El problema político más grave que España tiene planteado hoy es el mal llamado “problema catalán”. No ha surgido ahora con la emergencia de los populismos. Sus causas son remotas. Y no es una maldición histórica, sino un problema político. Es, en realidad, el “problema español” de la estructura territorial del Estado, es decir, de la distribución del poder, del reparto del poder. Se trata de resolver de una vez –¡y ya es tiempo!– de qué manera se organiza y reparte el poder en España: si se concentra en la capital del Estado, en manos de un núcleo político-financiero-funcionarial-mediático
consolidado y renovado a través de los siglos, o bien se organiza en red, distribuyéndolo entre las distintas comunidades —naciones culturales— que integran el Estado, utilizando los instrumentos técnico-jurídicos adecuados, que no son otros que los del federalismo. Y, por tratarse del problema político español por antonomasia, se plantea acuciante cada vez que España recupera la libertad; así, al proclamarse la Segunda República y al iniciarse la transición.

Hoy el problema pervive más agudo que nunca, después de un proceso de secesión tan largo y ominoso como el vivido en Catalunya. Por tanto, sin perjuicio de que el referéndum del 1-O llegue o no a celebrarse, se convocarán más pronto que tarde unas elecciones que definirán el escenario político catalán en estos o parecidos términos:

1. Por una parte, el poder político radicado en la Generalitat dejará de estar en manos de la burguesía mayoritariamente barcelonesa que lo ha ejercido –desde el puente de mando de CiU– a partir de la instauración del Estado autonómico, para pasar a manos de un grupo social distinto: la menestralía encuadrada preferentemente en Esquerra, que tiene una fuerte implantación en las comarcas catalanas. Es decir, algo semejante –aunque no idéntico– a lo sucedido en el Ayuntamiento de Barcelona con el acceso a la alcaldía de Ada Colau.

2. El problema español del reparto de poder seguirá subsistiendo, agravado, mientras no se afronte como lo que es: un problema político cuya única salida viable es un pacto fruto de un diálogo transaccional que se concrete en recíprocas concesiones.

Esta herramienta que es el “diálogo transaccional” debe utilizarse observando una regla no escrita pero que se desprende de la misma naturaleza de las cosas: la iniciativa debe partir siempre de quien tiene más fuerza. Lo que significa que, para resolver el “problema español”, la iniciativa habría de partir del Gobierno central con una propuesta. Y la propuesta debería concretarse sobre estos puntos u otros semejantes: a) reconocimiento de la singularidad de Catalunya, de sus derechos históricos como nación, como hace respecto al País Vasco la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978; b) competencias identitarias exclusivas (en lengua, enseñanza y cultura); c) fijación de un tope a la aportación al fondo de solidaridad (bien sea implantando el principio de ordinalidad, bien sea estableciendo un porcentaje) y Agencia Tributaria compartida; d) consulta a los catalanes sobre si aceptan o no estas reformas.

La contrapartida catalana, implícita en la aceptación por los catalanes mediante referéndum de la propuesta del Gobierno de España, sería el reconocimiento sin reservas ni excepciones del marco constitucional español (renuncia a la independencia y a la relación bilateral o confederal).

Dada la urgencia del empeño, quedaría fuera de esta transacción la imprescindible reforma del Se­nado para convertirlo en una cámara territorial que complete el desarrollo federal del Estado autonómico, dado que exige una reforma constitucional compleja y larga en el tiempo.