La idea de volver a los orígenes, a que las personas intercambien bienes y servicios con otras personas sin intermediarios, sonaba prometedora. La economía colaborativa tenía buena pinta. Gente con coche y tiempo libre que acercaba a otra gente a alguna parte, personas que alquilaban por horas una habitación desaprovechada en sus casas… La tecnología eliminando barreras y sacando a las grandes empresas de la ecuación. Olía a democratización. Sobre el papel, era perfecto.
Pero la práctica no siempre aguanta la teoría. Los que prometieron economía colaborativa, de persona a persona, ahora están al frente de unicornios, que es como les gusta llamar en Silicon Valley a las empresas jóvenes valoradas en más de mil millones de dólares; o incluso decacornios, el término de moda para hablar de aquellas que han superado los diez mil millones de valoración.
Poco hay de bello y mitológico en estas bestias. Uber, Airbnb y compañía son monstruos sustentados por las grandes firmas de capital riesgo, por inversores multimillonarios que operan a nivel global desafiando las leyes fiscales y, sobre todo, laborales. Y a menudo, por desgracia, precarizando empleos y pisoteando los derechos de sus trabajadores.
Todos hemos escuchado las protestas de los riders, esos autónomos que pedalean durante horas por unos pocos euros, sometidos a una presión constante, para llevar a nuestras casas una hamburguesa o lo que se tercie. Para eso ha quedado la economía colaborativa, que más bien se ha convertido en paradigma de aquello en lo que algunos pretenden convertir el trabajo: una cadena de pequeños bolos mal pagados y circunstanciales que se aceptan a través de una aplicación en el móvil. Para que no suene tan mal, lo llaman gig economy. Dicen que nos da independencia, pero lo que hace es quitarnos la seguridad.
Hartos de esta situación, algunos emprendedores han decidido dar la espalda a los gigantes de la mal llamada economía colaborativa y montar sus propios Airbnb, Deliveroo o Amazon. Lo hacen en forma de cooperativas (en jerga, platform cooperatives), que son propiedad de sus trabajadores y que intentan respetar la idea de partida: eliminar intermediarios gracias a las herramientas tecnológicas.
Por desgracia, el conocido como efecto Airbnb es una realidad en muchas ciudades, cuyos barrios más céntricos están inmersos en un brutal proceso de gentrificación. Madrid es un claro ejemplo: los alquileres alcanzan máximos históricos en hasta diez distritos. En el centro de la capital, una de cada diez viviendas está destinada a los turistas y se ofrece en tablones de anuncios virtuales como el de la empresa estadounidense. Sube el coste de la vida y los locales se quedan sin opciones.
La alternativa surgió en Ámsterdam en 2016. El movimiento Fairbnb intenta frenar esa espiral capitalista sin hacernos renunciar a la vertiente colaborativa del alojamiento, más asequible para muchos bolsillos, y que permite vivir una experiencia turística distinta. La idea es que los beneficios de la aplicación, que no anda lejos de llegar a España, se reinviertan en proyectos sociales para los propios barrios y contra los efectos negativos del turismo.
Similar es la filosofía de Fairmondo, un Amazon más justo y sostenible que pretende combatir las tendencias autoritarias del gigante que dirige Jeff Bezos, infame entre sus propios trabajadores (que en España, hace no mucho, fueron a la huelga) y entre los pequeños comerciantes por la inagotable presión que ejerce para rebajar los precios. A diferencia del original, las comisiones son asumibles y el trueque es bienvenido en esta réplica que, además, se preocupa por el impacto de sus operaciones en el medioambiente.
No podemos mirar para otro lado. La economía colaborativa nos hace la vida más fácil y hay que promoverla, pero a lo que ciertas bestias disfrazadas de unicornios practican lo llaman colaborativo y no lo es. Miremos con lupa lo que nos venden como democratización, no sea que nos la estén metiendo doblada.https://www.yorokobu.es/democratizacion/
El problema es que una economia de mercado libre debe de estaar regulada para impedir los monopolicos, o bien deben de controlarse y auditarse estas empresas, por ejemplo con la matriz de la economia del bien común.