Un gobierno, ¿para qué?
Cuentan que Giulio Andreotti, uno de los prodigios de la política italiana, solía decir que en el mejor de los casos el Senado no servía para nada. A veces siente uno la tentación de pensar lo mismo del gobierno, y en particular del de Catalunya, no porque sea peor que el de Madrid, sino porque acabaremos por acostumbrarnos a su ausencia. Pero es una tentación que hay que resistir, porque necesitamos un Gobierno de verdad, y pronto. Como prueba de que un gobierno es indispensable en una sociedad como la nuestra pondremos un ejemplo de una acción de gobierno bien diseñada y bien ejecutada en un terreno por el que los de aquí parecen sentir una especial afición, al menos en sus discursos: el de las políticas sociales.
El Gobierno finlandés se ha embarcado en un programa de reformas de su sistema de prestaciones sociales que podría servir de modelo aquí. En primer lugar, ha reflexionado sobre cuál es el problema más urgente del sistema actual. Un Estado de bienestar tiene tres objetivos: alcanzar al mayor número posible de beneficiarios (ser inclusivo), incitar a los ciudadanos a trabajar (ser incentivador) y no exceder lo que el Estado puede pagar (ser financiable). No es posible perseguir los tres por igual, y por ello es necesario elegir. Los finlandeses consideran que los más vulnerables ya están bien atendidos, y tampoco quieren que un nuevo sistema sea mucho más caro. Queda un problema urgente, la baja tasa de actividad: sólo un 70% de la población en edad de trabajar forma parte de la llamada población activa (en España es el 62%, pero en Suiza es el 80%). Es, pues, el sistema de incentivos lo que hay que abordar.
¿Por qué es el sistema finlandés poco incentivador?
El Gobierno no se pierde en consideraciones sobre el carácter nacional. La causa principal es la propia complejidad del sistema de prestaciones sociales: las hay de todos tipos, y para cada una hay un techo de ingresos por encima del cual se pierde el derecho a percibirla; como esos umbrales son distintos, le resulta muy difícil a un ciudadano corriente en paro calcular si vale la pena aceptar un trabajo a tiempo completo, perdiendo prestaciones, o si es preferible seguir en el paro. Como la administración del subsidio de desempleo es lenta, el que acepta un trabajo sabe que si lo pierde y ha de reingresar en el paro puede verse en apuros mientras le vuelve a llegar la prestación. Si se trata de un trabajo precario o a tiempo parcial, el cálculo es aún más incierto. El resultado es que, ante esa incertidumbre, muchos deciden no buscar trabajo, y de ahí la baja tasa de empleo.
Se trata, pues, de simplificar la maraña de subvenciones, exenciones y prestaciones en especie. ¿Cómo? Para responder la pregunta el Gobierno compara dos alternativas: la primera es una renta básica universal, para lo que hace un experimento con una muestra de 2.000 personas que reciben un cheque de 560 euros al mes durante dos años. La segunda es lo que se llama un crédito universal, algo ya probado en el Reino Unido: se consolidan todas las prestaciones en una cifra, y los derechos se pierden a medida que aumentan los ingresos, pero paulatinamente y no de golpe. Los resultados del experimento de renta universal se extrapolan al conjunto de la población y los resultados se complementan con simulaciones de situaciones personales y familiares de distintos tipos. Las conclusiones de la comparación son bastante claras, y coinciden con las de otros estudios: la renta básica universal es más costosa, aumenta la desigualdad y puede aumentar la pobreza, mientras que la alternativa puede no tener efectos negativos sobre el presupuesto, y reduce tanto la pobreza como la desigualdad. El crédito universal, además, aumenta más la tasa de participación. Este es un resumen muy superficial de los estudios del Gobierno finlandés, que acaba de recoger un informe de la OCDE. Conviene observar, por último, que los autores del trabajo no se consideran autorizados a emitir grandes recomendaciones: sólo insisten en que las piezas del sistema de bienestar deben haber sido probadas sobre el terreno antes de ser aplicadas a toda la población, y en que la resolución de problemas de incentivos es una prioridad. No van más allá.
¡Qué aburrido!, dirá el lector, y con razón; pero ¡qué buen trabajo! Es el trabajo de una administración profesional puesta al servicio de un objetivo definido elegido, no por los políticos, sino por un Gobierno comprometido, dispuesto a perseverar en el intento, a dedicarle los recursos políticos y presupuestarios necesarios y a rendir cuentas de los resultados. Es decir, entre otras cosas, por un Gobierno estable. Cuando lo tengamos aquí, podremos darnos cuenta de que los recursos humanos que requiere un trabajo tan meticuloso existen también aquí; los conocimientos y la capacidad técnica están. Están los mimbres; lo que falta es la voluntad de hacer de una vez el cesto.