Federalistas en acción, mejor control, mayor eficacia, mayor responsabilidad y corresponsabilidad, solidaridad bien regulada, aplicar incentivos y control de gestión, optimizar, impulsar un senado tipo Bundesrat ? modernizar las estructuras, modernizar las instituciones, compartir mejor el conocimiento y el desarrollo, incrementar en los factores positivos, recular en los factores negativos, buscar el equilibrio en centralizar/ recentralizar unos factores negativos para el avance en común y entre incrementar las competencias en otros positivos (un estudio tipo ADE tipo DAFO ) en resumen el optimo entre economizar y la socieconomia (economía social de mercado de mercado, economías de escala para sumar todo el potencial del país, evitando duplicidades )
En el siguiente enfoque del sr. Cesáreo Rodríguez Aguilera,se expone de forma mas precisa y clara, el tema que pretendo debatir : "Frente al confuso y abigarrado modelo actual, con tantas competencias compartidas y concurrentes, sería mucho más claro optar por el modelo clásico de lista única de competencias exclusivas federales para dejar todo lo demás a sus diferentes unidades. La otra cuestión clave es la de la financiación: el modelo español está notoriamente desequilibrado porque de hecho es federal en el capítulo de gastos, pero no en el de ingresos, demasiado favorable a la hacienda central. Es evidente que un replanteamiento de este tipo, para incrementar el poder fiscal territorial, exigiría estrictas reglas de confianza y lealtad, hoy rotas, además de una adecuada participación territorial en la formación de la “voluntad general” a través de una verdadera cámara de sus diferentes unidades"
Cualquier persona sensata tiene la sensación, antes de analizar causas o de proponer soluciones constitucionales, de que se encuentra ante un verdadero galimatías —oxímoron— en su doble acepción, o sea como lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase y confusión de ideas (lo de las “nacionalidades” del artículo 2 de la Constitución); o en sentido familiar como confusión, desorden, lío (Título VIII, la organización territorial del Estado, y su posterior desarrollo). Estamos, pues, en una situación en la que en nada se parece a aquella de los años en los que se afrontó, nada menos, que un cambio de régimen. Parece como si la madurez nos hubiese enloquecido y ahora quisiéramos hacer lo que entonces no quisimos —o no pudimos— hacer. Una especie de subconsciente colectivo, anclado en una historia manipulada o inexistente, nos empuja a los catalanes —y a todos los españoles— hacia un abismo del que tardaremos varias generaciones en salir y remontar. En la psiquiatría quizá encontraríamos herramientas adicionales, que no nos ofrecen ni la economía ni la política, para entender lo que nos pasa que, parafraseando a Ortega, podría resumirse en que no sabemos lo que nos pasa.
Hace 20 años, FAES me publicó un pequeño ensayo (nº 40 de Papeles de la Fundación) que se llamaba ‘Catalanismo y Constitución’. Después de más de cuatro lustros y en circunstancias muy diferentes tanto personal —entonces era diputado en el Congreso— como colectivamente —gobernaba el PP en minoría con el apoyo de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios— llegaría a las mismas conclusiones, que resumo:
1. Cataluña es una nacionalidad —cualidad de ser de una nación— según la Constitución española.
2. Cataluña es una comunidad mucho más antigua que la creación de los Estados-naciones. Por tanto, su reconocimiento viene implícito en su propia historia; constituye una cuestión metajurídica, que está dentro de lo que puede denominarse constitución interna del Estado.
3. La soberanía, según la Constitución, reside en el pueblo, en todo el pueblo español. Es indivisible e intransferible. En cambio, la autonomía de las regiones y nacionalidades puede ser tan amplia como se quiera, incluso con aquellas competencias exclusivas del Estado.
4. Me refería entonces a la “soberanía compartida”, que era la esgrimida en esos años, incompatible con la Unión Europea que se estaba construyendo. Cuatro años después se puso el euro en circulación y los estados perdieron la soberanía monetaria.
5. La lengua no ha sido en estos últimos años un elemento de división entre catalanes, por lo general y el bilingüismo operó con normalidad.
6. Una Constitución no debe sacralizarse, pero tampoco banalizarse. No debe confundirse su modificación con un cambio de régimen.
7. El patriotismo —y el nacionalismo— catalán pasa hoy —entonces y también ahora— por gobernar en España y no por la queja constante por la poca influencia que, tanto en España como en Europa, tiene Cataluña. Tan solo involucrándose seriamente en el gobierno del Estado podrá tener Cataluña un peso específico y autónomo en Europa y corregirse, por ejemplo, determinados desequilibrios.
Manteniendo estas conclusiones coincido con quienes opinan que es necesaria una reforma constitucional que reafirme, por un lado, la centralidad y fortaleza del Estado y, por otro, el carácter nacional de determinados territorios que llevaría a la sustitución del Título VIII por un federalismo asimétrico. Ese federalismo conllevaría un Concierto económico en Cataluña similar al del País Vasco. Pero también habría que reestructurar las competencias educativas de las comunidades.
No conozco ningún proceso nacional que haya llegado a la independencia como no fuese por la fuerza o por medio de un pacto. Y como el pacto no va a ser posible —pues por una de las partes solo hay imposición y no se razona acerca del descomunal perjuicio que a todos nos ocasionaría la secesión— habrá que recordar que por la fuerza casi mil muertos y decenas de miles de víctimas colaterales no consiguieron más que la degradación moral en el País Vasco para no conseguir nada que ya tuviesen colectivamente reconocido en la Constitución. ¿Es eso lo que queremos para Cataluña?
Las Constituciones no tienen nada de absolutas. Sirven mientras son útiles. De lo contrario hay que volver a cimentarlas. Karl R. Popper, tan citado por políticos liberales de titular y tan poco leída su obra científica, escribió en su Lógica de la investigación científica:“Por intenso que sea un sentimiento de convicción nunca podrá justificar un enunciado. La base empírica de la ciencia objetiva, pues, no tiene nada de absoluta; la ciencia no está cimentada sobre roca: por el contrario, podríamos decir que la atrevida estructura de sus teorías se eleva sobre un terreno pantanoso, es como un edificio levantado sobre pilotes. Estos se introducen desde arriba en la ciénaga, pero de ningún modo hasta alcanzar ningún basamento natural o dado, cuando interrumpimos nuestros intentos de introducirlos hasta un estrato más profundo, ello no se debe a que hayamos topado con terreno firme: paramos simplemente porque nos basta que tengan firmeza suficiente para soportar la estructura al menos por el momento”. Hoy, los pilares sobre los que se asienta nuestra Constitución carecen de esa solidez necesaria para construir una ciencia, mucho más una Nación, a la que se refiere Popper.
Jeremías Bentham, inspirador de la Constitución de 1812, decía: “Lo más que puede hacer el hombre más celoso del interés público, lo que es igual que decir el más virtuoso, es intentar que el interés público coincida con la mayor frecuencia posible con sus intereses privados”. En estos últimos años, en España y en Cataluña especialmente, lo hemos entendido al revés.
Jorge Trias Sagnier
Expertos juristas plantean una reforma federal de la Constitución
Los catedráticos proponen fijar las competencias estatales y reorganizar el Senado con el modelo alemán o austriaco
Una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, coordinados por Santiago Muñoz Machado, propuso ayer reformar la Constitución de 1978 y poner al día el modelo territorial español aplicando “técnicas del federalismo” vigentes otros países europeos. Los expertos, que actúan por iniciativa propia ante la crisis catalana, plantean que los Estatutos de Autonomía dejen de ser leyes orgánicas y, por tanto, no sean aprobados por las Cortes. También proponen fijar con claridad las competencias estatales en la Carta Magna y reorganizar el Senado a semejanza del modelo alemán o austríaco.
La crisis independentista catalana se convertido en la manifestación más extrema, pero no la única, de la “fatiga de materiales” que aqueja a la Constitución Española de 1978, y es “urgente” reformar el modelo territorial que esta consagra. Los juristas coordinados por Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, se han reunido durante cuatro meses para redactar un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución, que se presentó este lunes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los expertos proponen aplicar las “técnicas y soluciones” federales a la actual configuración autonómica.
El documento niega que la reforma “pueda hacerse pensando solo en Cataluña”, defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra el desafío secesionista y rechaza que los “grupos que han apoyado la intentona independentista” puedan ser los interlocutores exclusivos de este proceso. Pese a ello, el manifiesto incluye un capítulo dedicado a Cataluña. En él, se recoge la sugerencia, defendida por “algunos miembros del grupo”, de incorporar a la Constitución una nueva Disposición Adicional que establezca un “régimen jurídico singular” para esa comunidad y una “relación bilateral” con el Estado, siempre con el acuerdo del resto de comunidades y para aquellas cuestiones que no afecten al conjunto.
El “voluntariado cívico” de este grupo de juristas, coordinados por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense de Madrid deriva de su preocupación por la “situación crítica” que vive España por el desafío independentista catalán. Según su diagnóstico, la “parálisis o incapacidad” de los partidos para reformar la Constitución “pone en peligro el propio sistema político”, y solo una reforma que afronte los problemas del actual sistema autonómico en su conjunto permitirá encauzar la situación de Cataluña.
Cinco de los firmantes —Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Victor Ferreres y Joaquín Tornos— pertenecen a universidades catalanas. El resto de los catedráticos ejercen en Andalucía —Ana Carmona (Universidad de Sevilla) y José Antonio Montilla (Granada)—, el País Vasco (Alberto López Basaguren) y la Complutense de Madrid (Javier García Roca).
Estos juristas defienden la necesidad de abrir un “tiempo de reformas”, en el que de forma paulatina y sucesiva se pueda incorporar a la Constitución una “cláusula europea” en el que se aclare que la norma española es compatible con la normativa comunitaria; se suprima la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona o se reconozca la garantía de ciertos derechos sociales. Sin embargo, lo que consideran “urgente” y “prioritario” en este momento es la reforma que permita “construir un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación”.
Aunque los juristas no quieren “dar excesiva importancia al término”, reconocen que la reforma “deberá hacerse en la línea de los sistemas federales”. Los juristas plantea acabar con la doble condición de los Estatutos como “norma institucional básica” de la comunidad y, al mismo tiempo, ley orgánica que debe ser aprobada por las Cortes. “Sería conveniente configurar al Estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constitución”. Según este criterio, los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico.
La parte troncal del documento se centra en la necesidad de reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y en la Unión Europea. El papel del Senado debería cambiar radicalmente. El modelo preferido es del del Bundesrat alemán, cuyos miembros son designados por los Gobiernos de los länder. También se sugiere el modelo austríaco, donde los parlamentos regionales nombran a los parlamentarios de la Cámara alta.
Los académicos defienden que la Constitución incluya normas fundamentales sobre financiación autonómica. Estas deben conjugar criterios de solidaridad con la atribución de los recursos según las capacidades de ingreso de las regiones
Los firmantes reclaman a los partidos que emprendan el diálogo reformista que, según ellos, debería haberse iniciado en 2010 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una serie de artículos del Estatuto de Autonomía catalán de 2006.
Este diálogo, defienden, debe producirse en el Congreso y estar liderado por el Gobierno. “Se trata de buscar un nuevo marco de autogobierno que sea sometido a referéndum tanto en Cataluña como en el conjunto de España”, a través de la revisión del Estatuto de Autonomía y de la propia Constitución. Los redactores del documento rechazan la idea de que una reforma constitucional deba lograr un consenso similar al obtenido en su día en las Cortes constituyentes, donde votaron afirmativamente 325 de los 350 diputados. Los catedráticos recuerdan que las propias mayorías que recoge la Carta Magna —tres quintos o dos tercios de la Cámara, según los casos— “son las únicas mayorías vinculantes”.
El documento niega que la reforma “pueda hacerse pensando solo en Cataluña”, defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra el desafío secesionista y rechaza que los “grupos que han apoyado la intentona independentista” puedan ser los interlocutores exclusivos de este proceso. Pese a ello, el manifiesto incluye un capítulo dedicado a Cataluña. En él, se recoge la sugerencia, defendida por “algunos miembros del grupo”, de incorporar a la Constitución una nueva Disposición Adicional que establezca un “régimen jurídico singular” para esa comunidad y una “relación bilateral” con el Estado, siempre con el acuerdo del resto de comunidades y para aquellas cuestiones que no afecten al conjunto.
El “voluntariado cívico” de este grupo de juristas, coordinados por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense de Madrid deriva de su preocupación por la “situación crítica” que vive España por el desafío independentista catalán. Según su diagnóstico, la “parálisis o incapacidad” de los partidos para reformar la Constitución “pone en peligro el propio sistema político”, y solo una reforma que afronte los problemas del actual sistema autonómico en su conjunto permitirá encauzar la situación de Cataluña.
Cinco de los firmantes —Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Victor Ferreres y Joaquín Tornos— pertenecen a universidades catalanas. El resto de los catedráticos ejercen en Andalucía —Ana Carmona (Universidad de Sevilla) y José Antonio Montilla (Granada)—, el País Vasco (Alberto López Basaguren) y la Complutense de Madrid (Javier García Roca).
Estos juristas defienden la necesidad de abrir un “tiempo de reformas”, en el que de forma paulatina y sucesiva se pueda incorporar a la Constitución una “cláusula europea” en el que se aclare que la norma española es compatible con la normativa comunitaria; se suprima la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona o se reconozca la garantía de ciertos derechos sociales. Sin embargo, lo que consideran “urgente” y “prioritario” en este momento es la reforma que permita “construir un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación”.
Aunque los juristas no quieren “dar excesiva importancia al término”, reconocen que la reforma “deberá hacerse en la línea de los sistemas federales”. Los juristas plantea acabar con la doble condición de los Estatutos como “norma institucional básica” de la comunidad y, al mismo tiempo, ley orgánica que debe ser aprobada por las Cortes. “Sería conveniente configurar al Estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constitución”. Según este criterio, los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico.
Competencias blindadas
El escrito defiende remodelar por entero el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuyo carácter inconcreto ha terminado convirtiendo al Tribunal Constitucional en el árbitro de ese reparto. Los firmantes se inclinan por que la Constitución fije claramente las competencias del Estado y deje las autonómicas a lo que establezca cada Estatuto.La parte troncal del documento se centra en la necesidad de reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y en la Unión Europea. El papel del Senado debería cambiar radicalmente. El modelo preferido es del del Bundesrat alemán, cuyos miembros son designados por los Gobiernos de los länder. También se sugiere el modelo austríaco, donde los parlamentos regionales nombran a los parlamentarios de la Cámara alta.
Los académicos defienden que la Constitución incluya normas fundamentales sobre financiación autonómica. Estas deben conjugar criterios de solidaridad con la atribución de los recursos según las capacidades de ingreso de las regiones
Los firmantes reclaman a los partidos que emprendan el diálogo reformista que, según ellos, debería haberse iniciado en 2010 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una serie de artículos del Estatuto de Autonomía catalán de 2006.
Este diálogo, defienden, debe producirse en el Congreso y estar liderado por el Gobierno. “Se trata de buscar un nuevo marco de autogobierno que sea sometido a referéndum tanto en Cataluña como en el conjunto de España”, a través de la revisión del Estatuto de Autonomía y de la propia Constitución. Los redactores del documento rechazan la idea de que una reforma constitucional deba lograr un consenso similar al obtenido en su día en las Cortes constituyentes, donde votaron afirmativamente 325 de los 350 diputados. Los catedráticos recuerdan que las propias mayorías que recoge la Carta Magna —tres quintos o dos tercios de la Cámara, según los casos— “son las únicas mayorías vinculantes”.
Consulta en PDF el documento completo Ideas para una reforma de la Constitución:
https://issuu.com/elpaisnacional/docs/ideas_reforma_constitucion
Este documento ha sido elaborado por un grupo de profesores de Derecho Constitucionaly Derecho Administrativo que coincidimos en la preocupación por la seria crisis constitu-cional en que estamos inmersos, cuya manifestación más extrema -pero no la única- es lacrisis de Cataluña. Compartimos la visión sobre la necesidad de afrontar la reforma de laConstitución para ponerle remedio y sobre el camino que habría que seguir.- https://ep00.epimg.net/descargables/2017/11/21/075728595873163e7bcc364dea24c569.pdf
Cataluña y la Constitución
Es necesaria una reforma de la Ley Fundamental que reafirme la centralidad y fortaleza del Estado y el carácter nacional de ciertos territorios. El federalismo asimétrico conllevaría un Concierto económico en Cataluña similar al vasco
Si no existiera el problema de la secesión de Cataluña, la reforma de la Constitución no ocuparía la agenda de los asuntos políticos importantes. En cambio, ahora constituye el problema político más importante de España desde la muerte de Franco, y por fin lo ha visto el Partido Popular, que se ha unido a la iniciativa socialista. Razones, cuyo diagnóstico convendría analizar, llevaron a una buena parte de catalanes a pronunciarse por el derecho a decidir al margen de los cauces establecidos en la Constitución, contraponiendo, en una pirueta semántica, legitimidad a legalidad. El Gobierno, al no querer ver la evidencia durante estos últimos años, ha agrandado un problema que parece irresoluble: catalanes que no quieren seguir en España, pero que tampoco saben muy bien en qué va a consistir eso de la “independencia”; y catalanes, que quieren seguir siendo catalanes españoles, pero que no saben la forma de articular esa bipolaridad. Es como si unos jugadores hubiesen saltado a un estadio pensando, unos que iban a jugar al balonmano y otros al baloncesto, aunque en realidad el campo era para jugar al fútbol.Cualquier persona sensata tiene la sensación, antes de analizar causas o de proponer soluciones constitucionales, de que se encuentra ante un verdadero galimatías —oxímoron— en su doble acepción, o sea como lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase y confusión de ideas (lo de las “nacionalidades” del artículo 2 de la Constitución); o en sentido familiar como confusión, desorden, lío (Título VIII, la organización territorial del Estado, y su posterior desarrollo). Estamos, pues, en una situación en la que en nada se parece a aquella de los años en los que se afrontó, nada menos, que un cambio de régimen. Parece como si la madurez nos hubiese enloquecido y ahora quisiéramos hacer lo que entonces no quisimos —o no pudimos— hacer. Una especie de subconsciente colectivo, anclado en una historia manipulada o inexistente, nos empuja a los catalanes —y a todos los españoles— hacia un abismo del que tardaremos varias generaciones en salir y remontar. En la psiquiatría quizá encontraríamos herramientas adicionales, que no nos ofrecen ni la economía ni la política, para entender lo que nos pasa que, parafraseando a Ortega, podría resumirse en que no sabemos lo que nos pasa.
Hace 20 años, FAES me publicó un pequeño ensayo (nº 40 de Papeles de la Fundación) que se llamaba ‘Catalanismo y Constitución’. Después de más de cuatro lustros y en circunstancias muy diferentes tanto personal —entonces era diputado en el Congreso— como colectivamente —gobernaba el PP en minoría con el apoyo de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios— llegaría a las mismas conclusiones, que resumo:
1. Cataluña es una nacionalidad —cualidad de ser de una nación— según la Constitución española.
Al no querer ver la evidencia, el Gobierno ha agrandado un problema que parece irresoluble
3. La soberanía, según la Constitución, reside en el pueblo, en todo el pueblo español. Es indivisible e intransferible. En cambio, la autonomía de las regiones y nacionalidades puede ser tan amplia como se quiera, incluso con aquellas competencias exclusivas del Estado.
4. Me refería entonces a la “soberanía compartida”, que era la esgrimida en esos años, incompatible con la Unión Europea que se estaba construyendo. Cuatro años después se puso el euro en circulación y los estados perdieron la soberanía monetaria.
5. La lengua no ha sido en estos últimos años un elemento de división entre catalanes, por lo general y el bilingüismo operó con normalidad.
6. Una Constitución no debe sacralizarse, pero tampoco banalizarse. No debe confundirse su modificación con un cambio de régimen.
7. El patriotismo —y el nacionalismo— catalán pasa hoy —entonces y también ahora— por gobernar en España y no por la queja constante por la poca influencia que, tanto en España como en Europa, tiene Cataluña. Tan solo involucrándose seriamente en el gobierno del Estado podrá tener Cataluña un peso específico y autónomo en Europa y corregirse, por ejemplo, determinados desequilibrios.
Las leyes fundamentales no tienen nada de absolutas. Sirven mientras son útiles
No conozco ningún proceso nacional que haya llegado a la independencia como no fuese por la fuerza o por medio de un pacto. Y como el pacto no va a ser posible —pues por una de las partes solo hay imposición y no se razona acerca del descomunal perjuicio que a todos nos ocasionaría la secesión— habrá que recordar que por la fuerza casi mil muertos y decenas de miles de víctimas colaterales no consiguieron más que la degradación moral en el País Vasco para no conseguir nada que ya tuviesen colectivamente reconocido en la Constitución. ¿Es eso lo que queremos para Cataluña?
Las Constituciones no tienen nada de absolutas. Sirven mientras son útiles. De lo contrario hay que volver a cimentarlas. Karl R. Popper, tan citado por políticos liberales de titular y tan poco leída su obra científica, escribió en su Lógica de la investigación científica:“Por intenso que sea un sentimiento de convicción nunca podrá justificar un enunciado. La base empírica de la ciencia objetiva, pues, no tiene nada de absoluta; la ciencia no está cimentada sobre roca: por el contrario, podríamos decir que la atrevida estructura de sus teorías se eleva sobre un terreno pantanoso, es como un edificio levantado sobre pilotes. Estos se introducen desde arriba en la ciénaga, pero de ningún modo hasta alcanzar ningún basamento natural o dado, cuando interrumpimos nuestros intentos de introducirlos hasta un estrato más profundo, ello no se debe a que hayamos topado con terreno firme: paramos simplemente porque nos basta que tengan firmeza suficiente para soportar la estructura al menos por el momento”. Hoy, los pilares sobre los que se asienta nuestra Constitución carecen de esa solidez necesaria para construir una ciencia, mucho más una Nación, a la que se refiere Popper.
Jeremías Bentham, inspirador de la Constitución de 1812, decía: “Lo más que puede hacer el hombre más celoso del interés público, lo que es igual que decir el más virtuoso, es intentar que el interés público coincida con la mayor frecuencia posible con sus intereses privados”. En estos últimos años, en España y en Cataluña especialmente, lo hemos entendido al revés.
Jorge Trias Sagnier
https://elpais.com/elpais/2017/10/26/opinion/1509044546_406539.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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- La Constitución perpetua, por SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
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- DESCARGABLEConsulta el documento 'Ideas para una reforma de la Constitución'
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https://politica.elpais.com/politica/2017/11/20/actualidad/1511206935_296549.html
- http://brujulaeconomica.blogspot.com.es/2009/07/estados-federales.html
- http://articulosclaves.blogspot.com.es/2012/12/ensenanzas-del-federalismo-aleman.html?q=bundesrat
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