TV-3 reconoce por primera vez que la declaración de independencia fue 'fake'
Un reportaje emitido en el Telenotícies Migdia de este domingo sostiene que se trató de una "declaración de intenciones"
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190218/tv3-fake-dui-7310404?utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR0bP82eMyjZYAuqa2sbZ593IRLobE9z-2sidoWiqUxbYDMi7WkPhRe6Irw
Los informativos de TV-3 han cambiado el modo de referirse a la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017. Por primera vez, en el Telenotícies de este pasado domingo se ha planteado abiertamente que esa declaración no fue efectiva sino que se trató de una declaración de intenciones simplemente simbólica y que no fue publicado en los boletines oficiales. Una óptica que coincide con la línea de defensa planteada la semana pasado por el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn durante el juicio ante el Supremo, en que aseguró que "la independencia no se declaró".
Así, el Telenotícies de este domingo al mediodía ha emitido un reportaje en que, entre otros testimonios, se escuchan las declaraciones ante el juez de Carme Forcadell, que señaló: "Es una declaración política simbólica, señoría. No se inició ningún trámite parlamentario porque como usted ha dicho no se registró ni se votó". Asimismo, se recoge una afirmación de la líder de ERC Marta Rovira, en que afirmó: "Efectos no podía tener, porque sabíamos cual era el contexto político que estaba encima de la mesa".
Declaraciones de un exletrado
¿Fue simbólica la declaración? ¿Se llegó a votar realmente? A esas preguntas responde el periodista Josep Maria Martí Rigau, un cronista con gran experiencia política, que señala que "aquel día en el Parlament de Catalunya todo estaba preparándose para no hacerse daño. En el fondo, había miedo".
La voz en off de la noticia destaca que lo que se votara fuera "una propuesta de resolución" hace que la declaración no tuviera cargo de ley si no que fuera una "declaración de intenciones".
El reportaje incluye declaraciones de Francesc Pau, exletrado del Parlament, que sostiene: "Los parlamentos aprueban leyes que tienen efectos jurídicos y resoluciones que no tienen ningún tipo de efectos jurídicos. El parlamento manifiesta una opinión. No va más allá".
Se votó otra cosa
El periodista destaca que, aunque Forcadell lee en el hemiciclo la declaración de independencia, ella misma deja claro que la parte que se votará es otra. También se pone de relieve el hecho de que el secretario general y el letrado de que se vayan del pleno en el momento de la votación, así como que no esa declaración no se publique en el boletín oficial del Parlament. Durante el juicio, el fiscal Javier Moreno se equivocó en su alegato en las cuestiones previas señalando que la declaración se publicó en el boletín oficial de la Generalitat.
El pasado 26 de octubre, EL PERIÓDICO publicó un reportaje de investigación en que detallaba como se gestó la 'fake DUI'. Así, en la reunión de la Mesa del día 27 se dejó claro que solo era "objeto de votación y aprobación", y por tanto de obligatorio cumplimiento, la parte dispositiva, no el preámbulo, y que la resolución no tenía "efectos jurídicos". La Mesa quiso dejar constancia escrita también de que no se sometería a votación el preámbulo, que incluía propiamente la declaración de independencia.
El otro truco fue el propio formato del texto. Se votó una propuesta de resolución, que en la dinámica parlamentaria no es más que un documento que insta al Govern a tomar una serie de decisiones. Ni fue una declaración institucional ni una proposición con rango de ley. Y a lo que aquel texto emplazaba al Ejecutivo era a aprobar todos los decretos y resoluciones necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que creaba un nuevo marco legal catalán-, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.
---------Ponsatí reconoce que estaban "jugando al póker" y que iban de "farol"
La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat ha realizado una dura autocrítica de la gestión del Govern tras la fecha del 1 de octubre
Si no la hubiesen declarado, no hubiesen marchado las empresas, porque los empresarios, con lentes o sin lentes vieron lo que paso por la TV.
-
-En el jucio Turull , expone que entre obedecer al TC o al pueblo de Catalunya, eligieron obedecer al pueblo de Catalunya. Porque ellos se consideran representantes del pueblo de Catalunya, y a quien deben obediencia, es a los catalanes. Mientras que para la fiscalía, sólo son delegados del Estado en Catalunya y, a quien deben obediencia es al Estado.
-Ademas comenta, en ningún momento se impugnó el programa electoral ni el programa de gobierno. Por lo que si pensaban que el pueblo de Catalunya no tiene derecho a ordenar a sus representantes que inicien un proceso hacia la independencia, no debería de haber dejado que constara en el programa electoral.
Nadie hizo nada...
Los Mossos no ignoraron las órdenes judiciales; las ejecutaron procurando, eso sí, no poner en peligro la convivencia. El Govern no habilitó locales públicos, ni encargó sobres, papeletas o urnas, ni malversó recursos públicos, ni publicitó el referéndum ilegal del 1-O; se limitó a pedir diálogo al Estado y, ante su ausencia, a "dar la voz al pueblo". Y el Parlament tampoco proclamó la independencia el 27 de octubre; solo expresó "el sentimiento legítimo de la sociedad catalana" mediante "una mera declaración política".
Aconsejados por sus letrados, Joaquim Forn y Jordi Turull, los procesados que han respondido las preguntas de la fiscalía en el juicio del Tribunal Supremo, han acotado el alcance real de los hechos que se les imputan a fin de probar su inocencia. Esto es: más allá de las proclamas políticas, ni la Generalitat organizó fácticamente el referéndum del 1-O, que como la consulta del 9-N habría sido obra de los voluntarios, ni la Cámara catalana votó la declaración unilateral de independencia (DUI), sino que manifestó un anhelo, el de constituir una república, que ni siquiera adquirió carácter oficial al no llegar a publicarse en publicación institucional alguna.
Nadie hizo nada, salvo desoír ("ponderar", en expresión de Turull) los mandatos del Tribunal Constitucional para detener la votación del 1-O. Lo que les expondría, todo lo más, a una condena por desobediencia, delito castigado con penas de inhabilitación para ostentar cargo público, pero no de prisión.
De ser cierto, y algunos datos así lo indican, las fuerzas independentistas y sus pregoneros deberían dejar de arrogarse el supuesto "mandato democrático" del 1-O y dar muchas explicaciones a los dos millones de catalanes a los que habrían, en condicional, tomado el pelo.
-
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190219/articulo-enric-hernandez-nadie-hizo-nada-1-o-7312748?utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR3X9UmqZOKQqs8_fJaksefGgnR2kW-GXKVkPpVtvmoN5S1oqAMUBPHJT9E
Entre los 25 miembros de este comité de observadores hay siete juristas vinculados a universidades catalanas: Teresa Freixes, catedrática de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona (UB); Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de derecho penal de la Rovira i Virgili (Tarragona); Manuel Cachón Cadenas, catedrático de derecho procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); Santiago Ripol Carulla, catedrático de derecho internacional público de la Pompeu Fabra; Rafael Arenas García, catedrático de derecho internacional privado de la UAB; Helena Tarroja Mateu, profesora de derecho internacional de la UB; y Chantal Moll de Alba, profesora de de derecho civil de la UB.
Como coordinador del comité está el abogado Alfonso Valero, exprofesor de arbitraje de la Universidad de Nottingham Trent.
El comité realizará una evaluación final y diversos informes. Indican que estos trabajos se basarán en el principio de competencia técnica, que se elaborarán con “imparcialidad” y “no serán de naturaleza política”. Insisten en que no siguen instrucciones de ningún partido político.
Todos los miembros del comité forman parte del llamado Foro de Profesores, una red integrada por más de 200 catedráticos y profesores universitarios de derecho.
Evidentemente, los miembros del comité no estarán presentes en la sala del Tribunal Supremo donde se sigue el juicio contra Oriol Junqueras y los otros once acusados por el referéndum independentista catalán. El tribunal no autorizó la presencia de observadores en la sala, aunque las sesiones pueden seguirse por streaming a través de Internet. Cualquier ciudadano puede ser observador del juicio.
Grupos de juristas que defienden las tesis de los acusados también han anunciado que elaboraran informes del juicio.
- Nadie hizo nada...
Los Mossos no ignoraron las órdenes judiciales; las ejecutaron procurando, eso sí, no poner en peligro la convivencia. El Govern no habilitó locales públicos, ni encargó sobres, papeletas o urnas, ni malversó recursos públicos, ni publicitó el referéndum ilegal del 1-O; se limitó a pedir diálogo al Estado y, ante su ausencia, a "dar la voz al pueblo". Y el Parlament tampoco proclamó la independencia el 27 de octubre; solo expresó "el sentimiento legítimo de la sociedad catalana" mediante "una mera declaración política".
Aconsejados por sus letrados, Joaquim Forn y Jordi Turull, los procesados que han respondido las preguntas de la fiscalía en el juicio del Tribunal Supremo, han acotado el alcance real de los hechos que se les imputan a fin de probar su inocencia. Esto es: más allá de las proclamas políticas, ni la Generalitat organizó fácticamente el referéndum del 1-O, que como la consulta del 9-N habría sido obra de los voluntarios, ni la Cámara catalana votó la declaración unilateral de independencia (DUI), sino que manifestó un anhelo, el de constituir una república, que ni siquiera adquirió carácter oficial al no llegar a publicarse en publicación institucional alguna.
Nadie hizo nada, salvo desoír ("ponderar", en expresión de Turull) los mandatos del Tribunal Constitucional para detener la votación del 1-O. Lo que les expondría, todo lo más, a una condena por desobediencia, delito castigado con penas de inhabilitación para ostentar cargo público, pero no de prisión.
TOMADURA DE PELO
Si estos procesados no faltan a la verdad en defensa propia, estarían desenmascarando una fenomenal representación político-mediática destinada a escenificar primero un "referéndum vinculante" --así lo publicitó Carles Puigdemont-- e impostar luego una DUI no ya a sabiendas de que era papel mojado, sino procurando que así fuera para minimizar sus efectos penales.De ser cierto, y algunos datos así lo indican, las fuerzas independentistas y sus pregoneros deberían dejar de arrogarse el supuesto "mandato democrático" del 1-O y dar muchas explicaciones a los dos millones de catalanes a los que habrían, en condicional, tomado el pelo.
-
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190219/articulo-enric-hernandez-nadie-hizo-nada-1-o-7312748?utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR3X9UmqZOKQqs8_fJaksefGgnR2kW-GXKVkPpVtvmoN5S1oqAMUBPHJT9E
Un grupo de catedráticos combate la propaganda soberanista del juicio
Un comité formado por 25 juristas de prestigio, en su mayor parte catedráticos de derecho, actúa como observador del juicio del ‘procés’. Todos estos especialistas tienen en común su “compromiso con la unidad de España, el respeto al Estado de derecho, la Constitución española y la democracia”.Entre los 25 miembros de este comité de observadores hay siete juristas vinculados a universidades catalanas: Teresa Freixes, catedrática de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona (UB); Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de derecho penal de la Rovira i Virgili (Tarragona); Manuel Cachón Cadenas, catedrático de derecho procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); Santiago Ripol Carulla, catedrático de derecho internacional público de la Pompeu Fabra; Rafael Arenas García, catedrático de derecho internacional privado de la UAB; Helena Tarroja Mateu, profesora de derecho internacional de la UB; y Chantal Moll de Alba, profesora de de derecho civil de la UB.
Como coordinador del comité está el abogado Alfonso Valero, exprofesor de arbitraje de la Universidad de Nottingham Trent.
Contrarrestar a la campaña de los abogados independentistas
Mediante un comunicado, estos juristas indican que han constituido un comité para observar el juicio del ‘procés’ porque “es una evidencia que ya antes de su inicio estaba en marcha una potente campaña de propaganda para desacreditar a la justicia y a la democracia española”.El comité realizará una evaluación final y diversos informes. Indican que estos trabajos se basarán en el principio de competencia técnica, que se elaborarán con “imparcialidad” y “no serán de naturaleza política”. Insisten en que no siguen instrucciones de ningún partido político.
Todos los miembros del comité forman parte del llamado Foro de Profesores, una red integrada por más de 200 catedráticos y profesores universitarios de derecho.
Evidentemente, los miembros del comité no estarán presentes en la sala del Tribunal Supremo donde se sigue el juicio contra Oriol Junqueras y los otros once acusados por el referéndum independentista catalán. El tribunal no autorizó la presencia de observadores en la sala, aunque las sesiones pueden seguirse por streaming a través de Internet. Cualquier ciudadano puede ser observador del juicio.
Grupos de juristas que defienden las tesis de los acusados también han anunciado que elaboraran informes del juicio.
https://politica.e-noticies.es/clara-ponsati-se-siente-estafada-con-el-proces-118316.html?fbclid=IwAR0L1kRvh4sO30BTQhuccpa-axJ6Es3oeyi1TGrI1HnxAQFUyTpElHPiBeI