De muy antaño en la historia de España la cuestión territorial ha sido el “demonio familiar” con mayor potencial conflictivo. Desde la frustrada I República en el siglo XIX, pasando por la II en 1931 y llegando a la vigente Constitución de 1978, la búsqueda de fórmulas de conciliación yconvivencia unitaria no ha localizado una solución feliz y estable. En este momento de la historia de nuestro país –que para muchos es una suerte de segunda transición democrática– parece que regresamos a la casilla de salida por lo que a Catalunya se refiere.
Unos errores políticos indisimulables perpetrados en la primera década de este siglo en la relación entre el Estado y las instituciones catalanas, la radicalización de las reivindicaciones de la clase dirigente de Catalunya, a la que atropelló también la crisis económica, y su deriva populista, y la temeraria actitud del Gobierno del PP al fiar la solución del problema al solo transcurso del tiempo en el contexto de una estrategia meramente legal y judicial, han vuelto a provocar vientos de fronda independentistasen Catalunya rescatando similitudes con los peores episodios secesionistas del pasado.
Catalunya se ha convertido en el caballo de batalla de la política española y también en una línea roja que separa y distingue dos concepciones muy diferentes de España y del propio Estado. La divergencia es tan profunda que es el asunto catalán y su manejo futuro el que determinará la posibilidad de según qué pactos para formar el Gobierno de la XI legislatura de la democracia. Existe, sin embargo, un criterio mayoritario representado en las Cortes Generales. Más de 250 de los 350 parlamentarios en el Congreso de los Diputados (PP, PSOE, Ciudadanos) no participa de aparentes soluciones que pongan en cuestión los principios dogmáticos de la Constitución de 1978 (unidad nacional, soberanía popular), aunque difieren en el alcance de las reformas que la Carta Magna requiere para ofertar una solución de convivencia a los muchos miles de catalanes que, enrolados en las filas independentistas, desertarían de ellas si dispusieran de una alternativa creíble.
http://www.lavanguardia.com/opinion/20160124/301624640723/catalunya-esa-linea-roja.html
Tres escenarios son descartables para el futuro inmediato de Catalunya y de España:
1) La culminación del proceso soberanista unilateral puesto en marcha en el 2012.
2) La celebración de un referéndum binario –sí o no a la independencia– y vinculante.
3) El mantenimiento del actual statu quo catalán. Pese al ninguneo a que ha sido sometida, la tercera vía es la única con posibilidades reales de prosperar. Porque consiste en elaborar una profunda reforma constitucional que, al mismo tiempo que revise otros aspectos, reconecte el autogobierno catalán con la Constitución, sometiendo a referéndum general la nueva formulación del pacto de convivencia, de tal manera que los catalanes y el resto de los españoles puedan pronunciarse de forma cuasi constituyente treinta y ocho años después de haberlo hecho sobre el texto constitucional ahora vigente.
Cualquier otra alternativa a la reformista sería impracticable, no sólo porque el Partido Popular dispone de minoría de bloqueo para una reforma agravada de la Constitución (es el único partido que tiene por sí sólo esa facultad), sino porque, y sobre todo, es la más transversal y aceptable para el conjunto de las comunidades autónomas y la más cohesiva de todas las posibles para los partidos políticos con vocación de gobierno. Siendo la española una democracia procedimental, la reforma de la Constitución, siguiendo las pautas para realizarla que ella establece, puede ser extraordinariamente audaz. El grave problema que plantea esta alternativa es la de su credibilidad. En Catalunya se duda seriamente de que haya una comprensión cabal de las aspiraciones que la reforma debería recoger y fuera del Principado se duda también de que, sea cual fuere la profundidad de la tal reforma, llegase a convencer al secesionismo reactivo.
En los últimos días, sin embargo, el nuevo president de la Generalitat y otros dirigentes independentistas han expresado las fortalezas y las debilidades del proceso soberanista, subrayando su insuficiente potencia para culminarlo con la creación de un nuevo Estado. Desde las instituciones del Estado y los partidos se reconoce que el catalán es el primer y más importante problema político de entre los muchos que padece España. De ese reconocimiento mutuo tendría que extraerse una conclusión pragmática: hay un camino practicable. En el bien entendido de que la solución posible para Catalunya y, por lo tanto, para España, no pretendería disolver el separatismo sino mermarlo hasta volver a convertirlo en una aspiración marginal, por innecesaria, en la sociedad catalana, como ya lo fue. Ese es el gran objetivo.