OURRIÓ POCO DESPUÉS del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando la mayoría separatista del Parlament derogó de facto el estatuto catalán sin tener legitimidad para hacerlo, violó por enésima vez la Constitución y, rebelándose contra el Estado democrático, colocó a Cataluña en la senda correcta del enfrentamiento civil y la ruina económica. Un día me llamó por teléfono la veterana corresponsal en España de uno de los más importantes semanarios europeos y me pidió que escribiera un artículo sobre lo que estaba pasando en Cataluña. Le contesté que no podía porque estaba enfrascado en una novela. “Mira”, replicó la periodista. “Hace poco yo estaba de vacaciones y mi revista mandó a Cataluña a un compañero que no sabe nada ni de Cataluña ni de España, y que no habla español. Intentó hablar con el Gobierno de Rajoy, pero nadie quiso hablar con él; en cambio, habló con Puigdemont, con Junqueras, con Romeva y con no sé quién más. Te puedes imaginar el reportaje que publicamos”. Hizo una pausa y concluyó: “U os ponéis todos las pilas, o los mentirosos se van a salir con la suya, como en el Brexit. Tú verás”.

Me puse las pilas. No lo hice sólo porque me parezca una mala idea que Cataluña se separe de España, ni siquiera porque el Gobierno catalán estuviera intentando arrebatarnos a la brava derechos fundamentales —empezando por el fundamental: el derecho de ciudadanía—, sino por respeto a la verdad. Así que durante los dos meses de pesadilla que siguieron abandoné mi novela y me dediqué en exclusiva a escribir en publicaciones extranjeras y a contestar preguntas de periodistas de todo el mundo, ocupado día y noche en desmentir las trolas que el separatismo estaba difundiendo con gran éxito, con el dinero de todos los catalanes y la ayuda inestimable de Vladímir Putin: que Franco no había muerto, que España no era una democracia, que esto era una lucha entre Cataluña y España porque todos o casi todos los catalanes estaban a favor de la secesión, que España roba a Cataluña, que la cultura catalana está oprimida y la lengua catalana perseguida, que el referéndum del 1 de octubre fue un referéndum de verdad y que al día siguiente los hospitales catalanes estaban colapsados de heridos, que Cataluña había sido independiente hasta 1714, y la Guerra Civil, una guerra entre Cataluña y España, etcétera, etcétera. Por supuesto, los corresponsales extranjeros en España sabían que todo eso eran trolas y, salvo los que decidieron que salía más a cuenta difundir una mentira romántica y redonda que una verdad compleja y prosaica porque es más fácil contarla y vende más, no las contaron. Pero puedo asegurarles que un periodista recién llegado de Suecia o de Canadá, que no sabe ni español ni catalán y apenas ha tenido tiempo de documentarse, se traga eso y muchísimo más, y se lo cuenta tal cual a sus lectores. ¿Qué hacía a todo esto el Gobierno español? La respuesta es fácil: nada. Integrado por funcionarios camastrones, el Gobierno creyó obtusamente que para superar la crisis catalana le bastaba con tener de su lado a Obama, Merkel y Juncker, y fue incapaz de entender que, hoy día, los medios de comunicación no sólo reflejan la realidad, la crean, y que sin ellos cualquier batalla está perdida. Una vez pasados ya aquellos días aciagos, le recriminé a un diplomático español la pasividad de su cuerpo y del Estado en general.“Verás”, se disculpó. “Es que si nosotros, que somos arte y parte, contamos lo que pasa, nadie nos cree; en cambio vosotros, los ciudadanos de a pie, tenéis más autoridad”. O sea que, mientras el Gobierno catalán gastaba millones en contar mentiras, el español ni siquiera gastaba tiempo en desmentirlas y delegaba en el primer indocumentado al que los periodistas ponían delante un micrófono. Como el menda. Demencial, pero cierto.

Ahora, con ocasión del juicio a los líderes separatistas y la nueva campaña propagandística de la Generalitat, parece que el Gobierno de Pedro Sánchez se pondrá las pilas. Aleluya. Yo les rogaría que no vendan las bondades de España, ni de la democracia o la justicia españolas: que se limiten a defender los derechos de todos y a contar la verdad.