Hay quien se opone a culminar el Estado autonómico en un modelo federal y no se da cuenta de que estamos cayendo en una especie de “bilateralismo confederal” que genera desigualdades y desbarajustes

Siempre que la democracia se ha abierto camino en España ha tendido a fórmulas federalizantes de organización del Estado, mientras que con las dictaduras se ha impuesto el centralismo más estrecho. Aparte de la malograda I República federal, desquiciada por propios y extraños, la Constitución de la II República, a pesar de su definición como “Estado integral” —no iba a decir Estado “desintegrado”—, estableció la autonomía de municipios y regiones. Autonomía que se plasmó en los estatutos de Cataluña, el País Vasco y los non natos de Galicia y Andalucía debido al inicio de la Guerra Civil. Es probable que hubieran surgido otros —hubo un proyecto para Extremadura— si la República hubiera sobrevivido. En el fondo, el federalismo es la forma más natural de nuestro Estado, pues somos un país plural en su unidad con lenguas, culturas, derechos e instituciones diversas dentro de una historia común. Tan común que cuando en España hay democracia o dictadura, monarquía o república, la hay en todos los territorios, por mucho que se empeñen algunos en fantasías secesionistas. Incluso cuando se ha pretendido una vida aparte aprovechando el final de las guerras europeas, tanto en la I como en la II, el envite no encontró el más mínimo eco en las potencias decisoras.
En la Constitución de 1978, con la forma estatal de Monarquía parlamentaria, acordamos lo que se ha llamado el Estado de las autonomías, con nacionalidades —“condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación” (según definición de la RAE)— y regiones, extendiéndose los estatutos a todas ellas. Supuso un avance histórico de descentralización del poder político, que la doctrina ha llegado a calificar de “cuasi federal”. Pero en la política, como en la vida, no se puede ser siempre “cuasi algo” sin pagar un precio. Se les ha dicho a los ciudadanos que no hay diferencia entre la autonomía y la federación y esto no es verdad. ¿Cómo podría ser verdad con el Senado que tenemos, muy lejos de la Cámara territorial que ordena el artículo 69.1 de la Constitución? ¿Cómo va a ser cierto con el barullo competencial que arrastramos y el descontento general sobre el sistema de financiación?

La Constitución de 1978 sigue siendo válida en lo fundamental, pero conviene ponerla al día

No tenemos, para determinados temas territoriales importantes, instituciones que permitan la deliberación, la coordinación y la decisión común, lo que produce un efecto perverso agravado con el paso del tiempo. Perversidad que consiste en que cada comunidad autónoma, ante esa carencia de composición de la voluntad colectiva entre el Gobierno de la nación y las diferentes comunidades políticas, estas tienden, inexorablemente, a establecer una relación “bilateral” con aquel, con el fin de sacar adelante sus pretensiones, es decir, el “qué hay de lo mío” —ya sea un AVE, una mejor financiación, una “deuda histórica”, el traspaso de competencias, etcétera—. Demandas cuya posibilidad de éxito depende, muchas veces, de la necesidad que tenga el Gobierno de turno de los votos de los diputados de dicha comunidad autónoma. De esta suerte, aparte de los partidos nacionalistas tradicionales, han surgido formaciones políticas, más o menos nacionalistas o regionalistas, que en determinadas ocasiones son imprescindibles para la necesaria gobernación del país y, como es lógico, solicitan un particular peaje por sus votos. Es decir, hay quien se opone a culminar el Estado autonómico en un modelo federal y no se da cuenta de que estamos cayendo en una especie de “bilateralismo confederal”, que genera desigualdades y no pocos desbarajustes.
Han transcurrido 40 años desde que se aprobó la Constitución de 1978 y demasiadas cosas han cambiado: pertenecemos a la UE y ni tan siquiera se menciona en la Constitución; hemos construido el Estado de bienestar, cuyas principales competencias corresponden a las comunidades autónomas; la revolución femenina es un hecho transformador; la globalización se ha acelerado y no tener en cuenta sus efectos es no saber en qué mundo se vive; la revolución digital lo cambia todo en todos los aspectos, incluido el de los derechos; han surgido de la crisis económica y la desigualdad amenazas en forma de nacionalismos, populismos y antieuropeísmos, que se extienden como la lepra por toda Europa. ¿Podemos quedarnos estáticos? La Constitución de 1978 es lo mejor que hemos hecho en nuestra historia y sigue siendo válida en lo fundamental, pero conviene ponerla al día si no queremos colocarla en estado de riesgo.

Lo más arduo es crear un estado de opinión favorable a los cambios que facilite el necesario consenso

La fortaleza del Estado depende, en esencia, de la cohesión social y de la territorial que son, en mi opinión, inseparables. Ambas son las que hacen fuerte a las instituciones al lograr una sólida adhesión de la ciudadanía a las mismas. Reconozcamos que, hoy por hoy, no pasan por su mejor momento. Abordar una reforma parcial de nuestra Constitución —y no un proceso constituyente inconveniente e inviable— en esos dos asuntos tan determinantes sería lo más necesario y prudente. Culminar nuestras autonomías en un federalismo basado en los principios de cooperación, lealtad institucional, solidaridad, unidad y pluralismo fortalecería nuestra democracia. Un federalismo social que debería reconocer a ciertos bienes sociales como la sanidad, las pensiones, o la vivienda en determinadas circunstancias, las mismas garantías de las que gozan hoy los derechos fundamentales. Un federalismo insertado en una UE abocada a federarse si quiere afrontar con éxito las actuales amenazas disolventes. Un peligro, por cierto, que, o abordamos con una mayor unión política, o se pondrán en cuestión, como ya está sucediendo, los avances logrados en la integración económica.
Resulta argumento estulto afirmar que para esta operación política se necesita un consenso que hoy no existe y que, además, los partidos secesionistas no se conformarían con una reforma de este tenor. Se olvida que el consenso no es punto de partida sino producto de la relación de fuerzas y de la necesidad, cuando las demás opciones son peores. ¿O alguien cree que la Constitución de 1978 fue producto de un consenso previo? Además, la reforma que se propone no obedece a un fenómeno secesionista sino a una necesidad nacional. Sin embargo, es más que probable que una parte de los que hoy pregonan la independencia apoyarían un proyecto en común más social y más federal. También se argumenta que, con el ambiente actual de enfrentamiento entre los partidos e incluso con fuerzas que de un lado y de otro —nacionalismos de diverso pelaje— plantean la ruptura constitucional, no parece lo más realista pretender avanzar en un sentido federal. La tentación sería ampararse en el popular “virgencita, que me quede como estoy”. Craso error, pues precisamente por esas tensiones y amenazas es más necesario que nunca abordar las reformas que corrijan las disfunciones actuales y así fortalecer nuestro Estado. Ello contribuiría también a renovar el pacto constitucional con la participación de las jóvenes generaciones que no tuvieron ocasión de votar la Constitución de 1978.
Quizá lo más arduo de la tarea sea crear un estado de opinión favorable a los cambios que acabe transformándose en un movimiento ciudadano facilitador del necesario consenso. Porque hay que ser siempre consciente de que una reforma de la Constitución debe de ser obra de amplios acuerdos entre diferentes fuerzas políticas y con la ciudadanía. Creo que vale la pena intentarlo.
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Antes del 'procés', la carga de totalitarismo horizontal estaba ya preparada, y nada tiene de extraño que acabara resurgiendo enfrente el nacionalismo del tipo Acción Española

 

En Los bakuninistas en acción, de 1873, Friedrich Engels anotó que Barcelona era "el centro fabril más importante de España, que tiene en su haber histórico más combates de barricadas que ninguna otra ciudad en el mundo". Entre 1840 y 1843 se había sublevado casi al ritmo de una vez por año y desde entonces se registraron la Semana Trágica, octubre de 1934 y elsfets de maig en 1937, la gran insurrección anarquista en plena guerra civil. Semejante constatación no solo cuestiona el tópico del seny, sino también las variantes de ensayismo donde todo el conflicto se reduce al choque de dos nacionalismos recién consolidados o a los errores cometidos para que adquiriese tanta fuerza el independentismo.
La historia por sí misma no resuelve nada, pero por lo menos arroja luz sobre los problemas actuales. Volviendo a esa propensión insurreccional de los catalanes, cabe aplicar la máxima de que si el río suena, agua lleva; esto es, que cabría valorarla como síntoma muy significativo de un problema de fondo, y más si recordamos la revuelta de 1640. Verosímilmente nos encontramos ante un desajuste de larga duración entre la realidad política catalana y la forma estatal hispana, tanto en el Antiguo Régimen como en la edad contemporánea. Y como tantas veces sucede en los movimientos sociales, la tensión acumulada se activa y da lugar a la eclosión, aquí de la marea independentista, cuando circunstancias inesperadas crean la estructura de oportunidad política, como sucedió con la reforma del Estatuto y la incidencia de la crisis económica. No hubo estrictamente simetría de nacionalismos, porque el desbordamiento del orden constitucional formaba ya parte del proyecto estatutario de Maragall y la enmienda a la totalidad del PP fue rechazada. Tal asimetría resultó evidente al comprobarse el éxito movilizador del lema Som una nació en 2012 y cuando la Generalitat lanzó por su cuenta el procés. Por parte de Rajoy solo hubo pasividad. Otra cosa sucedió inevitablemente a partir de septiembre de 2017.

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Al abordar el problema conviene tomar en consideración esas dos dimensiones, precisamente para no desplazar al constitucionalismo —con su exigencia de reforma— hacia una visión unilateral y excluyente de la relación entre Cataluña y España. El reconocimiento del desajuste histórico debiera corregir tal desviación, aun siguiendo la difícil ruta entre lo que es historia y su envoltura mítica. Es así como por Pierre Bonassié sabemos que en lo que todavía no se llamaba Cataluña, la mutación feudal adquiere hacia el año mil unos rasgos propios. La traducción catalana inicia la deriva esencialista titulando Cataluña mil años atrás. Pronto las formas de organización específicas del territorio recibirán la etiqueta nacionalista de Estado, que viene a emborronar una realidad efectiva.
España tampoco va a librarse de la simplificación, en vigor desde el catalanismo de 1900, como Estado, nunca nación; tampoco de la imagen esencialista de la España eterna. Lo cierto es que la identidad hispana arranca de muy atrás, desde que el cronista mozárabe de 754 lamenta las Spaniae ruinas y pervive con distintos acentos hasta su afirmación desde el siglo XVI. En la unión de Coronas de Castilla y Aragón no está un Estado español, aunque sí potencie una identidad española ampliamente reconocida. La trayectoria unificadora, alcanzada por la guerra desde 1714, fue propia de una "monarquía de agregación", no simplemente una monarquía compuesta; como en Reino Unido y en Francia, por distintas vías, la pluralidad se articula en torno a un núcleo central, Castilla. De ahí que agregación no acabe para España generando integración.
El proceso de construcción nacional tropieza en nuestro XIX con los estrangulamientos derivados del atraso económico. Agricultura pobre, analfabetismo, caciquismo, agonía colonial, guerras civiles y militarismo, fueron otros tantos ecos suyos, mientras el desajuste entre Cataluña y España se traduce en desfase. Lo reflejarán el enteco socialismo, el anarcosindicalismo, incluso el comunismo de la transición, y los estallidos insurreccionales, expresión de malestar recurrente. Los intelectuales catalanistas mantenían la llama sagrada de la historia convertida en mito, en torno al 1714, según cuenta Perre Vilar en sus apuntes de los años 20. Pero el calado popular no fue una invención: ya en 1842 los insurrectos gritan "¡A la Ciudadela!", para asaltar la fortaleza construida por Felipe V, y los retratos de este rey arderán en 1868. No obstante, aun cuando en noviembre de 1842 sea proclamada "la independencia de Cataluña", transitoria —curioso antecedente de futuro—, el horizonte republicano es federal, lo mismo que el grito: República volem, República tindrem.

La historia por sí misma no resuelve nada, pero por lo menos arroja luz sobre los problemas actuales

Será el fracaso del federalismo en 1873 lo que revele el desfase entre la modernización registrada en la Cataluña y el atraso imperante en el resto. El movimiento federal se había extendido por toda España, pero el enlace con el movimiento obrero y una mentalidad reformista se dio solo en Cataluña. De ahí la idea de que el progreso en Cataluña se encontraba lastrado por la hegemonía castellana, tópico bien vivo. Pronto lo formuló el exfederal Valentí Almirall, creador de la Diada, en Lo catalanisme, de 1886: el carácter catalán es pragmático y realista, en tanto que el castellano, representado por el Quijote, es idealista, incapaz de adecuarse a la modernidad, "en medio de su decadencia, encenagado en los vicios como hoy está". Solo que a Almirall ese español degenerado le resulta simpático. A Sabino Arana, estudiante entonces en Barcelona no le pareció tal, y tampoco a la larga serie de epígonos que hasta ahora se han situado en la estela de Almirall.
La perdida de Cuba marcó el avance decisivo, después de la exaltación patriotica que respaldó la conservación de las Antillas, con Weyler como presunto salvador. Ante el desastre, la reacción inmediata para los catalanistas consistirá en afirmarse como nación frente a España, reducida al papel de Estado opresor. Un esquema maniqueo, destinado a durar.
Las sucesivas peripecias de la política española no alterarán el esquema inicial, aun cuando varíen las expresiones políticas, comprendida la fascistización de Estat Catalá durante la República, antecedente en xenofobia de Quim Torra y su gente. Ya desde la transición, los Gobiernos democráticos de Madrid asistirán pasivos a la formación de la tormenta, a pesar de los signos de alarma que acompañaron a los debates sobre la marginación del castellano en la enseñanza y en la vida pública (esperpénticas multas por titular en español). Más que el tema en sí, importó la campaña de agresiones físicas y verbales, estas últimas por aparentes demócratas, contra quienes defendieran el equilibrio lingüístico (franquistas, lerrouxistas, botiflers, vuelta a 1714). Antes del procés, la carga de totalitarismo horizontal estaba ya preparada, y nada tiene de extraño que acabara resurgiendo enfrente el nacionalismo del tipo Acción Española. Es el más desfavorable de los escenarios, con los intereses económicos catalanes como única barrera de contención, en que puede apoyarse Pedro Sánchez.
El péndulo oscila entre el impulso desestabilizador de las movilizaciones proindependencia que estallarán con los juicios, y las exigencias políticas y económicas de signo opuesto, casi sin defensores. Recupera actualidad el juicio de Almirall: "El odio y el fanatismo solo pueden dar frutos de destrucción y de tiranía, nunca de unión y de concordia".
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https://elpais.com/elpais/2019/02/07/opinion/1549562074_909786.html?fbclid=IwAR1CGn-qdEVleAmGLkzLvx6AydN8tNIKvZ6ZbaheXogLyh8wXxwwGCxwxIk