Por un programa común Editorial LV

Hay que ser realistas. Las cosas no están bien. Dos mil seiscientas empresas han trasladado su sede social fuera de Catalunya. Un millar de ellas ha cambiado también la sede fiscal. Los dos bancos de matriz catalana –con clientes e intereses en toda España– tienen hoy repartidos sus domicilios sociales entre València, Alacant y Palma. Los pedidos industriales crecieron un tímido 2,3% en Catalunya el pasado mes de septiembre, frente al 76% de Madrid, según el Instituto Nacional de Estadística. El 70% del comercio catalán ha visto reducir sus ventas en octubre. Las pernoctaciones turísticas han caído un 7% en Barcelona. Las reservas para los próximos meses de los turistas provenientes de los Estados Unidos están disminuyendo en un 50%. Catalunya será la comunidad que menos crecerá en 2018, según estimaciones del servicio de estudios del BBVA. Madrid puede crecer casi el doble que Catalu­nya el año que viene (un 3,3% frente al 1,7%), según Funcas, instituto de investigación económica de las cajas de ahorros. Barcelona acaba de perder la Agencia Europea del Medicamento. Podía haberla perdido en circunstancias políticas más venturosas, pero todos sabemos que el conflicto político no ha ayudado en nada.

Negar el riesgo económico de Catalunya sería una auténtica irresponsabilidad. Relativizarlo o banalizarlo, también. El principio de realidad debe volver a presidir la vida pública del país. Los datos negativos existen y comienzan a aparecer en las mediciones. El ­empeoramiento de las expectativas puede tener consecuencias a corto plazo en el mercado laboral. Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre ya apuntan en esa dirección; crecimiento intermensual casi nulo, el más bajo de toda España. Dicho en pocas palabras, un número indeterminado de personas puede perder el empleo en los próximos meses como consecuencia de la crisis política. Como ocurre casi siempre, los más afectados serán los más débiles: los jóvenes y los trabajadores precarios. Nunca desde los años del franquismo, la defensa de Catalunya había aparecido asociada a un retroceso económico. Nunca. Al contrario, el catalanismo logró desplegar durante muchos años una eficiente tarea de articulación e integración bajo el signo de la mejora social. La definitiva ruptura de ese paradigma podría tener consecuencias nefastas para la convivencia civil en los próximos años. Catalunya no puede convertirse en un nudo de resentimientos enquistados. No debemos seguir los pasos de Quebec, que vivió una auténtica resaca económica.

Para conjurar estos graves riesgos creemos necesario que los partidos políticos adopten un programa de mínimos en lo que a la economía se refiere. Y a la alcaldía de la capital catalana –que acaba de cometer el grave error de romper alianzas– le corresponderá la enorme responsabilidad de pilotar la marca Barcelona, principal motor de propulsión de la economía catalana.