Negociación politica fallida VS Procesamientos en Catalunya. El proceso maldito
La situación esta colapsada,muy quemada. Se ha llegado demasiado lejos y seguir por esta senda es peligroso. Creo que necesitamos un nuevo proceso donde todos los políticos actuales de ambos lados den un paso atrás, dejando la política, debiendo asumir sus errores y su responsabilidad. Necesitamos a nuevos lideres estadistas que aporten nuevas soluciones con una nueva forma hacer política más colaborativa y no frentista. Se necesitan constructores de nuevos puentes.
La situación esta colapsada,muy quemada. Se ha llegado demasiado lejos y seguir por esta senda es peligroso. Creo que necesitamos un nuevo proceso donde todos los políticos actuales de ambos lados den un paso atrás, dejando la política, debiendo asumir sus errores y su responsabilidad. Necesitamos a nuevos lideres estadistas que aporten nuevas soluciones con una nueva forma hacer política más colaborativa y no frentista. Se necesitan constructores de nuevos puentes.
Sugiero las listas abiertas y un federalismo similar al Alemán con un bundesrat que suprima al senado actual,con una revisión de nuestra constitución.
En el caso de Europa, unos estados unidos de europa federados.
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"Un estado federal en el que las comunidades asuman responsabilidad y le traspasen al estado federal las competencias imprescindibles como exteriores, defensa, infraestructura nacional...
Y sobre todo introducir a nivel municipal, autonómico y federal instrumentos de control democrático permanente y participación ciudadana vinculante, para evitar el despilfarro, la corrupción y el pasotismo"D.O.
Y sobre todo introducir a nivel municipal, autonómico y federal instrumentos de control democrático permanente y participación ciudadana vinculante, para evitar el despilfarro, la corrupción y el pasotismo"D.O.
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Cuando falla la negociación política, hay frentismo, hay entrada en un laberinto no se sabe salir,se improvisa y se actúa fuera de la legalidad, acabando actuando la justicia de forma,implacable, justa y / o de forma desproporcional ante el riesgo de fuga.
El encarcelamiento no se gradúa está establecido en la ley, es lo primero que tenían que haber valorado.
1.Cataluña: ¿y ahora qué?
El último capítulo de la larga serie del psicodrama catalán tuvo un desenlace inesperado para muchos (aunque no para este blog, como pueden ver aquí y aquí). Tras un largo “planteamiento”, un “nudo” casi gordiano de requerimientos contestaciones, amagos y amenazas, la cosa quedó en una pseudo-DUI descafeinada y un 155 reducido en sus pretensiones iniciales con el añadido de una inmediata convocatoria de elecciones.
Ese “desenlace” no ha sido, por supuesto, un desenlace definitivo y a partir de ahí han ocurrido muchas cosas, y más que van a ocurrir. En este post queremos advertir de que en el maremágnum de acontecimientos presentes y futuros es preciso no perder el rumbo, y que ello exige un esfuerzo para distinguir lo principal de lo accesorio.
Nos aclaramos: hay algunas cosas que se pueden discutir desde el ámbito político o jurídico pero hay otras que deben considerarse principios mínimos, sin lo cuales no hay nada a lo que agarrarse. Por ejemplo: podemos debatir si ha sido acertado convocar elecciones inmediatamente o hubiera sido mejor esperar y desmontar parte del tinglado institucional y mediático que nos ha conducido hasta aquí; podemos criticar los autos de los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo y entender que hubiera sido más justa (y conveniente) una libertad condicional para todos o algunos de los querellados, o por el contrario que todos deberían ingresar en prisión; podemos discutir si ha concurrido la violencia necesaria para calificar el delito de rebelión, o incluso de sedición, o si esto al final debe quedar en un simple delito de desórdenes públicos. Todo se puede discutir en un Estado de Derecho.
Pero hay cosas que son esenciales, y deberíamos ser conscientes de ello, porque sin esas cosas es muy difícil un entendimiento. Por ejemplo, que el Estado de Derecho es algo irrenunciable, innegociable e inseparable de una democracia que se precie de ser tal, por lo que no cabe modificar constituciones por medio de referendos ilegales, aunque eso no quiere decir que las constituciones no puedan modificarse por el procedimiento correspondiente. El procedimiento es justicia y libertad. También que meter a una persona en la cárcel por cometer delitos por motivos políticos no es crear presos políticos ni encarcelar a nadie por sus ideas. Intentar romper el pacto político por la vía de hecho es una de las agresiones más serias que puede sufrir una comunidad política y en todos los países democráticos se castiga con penas serias.
También es un dato casi seguro que el secesionismo va a seguir ahí, más o menos frustrado, y va a tener el apoyo de más o menos un cincuenta por ciento de la población. Pero, además, no debe ignorarse otra realidad: ha habido una evolución del nacionalismo a un secesionismo que no está exento de ribetes nocivos y antidemocráticos. Es decir, no se trata sólo de cómo resolver unas discrepancias políticas con las reglas que tenemos establecidas y en la que podríamos desembocar en la independencia de una región, sino como gestionar que una parte de la población apoya a unos líderes que han decidido prescindir de toda regla y acometer sus pretensiones por la vía de hecho. Este dato es también esencial, porque el independentismo, como opción política, cabe en el sistema, pero el totalitarismo secesionista, para el que el fin justifica los medios, no.
Otro hecho que hay que tener en cuenta es que España existe como nación y existe desde hace mucho tiempo, y que existen sentimientos de identidad española que comparte muchísima gente también en Cataluña como, sin duda, se ha mostrado con gran plasticidad en las últimas semanas; como lo es que hay una “cuestión catalana” que no es de ahora y que responde a otros sentimientos y hechos históricos que no proceden del señor Puigdemont y adláteres.
Pero las circunstancias nos han llevado a la situación en la que nos encontramos, que es la indiscutible aplicación del artículo 155 y del Código Penal, al menos en su fase inicial. Y, ¿ahora qué?¿Alguien piensa que basta aplicar las normas políticas y penales para que esto se solucione? Quizás el Sr. Rajoy sí lo piense, pero cualquier persona con sentido común y con los incentivos correctos debe percatarse que este lio es imposible que pueda arreglarse por ensalmo. Pudiera ser que unas elecciones cambien el panorama político en Cataluña con una nueva mayoría que acatara la Constitución y acometiera ciertas reformas que permitieran reintegrar a Cataluña a la normalidad. Otra opción es que no sea así, y haya que aplicar de nuevo el artículo 155, en una sucesión de actos de acción-reacción in crescendo hasta que entraran en razón, la razón de la legalidad. Pero ni aun en el primero de los casos la situación quedaría resuelta. Todos estos factores son importantes y muestran que, más allá de las medidas hasta ahora adoptadas, va a ser preciso afrontar sin perdida alguna de tiempo varias cuestiones.
En primer lugar, debemos realizar una importante labor de reflexión acerca de por qué hemos llegado a este punto de casi ruptura. Hace tres años abogábamos (aquí) por realizar un esfuerzo paralelo al que se hace en la mediación y en otros modos de resolución alternativa de conflictos: ponerse en el lugar del otro y ver qué ocurre. Es necesario estudiar el invocado déficit de financiación y ponerle solución. Es imprescindible reorganizar y aclarar nuestro sistema competencial de organización territorial sin que ello tenga que implicar una cesión al “chantaje” soberanista. Esa distribución, pese a lo que muchos creen, no es un juego de suma cero. Es posible reservar unas competencias básicas al Estado, ceder el resto a las CCAA, y que el Estado mantenga unas competencias excepcionales de intervención para la preservación de la unidad de mercado y de la igualdad de las condiciones de vida de los ciudadanos cualquiera que sea el lugar donde residan. De esta forma, las CCAA tendrán más competencias y también más responsabilidad fiscal frente a sus ciudadanos, pero el Estado saldrá ganando si se le atribuyen facultades de intervención que ahora no tiene.
Entre otras cosas, tal cosa permitiría poner coto a esa corriente nociva y antisistema que ha estado empeñada en los últimos años en un esquema planificado de propaganda. Es interesante este trabajo (aquí) que muestra claramente que el independentismo crece cuando las autoridades regionales quieren traspasar la culpa de las consecuencias de la crisis a otras instancias, como muchos ya pensábamos. Para eso tiene que estar normativamente mucho más claro cuándo son ellas principalmente las que tiene la culpa de las perdidas relativas de bienestar de su CA, y no el Estado.
Pero hay algo muy importante que añadir, y es que debemos ver también la viga en el ojo propio. Lo que queremos decir es que esta deriva enloquecida hay culpas personales concretas pero también hay un elemento muy importante que tener en cuenta: la debilidad institucional propia que todos los españoles hemos permitido, muchas veces por complicidad, y si no por indiferencia. Así como las consecuencias de la crisis económica han pesado en España más que en otros lugares porque nuestra estructura institucional ha permitido que organismos que tendrían que haber actuado mucho mejor no lo hicieran -porque estaban capturados- también cabe decir que el nacimiento y agravamiento de la crisis política deben mucho a la debilidad institucional y a los vicios de un sistema que no practica, o lo hace tarde y mal, ni controles ni rendiciones de cuentas, pero tampoco penaliza las malas actuaciones. Esta debilidad ha minado el prestigio de las instituciones clave de nuestro sistema político y ha generado la sensación de que aquí vale todo, al menos para quién tiene el poder político (léase fáctico) por el mango.
En relación a Cataluña, pero también al resto de España, la dejadez y la lenidad son antiguas y han permitido desde hace tiempo que el Estado de Derecho fuera un simple concepto sin aplicación práctica y que intereses electorales a corto permitieran dar carta de naturaleza a situaciones que, por otro lado, todo el mundo reconocía como injustas e intolerables y que solo una situación crítica como esta parece poner en primer plano. Véase la cuestión, ahora de moda, del clientelismo nacionalista en todos los niveles sociales, desde el cultural y educativo al mediático y empresarial, con su correspondiente dosis de corrupción hard and soft. En una cadena descendente de descontroles, resulta que no sólo las relaciones entre el Estado y Cataluña han estado presididas por esa debilidad, sino que es precisamente en Cataluña donde la captura institucional ha presentado síntomas más agudos y ha permitido que el ejecutivo invada todos los sectores de la vida social y económica, como la educación a través de sus competencias, la prensa a través de la publicidad institucional (El Punt Diari va a hacer un ERE porque no puede vivir sin ella dos semanas), la sociedad civil a través de subvenciones, la Administración a través de la discrecionalidad y el mundo empresarial a través del clientelismo. Pero no nos engañemos, estos males son absolutamente generales. No es difícil comprender cómo esta hidra institucional puede llegar a conseguir por convencimiento o por intereses cruzados poner a un país en una situación crítica. Hoy ha sido esto, mañana vete a saber qué.
No ocultamos que nuestra visión es básicamente institucionalista y que consideramos que una modificación de las reglas del juego, formales o informales, legales o sociales, es esencial para que cambien las estructuras y las dinámicas de los países. Y que esas reglas no es fácil cambiarlas, pero que hay que aprovechar las coyunturas críticas, en que esas estructuras están en cuestión, para introducir cambios. Y este es el momento adecuado para introducir reformas que beneficien a todos, partiendo de la base que lo que ha fallado aquí no es sólo Cataluña, sino todo un sistema que ha generado incentivos inadecuados para todos.
Por eso, la reforma constitucional que se barrunta no puede ser una reforma constitucional para “encajar Cataluña en España”. Tiene que ser una reforma para encajar de una vez España, empezando por su aparato institucional. Necesitamos estudios técnicos y datos fiables, pero también saber a dónde nos queremos dirigir. Hemos construido un Estado federal sin los instrumentos típicos de responsabilidad autonómica y control federal propios de esos Estados. Hemos desactivado a conciencia los controles institucionales que garantizaban, a todos los niveles (local, autonómico y estatal) el funcionamiento neutral de nuestras instituciones en beneficio de los intereses generales. Es el momento de dar, por fin, el paso que nos falta. Toda crisis es también una gran oportunidad.
https://hayderecho.com/2017/11/20/cataluna-y-ahora-que/
2.Empatía interterritorial
El nuevo modelo autonómico requiere complicidad y cooperación entre comunidades
DAVID VALLESPÍN
https://elpais.com/elpais/2018/02/28/opinion/1519839832_656321.html
Cualquier intento de construcción razonable de un nuevo marco territorial en nuestra Constitución, lejos de posicionamientos unilaterales tendrá que pasar por la consecución, fruto del diálogo, del máximo consenso posible. Hay que partir de un principio de “empatía interterritorial” que nos permita, dentro de un proyecto compartido y presidido por la lealtad, no solo defender lo que se entiende como justo para una comunidad autónoma, sino también comprender y, en su caso, aceptar, lo que lo pueda serlo para las otras. Sin la complicidad y cooperación de todas, cualquier intento de resolver un problema puede verse reducido a una simple y buena intención condenada al fracaso y, en consecuencia, generadora de una nueva frustración, cuando no conflicto.
Debemos ser capaces de diseñar un nuevo modelo territorial, acompañado de un nuevo sistema de financiación autonómica, que nos permita conseguir que todas las comunidades sean tratadas, como se merecen, dentro de una España adaptada a los nuevos tiempos y circunstancias. Si Cataluña, lejos de vías unilaterales, sabe ponerse en el lugar de los otros; y las otras comunidades son capaces de entender, en paralelo, lo que muchos catalanes podemos sentir, será mucho más fácil explicar, objetivamente, sin renunciar a unas líneas generales comunes y armónicas, los hechos diferenciales que son propios de cada territorio.
Si es factible una hipotética quita de la deuda de las comunidades autónomas, cualquier propuesta que se pueda plantear deberá tener presente que, de una u otra forma, deberá afectar, en positivo, a todos los territorios. Y a la hora de diseñar un nuevo sistema de financiación autonómica habrá que hacer compatible la toma en consideración, en forma equitativa, de criterios a primera vista antagónicos, como los relativos al volumen de población (que pueden interesar a Madrid o Cataluña) o bien al coste real de los servicios públicos a financiar por cada comunidad en función de su orografía o dispersión de sus núcleos de población (lo cual será puesto sobre la mesa, a buen seguro, entre otras, por Andalucía, Cantabria, Extremadura o Castilla-La Mancha).
El Estado deberá asumir, de una vez por todas, que son las comunidades las que gestionan gastos crecientes, como los relativos a sanidad, educación o protección social.
Esta “cuadratura del círculo” solo podrá llegar a buen puerto mediante concesiones recíprocas entre los diferentes intereses de cada territorio. El Estado deberá asumir, de una vez por todas, que son las comunidades las que gestionan gastos crecientes, como los relativos a sanidad, educación o protección social. Y las comunidades, fruto del principio de empatía interterritorial, deberán pensar, superando cualquier tentación egoísta, en alcanzar un beneficio común e igualitario para toda la ciudadanía como así exige una correcta comprensión e implementación del Estado del bienestar.
Si la reforma se afronta con sensatez por todos, sobre la base de las conclusiones del informe emitido en mayo de 2017 por la comisión de expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica, no debiera haber ningún obstáculo, además, para poder poner sobre la mesa, con justificaciones más que razonables y legítimas, diferentes temas a debate. En el caso catalán, por ejemplo, el diálogo, desde el respeto constitucional, sobre gran parte del listado de reivindicaciones que el propio Gobierno de Cataluña presentó al Gobierno español en abril de 2016; las inversiones en infraestructuras estratégicas; el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña; o la consolidación y protección de muchas conquistas sociales que hoy, fruto de ciertas políticas, de aquí y de allí, están en grave riesgo e involución.
La solución a la insuficiencia económica de las comunidades de régimen común en un momento como el actual, en que su cartera de servicios no se ha reducido y el envejecimiento de la población presiona al alza, no puede pasar tanto por un trasvase de recaudación del nivel central al autonómico (no se trata de vestir a un santo para desvestir a otro), sino más bien por un incremento de la capacidad global de recaudación del sistema tributario, una mayor autonomía fiscal de las diferentes comunidades, la lucha contra el fraude fiscal y el impulso a los tributos medioambientales. Y todo ello no puede esperar mucho más, ni aplazarse hasta el 2019, así como tampoco venir condicionado a ciertos chantajes referidos a la presión para la aprobación presupuestaria, a la comodidad de aquellas otras comunidades de régimen foral que ya han negociado lo suyo, o a los intereses electorales, a corto plazo, de unos y otros.
David Vallespín Pérez es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.
OTROS ARTÍCULOS DEL AUTOR
http://articulosclaves.blogspot.com.es/2018/03/empatia-interterritorial-david-vallespin.html
3.Las razones del federalismo
http://articulosclaves.blogspot.com.es/2015/07/las-razones-del-federalismo-rmaiz.html
Estas son las principales frases de la instrucción, marcada en el auto de procesamiento, que ha desbaratado el último intento de investidura en el Parlamento catalán:Desobediencia “tozuda e incansable”- En los últimos 6 años, ha habido un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan determinado con el objetivo de declarar la independencia de Catalunya.-El Parlament desobedeció al Tribunal Constitucional de manera tozuda e incansable durante dos legislaturas y cinco años.- Los ex consellers continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de estado así como para divulgar su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional y de la ciudadanía.- El operativo llevado por los Mossos d’Esquadra ante el 1 de octubre estaba dirigido a boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción.- Los miembros de la Mesa del Parlament y las entidades ANC y Òmnium asumieron la responsabilidad de favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable.- El 20 de septiembre la muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados.Una estrategia latente- Jordi Sànchez y Jordi Cuixart aprovecharon su notoria capacidad de movilización colectiva para impulsar a los catalanes a que el 1-O acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido.- La estrategia secesionista puede continuar latente, aunque se encuentre puntualmente larvada y trate de servirse de un relevo de sus protagonistas.- Esta causa judicial hace frente a un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Catalunya y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno.Un diseño criminal nítido- El diseño criminal puede no haberse interrumpido con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución aprobada por el Senado y que -cada vez con mayor nitidez- parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas.- Los hechos del 20-S determinaron el efecto inherente a la violencia, esto es, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como acontecería en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire.- Aunque la violencia no estuviera idea desde el principio, desde luego permitió que todos los involucrados en el proceso se representan el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daños en el grupo social.Una masa ciudadana contra el Estado- Impulsaron una masa ciudadana a que desbordara por la fuerza cualquier intención de contención que pudiera provenir del Estado.- El 20-S fue la representación del fanatismo violento de muchos de sus seguidores.- Se decidió utilizar el poderío de la masa para, con él, hacer frente a una actuación policial que sabían orientada a imposibilitar el referéndum.- Los miembros de la Mesa del Parlament tuvieron una tenaz y perseverante desatención al requerimiento que en diversas ocasiones les hizo el Tribunal Constitucional.-Desde el Govern existió una relevante disposición de fondos públicos que no vino impulsada por las finalidades inherentes a las competencias que tiene encomendadas la administración autonómica, sino por el objetivo de satisfacer el interés compartido con un concreto sector de electores, pese a haber sido declarado reiteradamente inconstitucional por el Tribunal Constitucional.http://www.lavanguardia.com/politica/20180324/441878930046/auto-juez-llarena-tribunal-supremo-encarcelamiento-rull-turull-romeva-bassas-forcadell.html
Caso Escocia
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-43501584
Caso Escocia
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-43501584
Han cometido errores y han actuado de forma ilegal , el encarcelamiento me parece excesivo, en fin no le deseo la cárcel a nadie