GRECO
Grupo de estados contra la corrupción
CONSEJO DE EUROPA
IV Evaluación Greco Informe (2013)
CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN
Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y
fiscales
INFORME DE EVALUACIÓN
ESPAÑA
Grupo de estados contra la corrupción
CONSEJO DE EUROPA
IV Evaluación Greco Informe (2013)
CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN
Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y
fiscales
INFORME DE EVALUACIÓN
ESPAÑA
-----------------
RESUMEN
1. A pesar de las muchas medidas ya adoptadas en años recientes con el
fin de introducir normas para combatir la corrupción de una manera más eficaz,
así como para reforzar tanto los recursos como la especialización de los
organismos encargados de hacer cumplir la ley respecto de los delitos
económicos y, en definitiva, para procesar a los delincuentes, en España existe
una creciente preocupación por temas de corrupción. Los recientes escándalos
aparecidos en la vida política del país están erosionando gravemente la
credibilidad de las instituciones. Este estado de desilusión y desconfianza de
los ciudadanos se ha visto agravado por la crisis económica.
2. Las encuestas revelan que los políticos y los partidos políticos ocupan
los últimos puestos en los niveles de credibilidad. Muy conscientes de la falta
de confianza a la que se enfrentan, las autoridades españolas han emprendido
diversas reformas para reforzar su credibilidad. Por ejemplo, en la actualidad
se está debatiendo en el Parlamento un proyecto de Ley de Transparencia,
existe un amplio acceso a la información relativa al proceso legislativo y está
implantado un sistema de declaración de bienes que han de presentar los
parlamentarios, a disposición del público en las páginas web de las respectivas
cámaras. El presente informe tiene en cuenta todas estas medidas positivas y
apoya la reflexión que está teniendo lugar en el país respecto a cómo recuperar
la credibilidad de las instituciones. Se recomienda tomar medidas adicionales
para infundir, mantener y promover una sólida cultura ética entre los
parlamentarios que incluya, mediante la adopción de un código de conducta y
la introducción de medidas de concienciación concretas, cuestiones relativas a
la integridad. De igual manera, sería asimismo importante incrementar la
transparencia sobre los contactos que mantienen los parlamentarios con
terceros, proporcionar una información más detallada y actualizada en las
declaraciones de bienes, y reforzar significativamente tanto los mecanismos de
supervisión como los de vigilancia de su cumplimiento en el Parlamento.
3. En España, el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal son excelentes y, con
la excepción de algunos casos aislados, no hay pruebas sustanciales de que
exista corrupción entre jueces o fiscales. Sin embargo, preocupa la cuestión del
correcto funcionamiento de la Justicia, con sus tribunales sobresaturados, que
no siempre están en la mejor posición para resolver asuntos con verdadera
rapidez. Además, hay algunas deficiencias tanto en el sistema judicial como en
el fiscal que han suscitado reiteradas críticas por el riesgo de influencia política.
Más concretamente, mientras que hasta la fecha no hay grandes dudas sobre
la independencia y la imparcialidad de los jueces y fiscales como individuos, sí
existe una gran controversia alrededor de la cuestión de la independencia
estructural de los órganos rectores del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal; la
principal preocupación sería la impresión de que intereses partidistas podrían
estar interviniendo en las decisiones judiciales. Esto es particularmente
peligroso en un momento en que están aumentando los casos de corrupción
política. La mera existencia de esta sombra de duda resulta indeseable y deben
tomarse medidas para garantizar que el sistema judicial no sólo esté libre de
indebidas influencias externas, sino también para que lo parezca.
1. A pesar de las muchas medidas ya adoptadas en años recientes con el
fin de introducir normas para combatir la corrupción de una manera más eficaz,
así como para reforzar tanto los recursos como la especialización de los
organismos encargados de hacer cumplir la ley respecto de los delitos
económicos y, en definitiva, para procesar a los delincuentes, en España existe
una creciente preocupación por temas de corrupción. Los recientes escándalos
aparecidos en la vida política del país están erosionando gravemente la
credibilidad de las instituciones. Este estado de desilusión y desconfianza de
los ciudadanos se ha visto agravado por la crisis económica.
2. Las encuestas revelan que los políticos y los partidos políticos ocupan
los últimos puestos en los niveles de credibilidad. Muy conscientes de la falta
de confianza a la que se enfrentan, las autoridades españolas han emprendido
diversas reformas para reforzar su credibilidad. Por ejemplo, en la actualidad
se está debatiendo en el Parlamento un proyecto de Ley de Transparencia,
existe un amplio acceso a la información relativa al proceso legislativo y está
implantado un sistema de declaración de bienes que han de presentar los
parlamentarios, a disposición del público en las páginas web de las respectivas
cámaras. El presente informe tiene en cuenta todas estas medidas positivas y
apoya la reflexión que está teniendo lugar en el país respecto a cómo recuperar
la credibilidad de las instituciones. Se recomienda tomar medidas adicionales
para infundir, mantener y promover una sólida cultura ética entre los
parlamentarios que incluya, mediante la adopción de un código de conducta y
la introducción de medidas de concienciación concretas, cuestiones relativas a
la integridad. De igual manera, sería asimismo importante incrementar la
transparencia sobre los contactos que mantienen los parlamentarios con
terceros, proporcionar una información más detallada y actualizada en las
declaraciones de bienes, y reforzar significativamente tanto los mecanismos de
supervisión como los de vigilancia de su cumplimiento en el Parlamento.
3. En España, el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal son excelentes y, con
la excepción de algunos casos aislados, no hay pruebas sustanciales de que
exista corrupción entre jueces o fiscales. Sin embargo, preocupa la cuestión del
correcto funcionamiento de la Justicia, con sus tribunales sobresaturados, que
no siempre están en la mejor posición para resolver asuntos con verdadera
rapidez. Además, hay algunas deficiencias tanto en el sistema judicial como en
el fiscal que han suscitado reiteradas críticas por el riesgo de influencia política.
Más concretamente, mientras que hasta la fecha no hay grandes dudas sobre
la independencia y la imparcialidad de los jueces y fiscales como individuos, sí
existe una gran controversia alrededor de la cuestión de la independencia
estructural de los órganos rectores del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal; la
principal preocupación sería la impresión de que intereses partidistas podrían
estar interviniendo en las decisiones judiciales. Esto es particularmente
peligroso en un momento en que están aumentando los casos de corrupción
política. La mera existencia de esta sombra de duda resulta indeseable y deben
tomarse medidas para garantizar que el sistema judicial no sólo esté libre de
indebidas influencias externas, sino también para que lo parezca.
falta de independencia estructural de los órganos de gobierno del Poder
Judicial sólo pueden perjudicar, a largo plazo, la independencia y la
imparcialidad de los jueces en tanto individuos; y éstas son cualidades que
deben garantizarse, promoverse y protegerse en todo momento si se quiere
que la Jjusticia sea, y parezca, equitativa y eficaz.
4. Los jueces y fiscales españoles tienen un gran espíritu de servicio y una
enorme dedicación. Sin embargo, faltan aún por adoptar códigos de conducta
tanto para jueces como para fiscales. De igual manera, deberían introducirse
mecanismos adicionales que abran canales de discusión sobre los dilemas
éticos comunes a estos profesionales y que proporcionen servicios de asesoría
especializados así como directrices en relación con conflictos de intereses y
otros asuntos relativos a la integridad. Puede hacerse más para mejorar la
responsabilidad profesional y pública de jueces y fiscales. Es esencial que el
público sea consciente de los esfuerzos que se hagan en el futuro en este
sentido puesto que eso serviría para reforzar la confianza de los ciudadanos en
el sistema de justicia.
-
INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
5. España se adhirió al GRECO en 1999. Desde la fecha de su adhesión,
el país ha sido objeto de evaluación en el marco de la Primera (junio 2001),
Segunda (mayo 2005) y Tercera (mayo 2009) Rondas de Evaluación. Los
correspondientes Informes de Evaluación, junto con los subsiguientes Informes
de Cumplimiento, están disponibles en la página del GRECO
(www.coe.int/greco)
6. La actual Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO, iniciada el 1 de
Enero de 2012, trata sobre la “prevención de la corrupción respecto a
parlamentarios, jueces y fiscales”. Al elegir este tema, el GRECO está abriendo
nuevos caminos y subrayando así la naturaleza multidisciplinar de su cometido.
Al mismo tiempo, este asunto tiene claras conexiones con el trabajo
previamente desarrollado por el GRECO; en concreto, la Primera Ronda de
Evaluación puso especial énfasis en la independencia del Poder Judicial, la
Segunda Ronda de Evaluación examinó de manera particular distintas partes
de la Administración Pública, y la Tercera Ronda de Evaluación se centró en la
incriminación de la corrupción (incluida la de parlamentarios, jueces y fiscales)
y en la prevención de la corrupción en el contexto de la financiación de los
partidos políticos.
7. Dentro de esta Cuarta Ronda de Evaluación, las cuestiones prioritarias
que se abordan respecto a las personas/funciones revisadas son las
siguientes:
· Principios éticos, normas de conducta y conflictos de intereses
· Prohibición o restricción de ciertas actividades
· Declaración de bienes, ingresos, pasivo e intereses
· Cumplimiento de las normas aplicables
· Concienciación
Judicial sólo pueden perjudicar, a largo plazo, la independencia y la
imparcialidad de los jueces en tanto individuos; y éstas son cualidades que
deben garantizarse, promoverse y protegerse en todo momento si se quiere
que la Jjusticia sea, y parezca, equitativa y eficaz.
4. Los jueces y fiscales españoles tienen un gran espíritu de servicio y una
enorme dedicación. Sin embargo, faltan aún por adoptar códigos de conducta
tanto para jueces como para fiscales. De igual manera, deberían introducirse
mecanismos adicionales que abran canales de discusión sobre los dilemas
éticos comunes a estos profesionales y que proporcionen servicios de asesoría
especializados así como directrices en relación con conflictos de intereses y
otros asuntos relativos a la integridad. Puede hacerse más para mejorar la
responsabilidad profesional y pública de jueces y fiscales. Es esencial que el
público sea consciente de los esfuerzos que se hagan en el futuro en este
sentido puesto que eso serviría para reforzar la confianza de los ciudadanos en
el sistema de justicia.
-
INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
5. España se adhirió al GRECO en 1999. Desde la fecha de su adhesión,
el país ha sido objeto de evaluación en el marco de la Primera (junio 2001),
Segunda (mayo 2005) y Tercera (mayo 2009) Rondas de Evaluación. Los
correspondientes Informes de Evaluación, junto con los subsiguientes Informes
de Cumplimiento, están disponibles en la página del GRECO
(www.coe.int/greco)
6. La actual Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO, iniciada el 1 de
Enero de 2012, trata sobre la “prevención de la corrupción respecto a
parlamentarios, jueces y fiscales”. Al elegir este tema, el GRECO está abriendo
nuevos caminos y subrayando así la naturaleza multidisciplinar de su cometido.
Al mismo tiempo, este asunto tiene claras conexiones con el trabajo
previamente desarrollado por el GRECO; en concreto, la Primera Ronda de
Evaluación puso especial énfasis en la independencia del Poder Judicial, la
Segunda Ronda de Evaluación examinó de manera particular distintas partes
de la Administración Pública, y la Tercera Ronda de Evaluación se centró en la
incriminación de la corrupción (incluida la de parlamentarios, jueces y fiscales)
y en la prevención de la corrupción en el contexto de la financiación de los
partidos políticos.
7. Dentro de esta Cuarta Ronda de Evaluación, las cuestiones prioritarias
que se abordan respecto a las personas/funciones revisadas son las
siguientes:
· Principios éticos, normas de conducta y conflictos de intereses
· Prohibición o restricción de ciertas actividades
· Declaración de bienes, ingresos, pasivo e intereses
· Cumplimiento de las normas aplicables
· Concienciación
12. España se ha visto afectada por un importante número de casos de
corrupción relacionados con prominentes figuras políticas, altos funcionarios y
dirigentes empresariales. Se está produciendo en la actualidad un amplio
debate público sobre temas de corrupción, en parte debido a la debacle
económica que comenzó en el año 2008 y que ha erosionado gravemente la
confianza de los ciudadanos en su gobierno y en el sistema financiero.
13. Hay que hacer constar que, hasta el año 2008, los ciudadanos percibían
los niveles de corrupción en España como bajos y que el país figuraba entre los
20 países menos corruptos en el índice anual de percepción de la corrupción
(IPC) elaborado por Transparencia Internacional. Esta tendencia se invirtió
drásticamente cuando la economía española entró en recesión después de 15
años de crecimiento económico sostenido. A partir del año 2009, la percepción
sobre los niveles de corrupción en España ha aumentado durante tres años
consecutivos. En el año 2012, España había descendido diez puestos hasta la
30ª posición en el más reciente índice de percepción de la corrupción (IPC)
confeccionado por Transparencia Internacional. Una reciente encuesta
nacional, publicada en el 2012, destaca que los ciudadanos españoles sitúan la
corrupción, el fraude, los partidos políticos y los políticos en general entre sus
principales preocupaciones como, por ejemplo, el paro
-
14. En cuanto a los temas tratados en la Cuarta Ronda de Evaluación del
GRECO, en el año 2007 los miembros del Parlamento español gozaban de
mayores niveles de confianza que la media de sus iguales en los 27 países de
la UE2. Según una reciente encuesta especial (Eurobarómetro) publicada por la
Comisión Europea, esta relativamente positiva imagen de los políticos
nacionales empezó a sufrir un marcado deterioro durante los años siguientes, y
el porcentaje de españoles que cree que la corrupción está ampliamente
extendida entre los políticos nacionales alcanzó el 78% en el año 2011 (la
media en la UE es del 57%)3. Por otra parte, esa misma encuesta revela que el
40% de los españoles encuestados cree que la errática actuación de los
políticos (Gobierno y Parlamento) es uno de los principales factores que
alimentan la corrupción dentro del país. El EEG fue informado de que no se ha
dado ni un solo caso en que un miembro del Parlamento haya sido condenado
por un delito de corrupción cometido en relación con sus funciones
parlamentarias. Cuando algún miembro del Parlamento ha sido condenado por
corrupción, lo ha sido por algún hecho corrupto relacionado con el doble
mandato ejercido por dicho parlamentario en el gobierno local.
-
corrupción relacionados con prominentes figuras políticas, altos funcionarios y
dirigentes empresariales. Se está produciendo en la actualidad un amplio
debate público sobre temas de corrupción, en parte debido a la debacle
económica que comenzó en el año 2008 y que ha erosionado gravemente la
confianza de los ciudadanos en su gobierno y en el sistema financiero.
13. Hay que hacer constar que, hasta el año 2008, los ciudadanos percibían
los niveles de corrupción en España como bajos y que el país figuraba entre los
20 países menos corruptos en el índice anual de percepción de la corrupción
(IPC) elaborado por Transparencia Internacional. Esta tendencia se invirtió
drásticamente cuando la economía española entró en recesión después de 15
años de crecimiento económico sostenido. A partir del año 2009, la percepción
sobre los niveles de corrupción en España ha aumentado durante tres años
consecutivos. En el año 2012, España había descendido diez puestos hasta la
30ª posición en el más reciente índice de percepción de la corrupción (IPC)
confeccionado por Transparencia Internacional. Una reciente encuesta
nacional, publicada en el 2012, destaca que los ciudadanos españoles sitúan la
corrupción, el fraude, los partidos políticos y los políticos en general entre sus
principales preocupaciones como, por ejemplo, el paro
-
14. En cuanto a los temas tratados en la Cuarta Ronda de Evaluación del
GRECO, en el año 2007 los miembros del Parlamento español gozaban de
mayores niveles de confianza que la media de sus iguales en los 27 países de
la UE2. Según una reciente encuesta especial (Eurobarómetro) publicada por la
Comisión Europea, esta relativamente positiva imagen de los políticos
nacionales empezó a sufrir un marcado deterioro durante los años siguientes, y
el porcentaje de españoles que cree que la corrupción está ampliamente
extendida entre los políticos nacionales alcanzó el 78% en el año 2011 (la
media en la UE es del 57%)3. Por otra parte, esa misma encuesta revela que el
40% de los españoles encuestados cree que la errática actuación de los
políticos (Gobierno y Parlamento) es uno de los principales factores que
alimentan la corrupción dentro del país. El EEG fue informado de que no se ha
dado ni un solo caso en que un miembro del Parlamento haya sido condenado
por un delito de corrupción cometido en relación con sus funciones
parlamentarias. Cuando algún miembro del Parlamento ha sido condenado por
corrupción, lo ha sido por algún hecho corrupto relacionado con el doble
mandato ejercido por dicho parlamentario en el gobierno local.
-
15. En lo que respecta a los miembros del Poder Judicial, aunque sus
índices de credibilidad son mejores que los de los políticos, la tendencia
descendente desde el año 2007 es similar a la observada en el caso de estosúltimos.
índices de credibilidad son mejores que los de los políticos, la tendencia
descendente desde el año 2007 es similar a la observada en el caso de estosúltimos.
El Eurobarómetro del año 2011 revela que el 41% de los españoles
encuestados pensaba que la corrupción está ampliamente extendida entre los
miembros de la judicatura (el promedio en la UE es del 32%), mientras que los
que pensaban de esta manera constituían tan sólo el 17% en el año 2007.
Además de los efectos de un empeoramiento de la economía, la opinión
generalizada entre los españoles de que su Justicia funciona mal parece haber
exacerbado esta pérdida de credibilidad en el Poder Judicial4. Un reciente
informe nacional, publicado en abril del 2013, muestra resultados más
positivos, con un importante aumento del grado de confianza en la judicatura
del 47%, lo que probablemente tiene su origen en recientes decisiones de
algunos jueces y fiscales defendiendo el derecho de los ciudadanos a la
vivienda y protegiéndolos frente a un “desahucio express”5.
encuestados pensaba que la corrupción está ampliamente extendida entre los
miembros de la judicatura (el promedio en la UE es del 32%), mientras que los
que pensaban de esta manera constituían tan sólo el 17% en el año 2007.
Además de los efectos de un empeoramiento de la economía, la opinión
generalizada entre los españoles de que su Justicia funciona mal parece haber
exacerbado esta pérdida de credibilidad en el Poder Judicial4. Un reciente
informe nacional, publicado en abril del 2013, muestra resultados más
positivos, con un importante aumento del grado de confianza en la judicatura
del 47%, lo que probablemente tiene su origen en recientes decisiones de
algunos jueces y fiscales defendiendo el derecho de los ciudadanos a la
vivienda y protegiéndolos frente a un “desahucio express”5.
16:
España, sin embargo, ha venido introduciendo una serie de medidas
positivas a lo largo de las dos últimas décadas con el fin de mejorar la
detección y, en última instancia, castigar la corrupción. Un importante hito en el
sistema fue la creación, en 1995, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y
la Criminalidad Organizada (y sus correspondientes unidades sub-nacionales).
Desde entonces, la especialización de los Cuerpos de Seguridad del Estado se
ha intensificado y el GRECO ha reconocido expresamente en anteriores
informes la positiva actitud de jueces y fiscales dispuestos a juzgar y sentenciar
los delitos de corrupción6. La sensación de escándalo en torno a la vida política
y las muchas y diversas investigaciones sobre corrupción que hay en curso,
han llevado recientemente al Parlamento a dictar una resolución con el fin de
elaborar un conjunto de medidas políticas y legislativas que permitan mejorar la
lucha contra la corrupción (el denominado “Pacto de regeneración
democrática”), principalmente mediante la aprobación de una norma sobre
transparencia (proyecto de Ley de Transparencia), la revisión de las normas
sobre financiación de partidos, el reforzamiento de los controles por parte del
Tribunal de Cuentas, tipificando el enriquecimiento ilícito como delito
específico, aumentando las sanciones por delitos de corrupción y agilizando los
procedimientos penales con el fin de que las investigaciones resulten más
rápidas y eficientes. Las autoridades admitieron durante la visita in-situ que es
preciso dedicar mayores esfuerzos a diversos aspectos relacionados con la
prevención de la corrupción.
Sobre GRECOEl Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) supervisa el cumplimiento de sus 49 estados miembros con los instrumentos anti-corrupción del Consejo de Europa. La supervisión del GRECO incluye un “procedimiento de evaluación” que está basado en las respuestas específicas de un país al cuestionario y a las visitas in situ, y para el que hay un seguimiento de evaluación de impacto (“procedimiento de cumplimiento”) que examina las medidas tomadas para ejecutar las
recomendaciones resultantes de las evaluaciones de países. Se aplica un proceso dinámico de
evaluación mutua y presión entre iguales, combinando la experiencia de los profesionales que
actúan como evaluadores y representantes del estado que participan en las asambleas plenarias.
El trabajo llevado a cabo por el GRECO ha hecho adoptar un considerable número de informes que
contienen una importante información objetiva sobre las políticas y prácticas anti-corrupción
europeas. Los informes identifican los logros y deficiencias en la legislación, reglamentos, políticas y
organizaciones institucionales, e incluye recomendaciones encaminadas a mejorar la capacidad de
los estados para combatir la corrupción y promover la integridad.
La pertenencia al GRECO está abierta, en pie de igualdad, a los estados miembros del Consejo de
Europa y a los estados no miembros. Los informes de evaluación y cumplimiento, adoptados por el
GRECO, así como otras informaciones sobre el GRECO, están disponibles en: www.coe.int/greco.
positivas a lo largo de las dos últimas décadas con el fin de mejorar la
detección y, en última instancia, castigar la corrupción. Un importante hito en el
sistema fue la creación, en 1995, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y
la Criminalidad Organizada (y sus correspondientes unidades sub-nacionales).
Desde entonces, la especialización de los Cuerpos de Seguridad del Estado se
ha intensificado y el GRECO ha reconocido expresamente en anteriores
informes la positiva actitud de jueces y fiscales dispuestos a juzgar y sentenciar
los delitos de corrupción6. La sensación de escándalo en torno a la vida política
y las muchas y diversas investigaciones sobre corrupción que hay en curso,
han llevado recientemente al Parlamento a dictar una resolución con el fin de
elaborar un conjunto de medidas políticas y legislativas que permitan mejorar la
lucha contra la corrupción (el denominado “Pacto de regeneración
democrática”), principalmente mediante la aprobación de una norma sobre
transparencia (proyecto de Ley de Transparencia), la revisión de las normas
sobre financiación de partidos, el reforzamiento de los controles por parte del
Tribunal de Cuentas, tipificando el enriquecimiento ilícito como delito
específico, aumentando las sanciones por delitos de corrupción y agilizando los
procedimientos penales con el fin de que las investigaciones resulten más
rápidas y eficientes. Las autoridades admitieron durante la visita in-situ que es
preciso dedicar mayores esfuerzos a diversos aspectos relacionados con la
prevención de la corrupción.
Sobre GRECOEl Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) supervisa el cumplimiento de sus 49 estados miembros con los instrumentos anti-corrupción del Consejo de Europa. La supervisión del GRECO incluye un “procedimiento de evaluación” que está basado en las respuestas específicas de un país al cuestionario y a las visitas in situ, y para el que hay un seguimiento de evaluación de impacto (“procedimiento de cumplimiento”) que examina las medidas tomadas para ejecutar las
recomendaciones resultantes de las evaluaciones de países. Se aplica un proceso dinámico de
evaluación mutua y presión entre iguales, combinando la experiencia de los profesionales que
actúan como evaluadores y representantes del estado que participan en las asambleas plenarias.
El trabajo llevado a cabo por el GRECO ha hecho adoptar un considerable número de informes que
contienen una importante información objetiva sobre las políticas y prácticas anti-corrupción
europeas. Los informes identifican los logros y deficiencias en la legislación, reglamentos, políticas y
organizaciones institucionales, e incluye recomendaciones encaminadas a mejorar la capacidad de
los estados para combatir la corrupción y promover la integridad.
La pertenencia al GRECO está abierta, en pie de igualdad, a los estados miembros del Consejo de
Europa y a los estados no miembros. Los informes de evaluación y cumplimiento, adoptados por el
GRECO, así como otras informaciones sobre el GRECO, están disponibles en: www.coe.int/greco.
---
INTRODUCTION
1. The Fourth Round Evaluation Report on Spain was adopted at GRECO’s 62nd Plenary
Meeting (2-6 December 2013) and made public on 15 January 2014, following
authorisation by Spain. The Fourth Evaluation Round deals with “Corruption
Prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors”.
2. As required by GRECO's Rules of Procedure, the authorities of Spain submitted a
Situation Report on measures taken to implement the recommendations. GRECO
selected Iceland (with respect to parliamentary assemblies) and Italy (with respect
to judicial institutions) to appoint rapporteurs for the compliance procedure. The
Rapporteurs appointed were Mr Helgi Magnús GUNNARSSON on behalf of Iceland
and Ms Emma RIZZATO, on behalf of Italy. They were assisted by GRECO’s
Secretariat in drawing up the Compliance Report.
3. In the Compliance Report, which was adopted by GRECO at its 72nd Plenary Meeting
(27 June-1 July 2016), it was concluded that none of the 11 recommendations
contained in the Fourth Round Evaluation Report had been satisfactorily
implemented or dealt with in a satisfactory manner by Spain. In view of this result,
GRECO concluded that the very low level of compliance with the recommendations
was “globally unsatisfactory” in the meaning of Rule 31, paragraph 8.3 of the Rules
of Procedure. GRECO therefore decided to apply Rule 32, paragraph 2 (i)
concerning members found not to be in compliance with the recommendations
contained in the mutual evaluation report, and asked the Head of delegation of
Spain to provide a report on the progress in implementing the pending
recommendations (i.e. all recommendations) by 31 July 2017. The report received
served as a basis for the Interim Compliance Report.
4. It is recalled that in the Compliance Report, recommendations iii, vii, ix, x and xi
have been partly implemented; recommendations i, ii, iv, v, vi and viii have not
been implemented. The current Interim Compliance Report assesses the further
implementation of the aforementioned recommendations since the adoption of the
Compliance Report, and performs an overall appraisal of the level of Spain’s
compliance with these recommendations.
II. ANALYSIS
Corruption prevention in respect of members of parliament
5. In 2016, in the 11th legislative term, the Committee for the Auditing of Democratic
Quality, the Fight against Corruption and Institutional and Legal Reforms was
established in the Congress of Deputies. Its objectives were the analysis of the
incompatibilities regime of public positions in order to guarantee its effective
observance, avoiding conflicts of interest and the analysis of the effectiveness of
new measures and instruments in fields such as transparency, democratic
regeneration or the fight against corruption.
6. During the 12th legislative term, the aforementioned Committee promoted the
setting up of a Subcommittee devoted to analysing the regime and financing of
political parties, strengthening of impartiality of independent authorities and the
protection of complainants in corruption cases. On 15 February 2017, the
Committee initiated a series of public hearings aimed at benefiting from the
knowledge of Spanish and foreign experts concerning the regime and financing of
political parties. To date, the Committee has held 28 hearings and has started to
draft its report, which should be concluded before the end of the year.
1. The Fourth Round Evaluation Report on Spain was adopted at GRECO’s 62nd Plenary
Meeting (2-6 December 2013) and made public on 15 January 2014, following
authorisation by Spain. The Fourth Evaluation Round deals with “Corruption
Prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors”.
2. As required by GRECO's Rules of Procedure, the authorities of Spain submitted a
Situation Report on measures taken to implement the recommendations. GRECO
selected Iceland (with respect to parliamentary assemblies) and Italy (with respect
to judicial institutions) to appoint rapporteurs for the compliance procedure. The
Rapporteurs appointed were Mr Helgi Magnús GUNNARSSON on behalf of Iceland
and Ms Emma RIZZATO, on behalf of Italy. They were assisted by GRECO’s
Secretariat in drawing up the Compliance Report.
3. In the Compliance Report, which was adopted by GRECO at its 72nd Plenary Meeting
(27 June-1 July 2016), it was concluded that none of the 11 recommendations
contained in the Fourth Round Evaluation Report had been satisfactorily
implemented or dealt with in a satisfactory manner by Spain. In view of this result,
GRECO concluded that the very low level of compliance with the recommendations
was “globally unsatisfactory” in the meaning of Rule 31, paragraph 8.3 of the Rules
of Procedure. GRECO therefore decided to apply Rule 32, paragraph 2 (i)
concerning members found not to be in compliance with the recommendations
contained in the mutual evaluation report, and asked the Head of delegation of
Spain to provide a report on the progress in implementing the pending
recommendations (i.e. all recommendations) by 31 July 2017. The report received
served as a basis for the Interim Compliance Report.
4. It is recalled that in the Compliance Report, recommendations iii, vii, ix, x and xi
have been partly implemented; recommendations i, ii, iv, v, vi and viii have not
been implemented. The current Interim Compliance Report assesses the further
implementation of the aforementioned recommendations since the adoption of the
Compliance Report, and performs an overall appraisal of the level of Spain’s
compliance with these recommendations.
II. ANALYSIS
Corruption prevention in respect of members of parliament
5. In 2016, in the 11th legislative term, the Committee for the Auditing of Democratic
Quality, the Fight against Corruption and Institutional and Legal Reforms was
established in the Congress of Deputies. Its objectives were the analysis of the
incompatibilities regime of public positions in order to guarantee its effective
observance, avoiding conflicts of interest and the analysis of the effectiveness of
new measures and instruments in fields such as transparency, democratic
regeneration or the fight against corruption.
6. During the 12th legislative term, the aforementioned Committee promoted the
setting up of a Subcommittee devoted to analysing the regime and financing of
political parties, strengthening of impartiality of independent authorities and the
protection of complainants in corruption cases. On 15 February 2017, the
Committee initiated a series of public hearings aimed at benefiting from the
knowledge of Spanish and foreign experts concerning the regime and financing of
political parties. To date, the Committee has held 28 hearings and has started to
draft its report, which should be concluded before the end of the year.
...
GRECO recommended:
for each Chamber of Parliament, (i) that a code of conduct be developed and
adopted with the participation of its members and be made easily accessible to
the public (comprising guidance on e.g. prevention of conflicts of interest, gifts
and other advantages, accessory activities and financial interests, disclosure
had not been implemented.
for each Chamber of Parliament, (i) that a code of conduct be developed and
adopted with the participation of its members and be made easily accessible to
the public (comprising guidance on e.g. prevention of conflicts of interest, gifts
and other advantages, accessory activities and financial interests, disclosure
requirements); (ii) that it be complemented by practical measures for its
implementation, including through an institutionalised source of confidential
counselling to provide parliamentarians with guidance and advice on ethical
questions and possible conflicts of interest, as well as dedicated training
activities (recommendation i);
that appropriate measures be taken to ensure effective supervision and
enforcement of the existing and yet-to-be established declaration requirements
and other rules of conduct of members of Parliament (recommendation iv).
10. In the absence of far-reaching improvements of the ethics and conduct regime
applicable to parliamentarians, GRECO concluded that recommendations i and ivhad not been implemented.