El truco de la sinécdoque
Compartir:
En un célebre chiste, tres científicos van de turismo en tren por Escocia cuando, tras mirar por la ventanilla, uno exclama: "¡Caramba, no sabía que en Escocia las ovejas eran negras!". Otro le corrige: "Debieras decir que en Escocia hay al menos una oveja negra". Pero el tercero precisa: "En puridad, lo único que sabemos es que al menos un costado de una oveja escocesa es negro".
Ley de los pequeños números
El chiste se burla de nuestra espontánea tendencia a generalizar y cometer ese error psicológico que el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman y su fallecido colega Amos Tversky llamaron "ley de los pequeños números" (law of small numbers), al que Kahneman dedica el capítulo 10 de su soberbio libro Thinking, fast and slow: aunque partamos de una muestra de observaciones pequeña o sesgada, tenderemos espontáneamente a aplicar sus resultados a un colectivo mucho más amplio.
En ese error cayeron varios periódicos el pasado 31 de agosto cuando la Comisión Europea difundió los resultados de su encuesta electrónica sobre supresión del cambio de hora. Respondieron a ella 4,6 millones de ciudadanos europeos, pero la participación de los alemanes fue excepcionalmente alta (un 3,79% de su población). Solo respondieron un 0,19% de los españoles, que se manifestaron en un 93% a favor de suprimir el cambio de hora. La probable falta de representatividad estadística de la muestra -tanto por su distribución geográfica desequilibrada como por el posible sesgo en las preferencias de quienes respondieron- hace inexacto deducir de la encuesta que "los europeos estamos a favor de suprimir el cambio de hora".
La tendencia humana a generalizar se manifiesta en el habla en la "sinécdoque", figura que la Real Academia define como la "designación de una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes, o viceversa, a un género el de una especie, o al contrario, a una cosa el de la materia de que está formada, etc., como en cien cabezas por cien reses, en los mortales por los seres humanos, en el acero por la espada, etc.".
Sinécdoques expansivas
La modalidad en la que quiero centrarme -que llamaré "sinécdoque expansiva"- es la que salta de la parte al todo y, en consecuencia, generaliza.
El antiguo presidente sudafricano Mbeki aludía a ella cuando se quejaba de que la prensa internacional situara en "África" cualquier desgracia acaecida en algún país africano. Esa queja impulsó el movimiento periodístico "África no es un país", que sostiene que esa sinécdoque, al utilizarse con frecuencia para informar de sucesos adversos (guerras civiles, golpes de Estado, epidemias...), estigmatiza a los países africanos en los que no se producen. Sus impulsores reconocen que, por desgracia, está muy arraigada, como muestra que no exista ninguna película titulada Out of Asia, a diferencia de la basada en la novela de Karen Blixen Out of Africa.
Una queja casi idéntica a la de Mbeki la formuló el jueves pasado en una declaración oficial (ver punto 4) la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), cuando, en referencia velada al "escándalo de los másteres" en la Universidad Rey Juan Carlos, rechazó rotundamente "que se eleven a categoría general casos particulares, sin duda absolutamente lamentables, condenables y que deben corregirse con contundencia".
La sinécdoque expansiva constituye un socorrido truco periodístico para hinchar la trascendencia de una noticia. Se apoya a menudo en una sinécdoque doble: así, si un medio obtiene una declaración o documento de un cargo medio (pensemos, un subdirector), sentirá la tentación de atribuirlo a su "Ministerio" ("Hacienda dice que..."), para darle luego incluso más gancho sustituyendo "Ministerio" por el nombre del Ministro: como contaba Pedro Solbes, durante su etapa como Ministro de Economía y Hacienda se desayunaba muchas mañanas con titulares ("Solbes planea...") que le atribuían propuestas que desconocía por completo.
Sinécdoques políticas
La sinécdoque expansiva tiene su correlato penal en la imputación de delitos de autoría múltiple a quienes no son autores directos, de propia mano, sino "autores mediatos", lo que plantea la cuestión: una conducta ilegal (caso Gal), defraudadora (casos ERE o Gürtel) o violenta (manifestaciones del 20-21 de septiembre de 2017 en Barcelona), cometida por miembros de un colectivo u organización ¿cuándo puede imputarse a quienes dirigen ese colectivo, aunque no conocieran, autorizaran, quisieran o contemplaran como probable (dolo eventual) esa conducta?
Pero es en política donde la sinécdoque se utiliza con más frecuencia, con frecuencia para enmascarar de forma sutil una "falacia de la generalización".
Así, si se quiere azuzar la hostilidad popular hacia los bancos y justificar un tributo especial que grave sus beneficios o actividades -como el que ayer volvió a proponer Podemos-, se utilizará imprecisa o maliciosamente la expresión "rescate a la banca" para describir el de algunas cajas de ahorro (el banco Popular también sucumbió a la crisis, pero fue resuelto, no rescatado con fondos públicos). De igual forma, si queremos suprimir un impuesto -digamos, el de Sucesiones-, apoyaremos nuestra propuesta con la imagen de un heroico autónomo que levantó un pequeño negocio familiar y tributó religiosamente por todas sus rentas (no acumuló plusvalías, ni en inmuebles, ni en instituciones de inversión colectiva, ni en otros activos), al que presentaremos como arquetipo del colectivo cuyos descendientes se beneficiarán de la supresión del impuesto, cuando en realidad beneficiará también a la transmisión de elevados patrimonios con plusvalías latentes que apenas tributaron. Otro tanto cabría decir de quien usa como arquetipo la figura de los (muchos) pensionistas en situación precaria, con pensiones muy exiguas, para justificar la indiciación de todas.
Pero han sido probablemente los nacionalistas quienes con mayor asiduidad y oficio se han valido de sinécdoques políticas. Ya en "El bucle melancólico" (1997) Jon Juaristi describió cómo el nacionalismo vasco se atribuyó la representación exclusiva de los vascos:
"De modo tácito [se impuso] en el partido la convicción de que el único criterio fiable para distinguir entre vascos y españoles es el de las lealtades políticas. En otras palabras, fuera del nacionalismo no hay vascos...Pero si sólo es vasco quien pertenece a la comunidad nacionalista, no habrá otra comunidad posible que esa misma comunidad nacionalista. Todos los demás habitantes del país, cualquiera que sea su apellido y lugar de nacimiento, serán españoles, maquetos, advenedizos, invasores".
El fenómeno se ha repetido luego con los nacionalistas catalanes. Hace años, cualquier acusación o insinuación sobre la falta de honestidad de la familia Pujol o de otros políticos o partidos nacionalistas la presentaban como un "ataque contra toda Cataluña", en cuya bandera se envolvían los defraudadores. Con posterioridad, los líderes independentistas vienen insistiendo en la idea de un "sol poble" unido en su rechazo del fascismo y del enemigo exterior, el Estado español, como si la parte -los independentistas- se confundiera con el todo -los catalanes-.
En su cuento "Funes, el memorioso", la historia de un insomne de memoria prodigiosa que recordaba absolutamente todo y no podía olvidar, Borges concluye que Funes no era capaz de pensar, porque pensar "es olvidar diferencias, generalizar, abstraer; y en el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles".
Es cierto: pensar, hablar y comunicarse obligan a utilizar conceptos que entrañan siempre cierto grado de generalización. Pero estemos siempre en guardia ante esas sutiles sinécdoques expansivas que equiparan la parte con el todo: pueden hacer que del color de una oveja saquemos conclusiones precipitadas sobre el de toda la cabaña.
http://www.expansion.com/blogs/conthe/2018/09/25/el-truco-de-la-sinecdoque.html
Techo de gasto: quien a votos mata...
Compartir:
En contra de lo que supuse en esta crónica de la semana pasada, el PSOE y Podemos no podrán previsiblemente modificar la Ley de Estabilidad por el procedimiento rápido de "lectura única" que regula el artículo 150 del Reglamento del Congreso. Al preparar los Presupuestos de 2019, nuestro actual "Ulises" seguirá, pues, atado también por la soga de que el techo de gasto y de déficit deberá ser aprobado no solo por el Congreso, sino también por el Senado, en el que el PP goza de mayoría.
En ese efecto, el citado artìculo 150, titulado ""De la tramitación de un proyecto de ley en lectura única" , dispone en su apartado 1:
"Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única".
Del texto se desprende con nitidez que la propuesta debe efectuarse por la Mesa, que, tras oir a la Junta de Portavoces, deberá someterla a la aprobación del Pleno del Congreso. En consecuencia, si la Mesa rechaza, por mayoría, la propuesta, no es preciso que solicite el parecer de la Junta de Portavoces.
La Mesa la componen quien preside el Congreso (en la actualidad, Ana Pastor, diputada del PP) y cuatro Vicepresidentes (en la actualidad, uno por cada uno de los cuatro principales partidos: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos).
En la votación de ayer, la propuesta de tramitar en lectura única el proyecto de modificación de la Ley de Estabilidad fue rechazada 3 a 2 al oponerse a ella la presidenta y los vicepresidentes del PP y de Ciudadanos.
El PSOE parece haberse tomado mal ese rechazo, especialmente porque en él resultó determinante el criterio en contra de la Presidenta (aunque si se hubiera abstenido la propuesta tampoco habría sido aprobada).
La reacción del PSOE está tan injustificada como la de los diputados del PP que en junio pasado pusieron en tela de juicio la legitimidad de la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, por aplicación de una moción de censura de las previstas en el artículo 113 de la Constitución.
En ambos casos los partidos políticos (el PSOE con la moción de censura y PP y Ciudadanos con el rechazo de la tramitación en lectura única) han hecho un uso estratégico, pero legítimo, de preceptos jurídicos vigentes.
Quien llegó a la presidencia del Gobierno haciendo un uso audaz e inteligente del artículo 113 de la Constitución no debe quejarse ahora de que sus rivales políticos hayan hecho uso de la ventaja que les otorga el artículo 150 del Reglamento del Congreso.
"Quien a votos mata, a votos muere".
La soberanía de Ulises
[28-8-2018]
El martes pasado, durante el viaje a Ítaca con el que simbolizó el fin de la "odisea" que Grecia inició en 2010 cuando la crisis de su deuda soberana hizo preciso un rescate financiero pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los miembros e instituciones de la eurozona, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, afirmó exultante: "Grecia recupera su derecho a definir su destino y su futuro, como un país europeo normal", ya sin la tutela directas de los países e instituciones acreedoras.
Problemas de autocontrol
Según el Financial Times, Tsipras dijo también: "Hoy empezamos una nueva era, con un sentido de responsabilidad de que Grecia no volverá a los años de déficits e insolvencia".
No explicó, sin embargo, qué mecanismos de autocontrol político impedirán la vuelta a los graves desequilibrios presupuestarios que -en el caso concreto de Grecia- causaron la crisis de 2010. Tales desequilibrios no eran nuevos: en el otoño de 1985 yo me estrené como miembro suplente del Comité Monetario europeo cuando éste, a regañadientes, entre vitriólicas críticas a Grecia de varios miembros -que preferían que pidiera el préstamo al FMI-, no se opuso a que la Comunidad Europea le otorgara un cuantioso préstamo de balanza de pagos, apenas dos años después de que ingresara en la Comunidad.
Pero la Odisea de Homero da pistas útiles sobre tales mecanismos de autocontrol en el episodio en que Ulises, para no sucumbir al canto de las sirenas, pide a sus compañeros que le aten al mástil y se tapen los oídos con cera.
En nuestro tiempo, el gran economista americano y Premio Nobel de Economía, Thomas Schelling, antiguo fumador empedernido, escribió entretenidas páginas sobre métodos de autocontrol individual (como alejar el despertador, para que cuando suene no lo apaguemos de un manotazo); y hace tiempo leí que, en época de exámenes, algunos estudiantes le dan a un amigo su contraseña personal en las redes sociales para que el amigo las cambie en secreto y el estudiante no pueda acceder a sus cuentas.
Pero el problema de autocontrol cobra particular relevancia en el ámbito de la política económica.
Constitucionalismo económico
Uno clásico es la atribución por ley a un banco central independiente de la facultad de dirigir y ejecutar la política monetaria, y fijar el nivel de tipos de interés -incluso cuando una subida de tipos le disguste al Gobierno-, así como privar al Estado de la prerrogativa de obligar al banco central a financiarle. Algunos insensatos han tildado de "anomalía democrática" esa independencia de los bancos centrales, pero cuando se pone gravemente en entredicho un país puede acabar sufriendo una hiperinflación -como la Venezuela de Maduro-, una profunda crisis de su divisa -como la Turquía de Erdogan-, o dudas sobre su futuro económico -como cuando Trump manifiesta opiniones críticas sobre las decisiones de la Reserva Federal-.
Los mecanismos legales de autocontrol de las autoridades políticas tienen también especial relevancia en la política presupuestaria, pues la experiencia enseñanza que la competencia electoral entre partidos consustancial a las democracias y el deseo de los gobernantes de congraciarse con sus votantes -pasados o futuros- provocan una inequívoca tendencia al ¨déficit democrático" -ya sea mediante aumentos de gastos o bajadas de impuestos- y el peligro de despilfarro e incluso malversación de caudales públicos.
Constituye, por ejemplo, una saludable medida de autocontrol que las decisiones de gasto de una Administración pública sean fiscalizadas con carácter previo por un funcionario de carrera especializado (interventor): uando ese control se elimina o burla, acecha el peligro de fraudes tan groseros como el de los ERE en Andalucía.
Pero no basta la lucha contra el fraude: también son precisas otras medidas que frenen la espontánea tendencia de las democracias a caer en graves déficits presupuestarios.
Una de ellas se contiene desde 1978 -como tantas veces he explicado- en el artículo 134.6 de nuestra Constitución, que permite al Gobierno vetar la tramitación de iniciativas o proposiciones parlamentarias que aumenten el gasto público o disminuyan los ingresos públicos (por desgracia, la escasa formación económica de sus magistrados ha hecho que el Tribunal Constitucional no entendiera a menudo la finalidad de esa limitación constitucional de la soberanía parlamentaria en materia presupuestaria y a que, con gran torpeza, la interpretara con espíritu restrictivo).
Ley de Estabilidad
Pero, a raíz de la crisis de la deuda soberana que vivió la eurozona en el período 2010-2012, los países miembros del euro hemos incorporado a nuestras constituciones u ordenamiento interno, por iniciativa alemana, nuevas "reglas fiscales" para luchar contra los niveles excesivos de déficit presupuestario y de deuda pública.
En España tuvieron su plasmación en 2011 en el nuevo artículo 135 de la Constitución, desarrollado en 2012, con Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda, por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La ley, con acierto, consagró en su artículo 12 una llamada "regla de gasto", que limita el crecimiento anual del gasto público "computable" de las Administraciones (concepto que excluye los intereses de la deuda, las prestaciones de desempleo y algunas otras partidas) al del PIB nominal, salvo cuando el aumento de gasto vaya acompañado de "cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación". Esa regla quiere evitar el carácter procíclico de la política presupuestaria y lograr que el aumento de ingresos fiscales que acompaña a las fases de crecimiento económico no provoque un aumento paralelo del gasto público que se torne insostenible cuando lleguen las vacas flacas, como nos ocurrió en España durante la burbuja que estalló en 2008. Se trata, en suma, de que las expansiones se aprovechen para reducir la deuda pública, no para gastar más: esa política prudente creará el "espacio fiscal" (capacidad potencial de endeudamiento adicional) que permita sostener el nivel de gasto público cuando llegue una recesión.
Pero además de esa incuestionable mejora la Ley de Estabilidad introdujo otra limitación adicional que no deriva directamente del artículo 135 de la Constitución: su artículo 15 exige que el "techo de gasto" lo apruebe no solo el Congreso, sino también el Senado, sin que, como prevé la Constitución para la tramitación de las leyes, el Congreso tenga la última palabra y prevalezca sobre las eventuales enmiendas del Senado.
Es dudoso que esa supresión de la primacía del Congreso sobre el Senado sea acorde con la Constitución, pero no que puede suprimirse modificando el citado artículo 15, siempre que se haga -como ha acordado el PSOE y Podemos- mediante el oportuno proyecto de ley (¡no, por Dios, mediante otro Decreto-Ley!).
Nuestro Ulises patrio logrará, pues, aflojarse en breve, con ayuda de las sirenas, una de las varias sogas que le atan al objetivo de estabilidad presupuestaria, que él mismo abrazó en su discurso de investidura. No será grave, siempre que no sucumba a los cantos de las sirenas que abogan por recobrar la "soberanía" presupuestaria.