del independentismo catalán. Era la ocasión de combatir ideológicamente esta deriva populista, cuyos efectos negativos son evidentes en Cataluña.

Urge un pacto entre las fuerzas del constitucionalismo para reformar el Estado, delimitar competencias, juzgar a los desleales y recuperar el control de la educación. Antes de que sea tarde. Nos llamarán utópicos. Pero no nos falta razón.

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http://catalunyaplural.cat/ca/victoria-camps-a-catalunya-sha-perdut-el-seny/

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https://www.globalpoliticsandlaw.com/2018/03/11/reforma-federal-constitucion/