Firmas falsas, dinero gastado en comedores que no existen, pupitres nunca entregados y que se pagaron a 1.301 euros la unidad, muebles cuya recepción aparece firmada en el colegio a mediados de agosto, con todo el personal de vacaciones... Estas irregularidades aparecen descritas en el informe que el Principado cerró el 2 de febrero, tras revisar facturas del último año y medio de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero al frente de la Consejería de Educación. La auditoría detecta un fraude que afecta a entre el 40% y el 50% de los trabajos abonados a Igrafo y APSA. En total, denuncia cuatro millones de euros supuestamente detraídos de los fondos que 87 centros educativos de toda la región tenían asignados para mejorar la enseñanza de sus alumnos.
La Administración regional presentó el trabajo ante la Audiencia Provincial «en orden a reintegrar en el erario público las cantidades presuntamente defraudadas». Su idea era que formara parte del juicio del 'caso Renedo', iniciado el pasado lunes. Los jueces, sin embargo, rechazaron los documentos, al considerar que llegaban tarde, en la antesala de las vistas orales. Asumirlo sin más podría generar «indefensión» en los acusados.
La decisión obliga ahora a abrir una nueva causa para tirar del hilo, cosa que hizo la Fiscalía el mismo lunes. Una de sus primeras obligaciones será determinar si a estas alturas de la película los indicios de un fraude y falsificación supuestamente cometidos en 2009 y 2010 no están ya prescritos, como temen los abogados y la oposición. La mayor bolsa de fraude descubierto en el 'caso Renedo' corre así riesgo de terminar penalmente en nada, pero su hallazgo desnuda a las claras un 'modus operandi' que dejó en Gijón su mayor rastro.
El municipios suma 18 centros afectados, la mayor concentración de la región. La denuncia del Principado apunta a que la trama habría desviado aquí, sólo desde febrero de 2009 hasta junio de 2010, un total de 1.074.719 euros de los colegios, institutos, conservatorios y escuelas de educación infantil gijoneses. Esto es, un supuesto fraude que avanzaba a razón de 63.200 euros al mes evaporados en miles de pupitres, sillas, pizarras, armarios y materiales que ahora no aparecen donde se supone fueron entregados.
Padre Feijoo, el más dañado
El Instituto de Educación Secundaria (IES) Padre Feijoo sería el mayor perjudicado. Los expedientes de contratación autorizados por Iglesias Riopedre, conformados por Otero y propuestos por su subordinada C. C. llevaron a Igrafo y APSA 271.735 euros por materiales que la directora del centro no localiza ahora por ningún lado. La principal factura agotó 175.819 euros del erario a cambio de unas obras de remodelación que, según el expediente que quedó en la consejería, concluyeron con un acta de recepción y conformidad firmado el 11 de diciembre de 2009 por el director de entonces.
Esa era la realidad que mostraban los papeles en la consejería. Para comprobar su veracidad, Educación entregó en julio del año pasado la documentación a la actual directora, quien, para cotejar su realidad, se reunió con su predecesor. Entre los dos hicieron «un recuento detallado de las obras realizadas en ese tiempo, que fueron varias, la mayoría de ellas pagadas desde el instituto», no desde la cuenta de la consejería. Preocupado con la magnitud de la irregularidad, el exdirector acudió a la sede de la consejería y pidió ver el expediente original: «De esa entrevista pudo determinar que en el expediente original la firma y el sello que aparecen son una simple fotocopia de otras cuyo origen no se puede determinar».
«De la máxima gravedad»
En el acta con la que cerró la comprobación, la actual directora no puede reprimir su enfado: «Consideramos el asunto de la máxima gravedad por la presunción de que se ha incurrido en falsificación de firmas para malversación de fondos».
El memorial de errores incluye al Colegio Público Jovellanos. A finales de 2009, Educación pagó a APSA 10.171 euros para dotar al centro de 26 mesas de lectura y comedor infantil, 66 sillas infantiles y 90 más de otro modelo. Según el expediente que tramitó el equipo de Otero, había sido el propio centro gijonés el que cursó la petición de material a su departamento. «Resulta llamativo la fecha de notificación de la petición que figura como 18 de agosto de 2009, porque el colegio estaba cerrado» -advierte en su informe de respuesta el director del centro y edil de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo- «entendemos que en todo caso esa notificación pueda referirse a la fecha en la que la consejería hizo la petición».
«Significar que en ese año no había comedor escolar en el Jovellanos», aclara el director. En 2011, el centro se fusionó con el Cabrales, pero allí tampoco había espacio para alimentar a los alumnos. Suárez del Fueyo ofrece como hipótesis que «con ese nombre se esté refiriendo a otro mobiliario», reconoce que en aquella época sí se recibieron muebles para Infantil y Primaria, pero «en ningún caso ni 66 ni 90 unidades». Al analizar otra factura del inexistente comedor, el edil abunda en la tesis del descuadre contable, exponiendo que en fechas posteriores al recibo «se ampliaron dos unidades, una de Infantil y otra de Primaria, que fueron amueblados completamente». Los recibos de estos enseres no están entre los que la consejería le entregó.
Los abogados de Otero, Igrafo y APSA van a basar su defensa en estas discordancias. Según su versión, por motivos presupuestarios en ocasiones se pedía a las empresas que llevaran con urgencia muebles a un centro, y luego se les pagaba encubriendo el gasto en la factura de otro para el que sí quedaban fondos.
El director del Jovellanos se mostró comedido a la hora de analizar los albaranes de entrega. Uno de ellos, destaca, está firmado por el conserje. «Ni la directora del Cabrales, ni yo como director del Jovellanos en aquel momento, ni el secretario, ni el conserje que aparecemos como receptores somos conscientes de haber firmado ningún acta de recepción», se limita a exponer.
«Nunca trabajamos así»
Más críticos son en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramón de Campoamor, creado en el curso 1977/1978 y que en verano de 2009 fue derruido para su reconstrucción. «Las instalaciones de comedor fueron demolidas y dicho servicio se prestó en el Colegio Público Los Campos», aclara la directora, motivo por el cual «no se ha recibido ni solicitado mobiliario de comedor como refleja la factura» pagada por la consejería. «La relación de suministros no se corresponde con un centro de línea 1 (de un sólo aula por nivel) y se relatan algunos que son para centros de enseñanzas medias», añade la funcionaria. La directora cree que los albaranes de entrega tienen «muy poca credibilidad cuando se puede observar» que en la parte reservada a la firma del receptor «hay un corta y pega con superposición de dos nombres y sellos de centro». La contestación concluye de forma concluyente: «Nuestro centro nunca ha trabajado así».
http://www.elcomercio.es/gijon/201604/10/educacion-pago-miles-mesas-20160410015612-v.html
El instituto Rosario Acuña figura en el informe con un daño atribuido de 52.984 euros, dinero que la consejería abonó en teoría para que los alumnos dispusieran de 31 unidades de «pupitre consola unipersonal», 22 ratones inalámbricos, y 21 cámaras de alta resolución. «No consta en absoluto la recepción de esos suministros», replica el director. El profesor al cargo de nuevas tecnologías confirma «rotundamente que no se ha recibido en el centro ni los 22 ratones inalámbricos» ni las 21 cámaras y «pone en duda el acta de recepción donde figura su firma». La auditoría aclara un detalle: en los albaranes que pone en duda, el sello del centro tiene entre 23 y 24 milímetros de diámetro, cuando el verdadero es de 26. «De todas formas lo que más nos sorprende es el elevado precio unitario», declara. A su juicio, el pupitre unipersonal cuesta normalmente entre 50 y 60 euros, cuando Educación los pagó aquí a 1.301 la unidad. «Los ratones inalámbricos no llegan a 20 euros», y la Administración no sólo no los entregó, si no que además abonó 193 euros por cada uno de ellos.