Barcelona, muy a finales de los años cincuenta, en el colegio donde cursaba el bachillerato. El profesor de literatura me pregunta: “¿Sabes lo que es el fascismo?”. No acierto a decir nada. Él se responde a sí mismo: “Fascismo es clases medias cabreadas”. Años después, al leer sobre los conflictos de los años treinta en la Europa azotada por los efectos de la crisis financiera de 1929, comprendí el alcance y la exactitud de la definición de mi viejo maestro. Buena parte de las clases medias europeas empobrecidas de aquella época se refugiaron en el fascismo. Lo que coincide con la observación de Hannah Arendt acerca de que casi todos los líderes derechistas de la época coquetearon con el fascismo excepto el general De Gaulle, quien era tan y tan antiguo, que resultó inmune a este contagio.
Poco tiempo después de estallar la crisis del 2008, escuché decir al profesor Costas que el gran interrogante que plantea toda crisis es quién paga sus costes. Pronto quedó claro que los costes los iban a pagar las clases medias y populares en forma de devaluación interna (bajada de salarios y reducción de las prestaciones del Estado de bienestar). Lo que ha provocado la indignación de los afectados, al sentirse excluidos de un sistema que, además, cada día que pasa alcanza cotas mayores de desigualdad y corrupción. Ante esta situación crítica, los afectados –los no instalados– no han hecho profesión de fe en ninguna ideología totalitaria con vocación redentora y revolucionaria (fascismo y comunismo), a diferencia de lo que sí hicieron las clases medias y populares de los años treinta, más crédulas y gregarias. Los indignados de hoy han optado por utilizar en defensa de sus intereses los instrumentos que les brinda el sistema, acudir a las urnas y votar; lo que constituye un hecho absolutamente positivo, que todos –comenzando por los instalados– deberíamos celebrar, pues en él se halla la clave de la subsistencia del mismo sistema. Cuestión distinta es a quien votan. Y ahí las diferencias nacionales son grandes, ya que lo hacen según la pulsión profunda del país al que pertenecen. Así, en Francia, país profundamente conservador, las clases medias cabreadas votan al Frente Nacional; mientras que en España, país radicalmente anarcoide, las clases medias cabreadas apuestan por una opción de izquierda radical indefinida, con líderes sobrevenidos e improvisados, tal como si fuesen surfistas encaramados a la cima de una ola que ellos no han provocado.
España fue, junto con Rusia, el país donde arraigó más el anarquismo. Este ideario penetró por Cádiz y Barcelona, siendo luego Andalucía y Catalunya las regiones más agitadas por huelgas y atentados, que solían producirse en ambas simultáneamente. El núcleo del pensamiento anarquista es muy claro: uno, el hombre, bueno por naturaleza, ha sido pervertido por las estructuras. Dos, el hombre es social y se realiza mediante la cooperación (la sociedad es natural; el Estado, no). Tres, las instituciones sociales vigentes, la autoridad y el derecho son instrumentos artificiales de explotación. Cuatro, todo cambio social debe tener su último impulso legitimador en la masa. La encarnación de este ideario en proyectos concretos y, más aún, en actitudes políticas, dio lugar a múltiples formas de anarquismo –del violento al sindical– que, desde mediados del siglo XIX hasta el final de la Guerra Civil, tuvieron un protagonismo destacado en la historia española.
Este protagonismo fue muy notorio en Catalunya. Tanto por lo que hace a la vertiente electoral (durante la Segunda República, cuando los anarquistas –la CNT– votaban, ganaba la izquierda, y cuando se abstenían, ganaba la derecha), como por lo que respecta al campo de la violencia revolucionaria. No en vano Barcelona fue conocida como la ciudad de las bombas (atentados al general Martínez Campos, del Liceu, de la procesión del Corpus…), y el Alt Llobregat fue escenario de una insurrección en toda regla contra el gobierno de la República (iniciada en la colonia minera de Sant Corneli, en Fígols –donde se proclamó el comunismo libertario–, se extendió a Berga, Sallent, Cardona, Balsareny, Navarcles y Súria).
Si sostengo que la pulsión profunda de los indignados españoles es anarcoide más que totalitaria, es porque creo que el esquema ideológico del anarquismo –dibujado por los cuatro puntos antes transcritos– se acomoda mejor al talante profundo de los españoles, individualista y refractario a toda autoridad. Y si prefiero el vocablo anarcoide al término anarquista es por considerar que esta palabra, quiérase o no, está marcada por la fuerte tradición violenta que fue consustancial a una parte significativa del movimiento. Anarcoide, pues, en dicho sentido, y no comunista, como se complace en reiterar, con insistencia y aplicación dignas de mejor causa, el portavoz parlamentario popular. Lo que no exime a los indignados de la necesidad urgente de concretar su laudable aspiración de libertad, igualdad y solidaridad en términos que sean posibles en este mundo de realidades.