Mas y el tripartito....Infraestructures.cat y GISA segun el Mundo

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan si la manipulación de concursos públicos para beneficiar a empresas que pagaban comisiones a CDCestaba institucionalizada en Infraestructures.cat, el mayor licitador de obra pública de la Generalitat.

Hasta el momento, sólo el director general del organismo, Josep Antoni Rosell, está imputado en el caso Petrum tras ser detenido el pasado miércoles. Sin embargo, declaraciones aportadas a la investigación por trabajadores y ex trabajadores del ente público apuntan hacia una cadena de supuestos amaños en la que habrían participado más cargos de un organismo que, desde que llegara Artur Mas al Govern, ha adjudicado 380 millones de euros públicos en cuatro años. La investigación que lleva el juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) indaga sobre contratos adjudicados desde 2008 y hasta la actualidad y con la vista puesta en las grandes obras realizadas en Cataluña en los últimos años.

Los investigadores están sacando rendimiento de los detalles que trabajadores de Infraestructures.cat y GISA -antigua denominación del ente público- aportan al caso sobre posibles irregularidades. Tal y como avanzó EL MUNDO, la última colaboración de un informador interno llegó el pasado 21 de octubre, día en el que se realizaron los registros por el 3% en la sede central de CDC y en las oficinas del organismo público. De ellas la Guardia Civil se llevó más de 20 cajas con documentos.

Cuando los agentes registraban las instalaciones de Infraestructures.cat, un trabajador de la empresa pública se dirigió a ellos de forma espontánea. O, como lo definió uno de los investigadores, «perdió el miedo a hablar». En su declaración ante dos de los policías reveló que Josep Antoni Rosell daba instrucciones para modificar criterios técnicos en concursos públicos para «facilitar» que empresas concretas obtuvieran adjudicaciones. El trabajador, sin embargo, no limitó las órdenes para manipular los criterios al director general.

El técnico incluyó en su declaración al presidente de Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, a quien situó entre los supervisores que pedían modificaciones técnicas en los concursos. También a la Oficina Técnica de Evaluación, de la que depende el destino final de las adjudicaciones.El denunciante, a preguntas de los agentes de la Guardia Civil, confirmó además que desde la jefatura del departamento de Auditoría de Interna de la empresa se realizaban «correcciones»en los concursos públicos. Unos cambios que, presuntamente, facilitaban el camino para que las empresas constructoras del 3% obtuvieran adjudicaciones. Los «ajustes» técnicos, además, se basaban en cambios subjetivos. Es decir, que se puntuaban al alza elementos técnicos sin un criterio fijo del evaluador.

Por el momento, Rosell es el único alto cargo del Govern que está imputado en la causa junto a otras 11 personas entre empresarios y cargos de CDC, entre ellos su tesorero y su antecesor, Daniel Osàcar.

En libertad con cargos y con la prohibición de abandonar España, todas las fuentes consultadas por este diario consideran al gestor de infraestrucuturas como «un elemento clave» en la presunta trama de comisiones ilegales. La denuncia que aportó el trabajador el mismo día del registro podría ayudar también a estrechar el cerco en torno a otros cargos de la empresa pública. Su presidente, Joan Lluís Quer, se encuentra entre la decena de imputados en otra causa por la adjudicación de un contrato de más de 7,5 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la que tenía relación profesional.

La Fiscalía Anticorrupción centra gran parte de su investigación en torno a Infraestructures.cat en la adjudicación de grandes obras y cómo estas, presuntamente, acababan repercutiendo en CDC a través de comisiones del 3% o superiores. Sin que se haya levantado todavía el secreto del sumario del caso y se sepa con certeza qué contrataciones están bajo sospecha, lo cierto es que el volumen de trabajos adjudicados es gigantesco.

Entre los principales trabajos que Infraestructures.cat licita se cuentan la ampliación del metro de Barcelona, los alargamientos de las líneas de ferrocarril, la construcción y la reforma de carreteras y autovías... En los últimos cuatro ejercicios, el órgano ha promovido 1.761 contratos. Este verano, se calculaba que tenía 167 obras en marcha, valoradas en 2.540 millones de euros.

Las cifras y la dotación de los proyectos del ente son notables, aunque los informes de la Generalitat resaltan que la obra pública ha caído en picado. Se confirma si se compara, por ejemplo, con los encargos de hace casi una década. GISA ordenó reformas tasadas en 4.535 millones de euros en el bienio 2006-2007, según la Sindicatura de Comptes. La inversión de la Generalitat se ha visto contenida durante el mandato de Mas a causa de los recortes presupuestarios. El Govern afirma que el coste de las adjudicaciones se ha situado siempre por debajo a los de servicios y suministros.

Entre 2013 y 2014, las adjudicaciones de obras de las administración catalana subieron un 70%, según la Oficina de Supervisión y Avaluación de la Contratación Pública del Govern. El dispendio global de la Generalitat en infraestructuras pasó de 104,22 millones de euros a 177,21 millones. En el caso de Infraestructures.cat, la inversión creció de los 67,43 millones de euros abonados en 2013 a los 109,87 millones el año pasado.