El periodista Enric Prat de la Riba es menos conocido que el que puso los cimientos de muchas de las transformaciones que cambiaron Catalunya ahora hace poco más de un siglo. Antes de ser el primer presidente de la Mancomunitat (1914), un joven Prat de la Riba escribió cientos de artículos que dibujan su pensamiento catalanista, que consistía básicamente en hacer las cosas bien, pensar en el futuro y encontrar, desde la nación catalana, una forma racional y efectiva de entenderse con España.
En una selección de sus artículos publicados mayoritariamente en La Veu de Catalu­nya y editados por la Biblioteca de la Lliga Catalana en 1934, un libro que me facilitó el librero y bibliófilo Josep Maria Marca, se detectan situaciones similares a las de hoy en las que Prat reflexiona sobre las salidas al entonces y ahora conflicto latente entre las visiones contrapuestas que se tienen sobre España desde Madrid o desde Barcelona.
En un artículo publicado el 3 de abril de 1899, un año después de la pérdida de Cuba, Prat advierte que “guárdese el gobierno de sacrificar a un interés político del momento el cumplimiento de sus promesas descentralizadoras, guárdese de regatear concesiones autonómicas y guárdese también de falsearlas si no quiere ser responsable de otra catástrofe”.
Prat escribe de forma sobria pero muy clara. Razona y se pone en la piel de los atribulados gobiernos alternantes de aquella Restauración que intentaba curar las heridas de un siglo desastroso. Tenía 29 años y ya era un activista pragmático, ordenado y lúcido.
En el mismo artículo dice que los catalanes no serán separatistas mientras Catalu­nya se encuentre bien dentro de España, mientras encuentre buen gobierno y recta administración, mientras pueda desarrollar sus proyectos sin trabas que la neutralicen, sin recelos y desconfianzas que la ofendan, sin inspecciones y tutelas que la humillen.
Han transcurrido 120 años y las palabras de Prat de la Riba tienen vigencia. Catalu­nya, dice, tiene muy desarrollado el sentido social y sabe apreciar tanto como cualquier otro pueblo las ventajas de vivir en sociedad con otros pueblos.
Termina el citado artículo con esta ­afirmación: “Las tempestades separatistas de las que habla la prensa de Madrid no existen, pero el gobierno tiene en sus manos el provo­carlas; que sigan las tradiciones
de la vieja política española y cuando querrán detenerlas ya no estarán a tiempo”.
En otra nota publicada el 3 de noviembre de 1909 habla de la “semana roja” refiriéndose a la Setmana Tràgica, que se saldó con una violencia revolucionaria en Barcelona. Que no olvidemos, dice, la triste experiencia, porque el mayor enemigo de Catalunya, de su prosperidad, de su futuro, de su grandeza, es el radicalismo.
Todos los movimientos del catalanismo político, desde las Bases de Manresa(1892) hasta la fugaz ruptura unilateral que se juzga estos días en el Tribunal Supremo, se produjeron en el marco de la lógica política española. Así ocurrió con la declaración de la República en 1931, el Sis d’Octubre de Lluís Companys en 1934 y todas las reivindicaciones de Pujol a lo largo de sus 23 años en la Generalitat. El Estatut del 2006 también se situaba en el marco de las instituciones españolas, como demostró la sentencia del Tribunal Constitucional que pasó la garlopa –Alfonso Guerra dixit– por muchos ­artículos que habían sido aprobados siguiendo todos los requisitos previstos por las leyes, incluido el ­referéndum en Catalunya. Aquella sentencia no se entendió por considerarla injusta y a destiempo, y empezó a producirse la desafección de la que en su momento advirtió el president José Montilla.
Se abrió el camino hacia la independencia. Primero Artur Mas de manera elíptica, insegura, de la mano de la CUP, que lo envió al basurero de la historia. Y luego Carles Puigdemont de forma clara y sin complejos. La declaración unilateral fue una irresponsabilidad porque se sabía que el Estado no la aceptaría y también que no sería reconocida por la comunidad internacional. En cinco años, como recuerda Duran Lleida en sus memorias, se optó por la ruptura sin valorar las consecuencias.
Publicado en La Vanguardia el 13 de marzo de 2019