En manos de los jueces
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Eduardo Zaplana, ex ministro y ex presidente de la Comunidad Valenciana, uno de los muchos sospechosos de casos de corrupción, ha sido detenido
Cuando los jueces tienen un protagonismo desproporcionado en la vida pública, quiere decir que la política no lleva la iniciativa. El argumento de que la judicatura está al servicio del gobierno de turno se está desmontando por sí solo.
Los casos de corrupción se ventilan en todas direcciones pero en estos momentos son más numerosos los que afectan al Partido Popular, a personas de su confianza, agradecidas, financiadas o recompensadas desde el poder a lo largo de los años. La detención de Eduardo Zaplanaes el caso más reciente y clamoroso en espera de las sentencias que están al caer sobre otros sumarios como el de Gürtel.
Otra cosa es el juicio que puedan merecer las actuaciones de los jueces, que distan mucho de ser modélicas y en muchos casos de ser imparciales.
No pienso que estemos ante un gobierno de los jueces como el que se vivió en Italia al comienzo de los años noventa, con un fiscal como Antonio Di Pietro, que llegó a encarcelar por casos de corrupción a representantes de todos los grupos políticos del momento y a varios dirigentes empresariales e industriales. El proceso de Manos Limpiasenvió a la cárcel a más de tres mil italianos acusados de corrupción y que formaban parte de las elites del país.
Desde los primeros casos de corrupción de los gobiernos socialistas hasta los que han afectado a personajes muy destacados de los gobiernos de Aznar y Rajoy, la justicia ha actuado por casos de corrupción. Cuando la policía judicial entró en el Palau de la Músicafue a iniciativa de la Agencia Tributaria y el juez Garzón fue el que abrió el sumario del caso Pretoria, que imputó a políticos catalanes en ejercicio y a comisionistas diversos.
Las intervenciones judiciales que afectan a políticos responden a acciones delictivas contempladas en el Código Penal. En todo caso, son una consecuencia de haberse saltado la ley. Hay motivos para pensar que la prisión preventiva sin fianza de los políticos catalanes en diversas cárceles de Madrid es una medida desproporcionada como lo es la que mantiene en prisión desde hace un año a Sandro Rosell, expresidente del Barcelona.
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La irrupción judicial en la política española y catalana demuestra también una ausencia de visión sobre la gestión de la política. Artur Mas y Carles Puigdemont sabían lo que estaba en juego. Y Mariano Rajoy, también.
Y, sin embargo, no supieron encontrar puntos de encuentro para evitar la judicialización del conflicto catalán que deambula por los tribunales españoles, belgas, británicos, alemanes y suizos. Los independentistas no quisieron o no supieron calcular las consecuencias de sus actos. Y el Estado no supo desactivar un choque político y emocional que finalmente se ha producido. Esta espiral de acción y reacción de unos y otros nos lleva a más confrontación.
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