Lo sucedido esta última semana es un ejemplo de manual de dos de los riesgos que traen los gobiernos populistas. Por un lado, el intento de hacer política ignorando sus efectos económicos. Por otro, pretender que hay un solo pueblo con una sola voz, con el riesgo de fractura social. Me limitaré a analizar el primero.

A la hora de enfocar las relaciones entre economía y política el populismo acostumbra a caer en la utopía inversa al cosmopolitismo. En las décadas anteriores a la crisis financiera del 2008 el cosmopolitismo tecnocrático que influyó la filosofía político-económica de los gobiernos –tanto de los liberales como de los socialdemócratas– creyó que podía gobernar la economía sin tomar en consideración la política. Es decir, sin buscar el consentimiento de los ciudadanos. La idea de que los mercados globales significaban el final de la política fue demoledora para la demo­cracia.

El resultado de esa falacia fue la reacción social violenta que, en el caso de España, explotó el 15 de mayo del 2011. El populismo político surgido de ese malestar ha caído en la utopía inversa: la creencia de que es posible gobernar la política sin economía. Que todo es posible, que todo está por hacer, y que hacerlo sólo depende de la voluntad política.

Un buen ejemplo de esa utopía populista es la pretensión de los dirigentes políticos y los líderes civiles independentistas de acabar de raíz con todo lo existente y crear ex novo un nuevo Estado catalán.

La semana pasada esa política utópica se ha topado de bruces con el principio de realidad. Las consecuencias económicas han sido demoledoras. Confieso que esperaba esos efectos, pero me han sorprendido su intensidad y rapidez. La espoleta que activó todos los miedos fue la incertidumbre que proyectó la declaración del presidente Puigdemont. Esa incertidumbre es como una neblina que impide prever el futuro y obliga a las empresas a reaccionar, en ocasiones de forma exagerada. El hecho de que el mercado español sea determinante ha intensificado esos efectos.

Puedo entender que militantes y votantes –y, hasta si me apuran, los dirigentes de la CUP– sin familiaridad con el mundo de la empresa hayan desdeñado esos efectos. Pero ¿cómo entender que dirigentes políticos que han tenido o tienen responsabilidades en el área económica, y profesionales y académicos a los que se supone conocimiento empresarial hayan sostenido durante tantos años que no pasaría nada? Conocíamos la experiencia canadiense de Quebec. Y desde el mundo empresarial se lanzaron avisos. Pero se despreciaron con el argumento de que utilizaban el miedo para frenar el proceso.

Pero, aún más sorprendente, ¿cómo explicar que, a la vista de la evidencia de esta semana, sigan banalizando las consecuencias y sosteniendo que no serán importantes para el dinamismo económico y el bienestar social de los catalanes? Cualquiera con un mínimo conocimiento sobre la toma de decisiones empresariales sabe la importancia práctica que tiene el lugar donde están las sedes a la hora de decidir inversiones o seleccionar cargos directivos.

¿Lo ignoraban, mentían o fabulaban? Creo que han estado bajo la influencia de dos ilusiones. La primera, propia de todo populismo, es la creencia de que la política puede funcionar sin el consentimiento de los actores económicos. La segunda pertenece al campo de la psicología social: algunos dirigentes independentistas tienen un sentimiento de superioridad cultural y económica respecto del resto de España. Ese sentimiento está detrás de la arrogancia intelectual de pensar que se puede crear ex novo un Estado y hacerlo de forma unilateral. Es una ilusión, un wishfull thinking, que quizá esconda un sentimiento de decadencia y miedo al futuro.