Lecciones catalanas para la izquierda
Existe una relación tormentosa entre nacionalismo y voto a partidos de izquierdas. Los debates identitarios son cosa del pasado; la modernización debe interpretarse en términos de unificación y de conflicto redistributivo en las ciudades
Mirar a Cataluña es mirar el futuro. Muchos de los conflictos sociales, económicos y políticos que vienen sucediendo allí en los últimos años son fracturas que vamos a encontrar con más frecuencia en las sociedades desarrolladas. Por ello, si somos capaces de entender qué está sucediendo, obtendremos valiosas enseñanzas, especialmente para la izquierda. El procés ha nublado cuestiones que son mucho más destacadas que lo meramente territorial. Eso no significa que la cuestión identitaria sea irrelevante en las sociedades del futuro, pero si nos centramos en exceso en ello, nos estaremos perdiendo otras transformaciones sociales que son igual o más importantes.
La evolución electoral de la izquierda en Cataluña nos puede dar una primera pista. Hasta el año 2006, el porcentaje de voto progresista en las elecciones catalanas se situó entre el 55% de 2003 y el 40% de 1984. La caída en sus apoyos se produce entre 2010 y 2015, cuando todos los partidos de izquierdas apenas suman más del 30% de las papeletas (incluyendo a los nacionalistas). De hecho, el menor porcentaje de apoyo lo observamos cuando el procés arranca en 2015. Las elecciones del 21 de diciembre han logrado revertir la tendencia, llevando a la izquierda a casi el 43% de los votos, unos datos similares a los que encontramos a principios de los años noventa. No es menos cierto que parte de la recuperación de la posición electoral es gracias a los nacionalistas de izquierdas, quienes por primera vez han superado el 25% de los apoyos cuando, en toda la serie histórica, ERC y la CUP tenían su máximo en el 17% del año 2012. Pero que la izquierda recupere terreno electoral, no significa que sea posible la unidad de acción. La fractura identitaria es en estos momentos una barrera insoslayable.
El segundo balance electoral relevante para la izquierda es que ha perdido la preeminencia que siempre ha tenido en las grandes ciudades catalanas. El 21 de diciembre el PSC ha sido la cuarta fuerza política en Barcelona y en las poblaciones entre 50.000 y 100.000 habitantes. En las que tienen más de 100.000 habitantes se ha situado en tercer lugar. En cambio, Ciudadanos se ha impuesto en 20 de las 23 urbes catalanas. O dicho de otra manera, algo está sucediendo en las grandes ciudades que afecta notablemente a los progresistas.
¿Cómo interpretamos todas estas cifras? La primera lección es que existe una relación tormentosa entre el nacionalismo y la izquierda. Durante mucho tiempo, los proyectos identitarios han contado con una cierta simpatía por parte de los progresistas. En la medida que sus reivindicaciones se centraban en lo cultural, la lengua o el deseo de ampliar libertades, la izquierda se sentía muy cómoda en esos debates. Pero cuando la defensa del colectivo nacional da un paso más allá y enfrenta a unas identidades contra otras, algo que viene sucediendo en Cataluña desde el año 2010, las formaciones progresistas se encuentran muy incómodas a la hora de elaborar un relato compartido y de mayorías. De ahí la profunda caída en los apoyos entre 2010 y 2015.
La única forma de superar esta incomodidad es dar un verdadero sentido histórico a lo que ha sucedido en el siglo XX. En realidad, los proyectos políticos más fascinantes son los procesos de unificación como la Unión Europea, Mercosur o la reunificación de Alemania. En un mundo donde las fronteras se debilitan y los desafíos son transnacionales, los esfuerzos que se vienen haciendo en muchas sociedades por compartir soberanía son mucho más loables que los casos de separación o aislamiento. Como recordaba en una reciente entrevista Fred Halliday, los procesos de independencia se reducen a colonias y al colapso del sistema comunista, donde la Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia y Etiopía dieron lugar a una veintena de Estados. Entender la dimensión de lo que está por venir en el futuro implica asumir que los países europeos han dejado de ser Estados-nación para ser Estados-miembro.
Este es un cambio muy importante en la concepción de la democracia, la economía o la redistribución. Muchos dirigentes no son conscientes de que los debates identitarios son propios de otro tipo de estado que hemos dejado atrás en el tiempo. La izquierda, si quiere ser modernizadora, debería empezar a interpretar el mundo bajo el prisma de la unificación y no sobre el de la separación y la identidad.
La segunda lección es que la fractura del mundo rural frente al mundo urbano va a ser una de las brechas más importantes en el futuro. Dice Michael Ignatieff en su libro Fuego y cenizas que una de las desigualdades más invisibles es la territorial. Conforme pase el tiempo, esta desigualdad no solo se acrecentará, sino que además dentro de las ciudades veremos una mayor conflictividad.
La fractura del mundo rural frente al urbano será una de las brechas más importantes en el futuro
En la era moderna, las ciudades siempre han sido el espacio para el progreso. Su mayor productividad, su continua especialización y su facilidad para transmitir información son factores que convierten al mundo urbano en un actor relevante de modernidad. Pero como señala Ryan Avent, están surgiendo las ciudades valladas. El enorme incremento del precio de la vivienda está expulsando a muchos grupos sociales, convirtiendo a algunas ciudades en un espacio para una ciudadanía de renta muy alta. En el fondo, lo que se va a producir dentro de las ciudades es una reproducción de la lucha de clases. Por un lado, tendremos a aquellos que no tienen capacidad adquisitiva suficiente para acceder a una vivienda (jóvenes, trabajadores poco cualificados, mujeres...). Por otro, estarán los niveles de renta altos, quienes se adueñarán del espacio físico. Este conflicto redistributivo es muy probable que se agrave con el progreso tecnológico, al dejar numerosos trabajos poco cualificados en niveles salariales muy bajos.
Si la izquierda no presta atención a este fenómeno urbano, lo más probable es que vaya perdiendo apoyos en las grandes ciudades, tal y como está sucediendo en la actualidad y como observamos en Cataluña. Una izquierda modernizadora debe tener un proyecto transformador para el espacio urbano que permita combinar los factores de progreso con una redistribución interna, y todo ello en un escenario de creciente desigualdad social.
Sobre estos dos aspectos debería comenzar a trabajar la izquierda. Es muy probable que una parte importante de los resultados del 21-D en Cataluña se expliquen por estas dos causas latentes. La salida que tenemos los progresistas en sociedades cada vez más fragmentadas, es establecer una épica de la unión y comprender lo que está sucediendo en las grandes urbes. La cuestión identitaria no es menor, desde luego. Pero el procés pasará, mientras que las soberanías compartidas y la transformación del mundo urbano seguirán ahí.
Ignacio Urquizu es profesor de Sociología en la Universidad Complutense (en excedencia) y diputado del PSOE por Teruel en el Congreso de los Diputados.
España es uno de los países de Europa con menos reformas constitucionales: en 39 años solo ha habido dos, ambas derivadas de la Unión Europea. En cambio, todos los países democráticos tienden a revisar sus constituciones periódicamente.
Reforma des-constitucional
Sacar algunos temas de la Constitución permitiría cambios legislativos más asequibles
La reforma constitucional ha aparecido como un remedio casi mágico para resolver muchos problemas del actual régimen democrático español. Pero la reforma es muy difícil porque requiere mayorías cualificadas en las dos cámaras (y su repetición tras unas elecciones para temas de derechos y la Corona), así como un referéndum. Una buena salida seria desconstitucionalizar algunos temas para que pudieran ser objeto de cambios legislativos más asequibles.
España es uno de los países de Europa con menos reformas constitucionales: en 39 años solo ha habido dos, ambas derivadas de la Unión Europea. En cambio, todos los países democráticos tienden a revisar sus constituciones periódicamente.
La más antigua y más corta de las constituciones actuales, la de Estados Unidos, ha recibido 27 enmiendas, una cada ocho años de media, incluido sobre cuestiones importantes como los derechos civiles, la esclavitud, los derechos de voto, las reglas electorales o el límite de mandatos del presidente. El país europeo con más cambios constitucionales es Portugal, donde, a diferencia del vecino, las reformas solo requieren una decisión parlamentaria por amplia mayoría; las reformas portuguesas han incluido temas mayores como las restricciones a la política económica y la trasformación del régimen presidencial en uno parlamentario. En Gran Bretaña, como la constitución no está codificada en un solo texto, los cambios también son relativamente fáciles: ha habido 51 desde la Guerra Mundial, incluidos la Convención de Derechos Humanos, la reducción de Lores hereditarios, la justicia o la elección de los alcaldes. En Francia ha habido 17 reformas en menos de sesenta años, las cuales han afectado a los tratados de la UE, la duración del mandato del presidente, las relaciones parlamentarias, y ahora Emmanuel Macron ha anunciado nuevos cambios en el tamaño del Parlamento, el sistema electoral y el procedimiento legislativo. En Alemania ha habido 14 reformas desde la reunificación en 1990, incluidas sobre la UE, la protección ambiental, la discriminación positiva a las mujeres o el derecho de asilo. En Italia, las barreras son más altas, ya que cabe pedir un referéndum, pero ha habido 15 reformas, incluidas las que han dado autonomía legislativa y competencias exclusivas a las regiones.
España es uno de los países de Europa con menos reformas constitucionales: en 39 años solo ha habido dos, ambas derivadas de la Unión Europea
En contraste, en España no ha habido apenas alteraciones del texto constitucional. Pero tampoco hay revisión a través de la legislación. Los cambios son efectuados, de hecho, por las sentencias del Tribunal Constitucional, al que muchos ven como sesgado y partidista. Para facilitar los cambios sin cambiar las reglas, cabe una reforma que desconstitucionalice algunos temas, es decir, que los haga desaparecer de la Constitución para que puedan ser reformados mediante leyes. Una reforma de este tipo podría hacerse de una sola tacada en el Parlamento y eludir el referéndum, ya que no requeriría la introducción de nuevos textos alternativos, sino solo el traspaso del poder de reforma al Parlamento.
Entre los candidatos a la desconstitucionalización y una ulterior reforma legal cabe identificar, entre otros, la provincia como circunscripción electoral (para facilitar un sistema más proporcional), la elección directa o por los parlamentos autonómicos de los senadores (para que la cámara alta pudiera representar a los gobiernos autonómicos), la investidura del Presidente del Gobierno con apoyo minoritario en la segunda vuelta y la moción de censura constructiva (para impulsar la formación de una mayoría parlamentaria), la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso y el Senado (para reducir su partidismo), o la lista de posibles competencias de las Comunidades Autónomas (manteniendo la lista de competencias exclusivas del Estado, para facilitar que cada Comunidad pueda decidir su nivel de competencias).
La desconstitucionalización de una lista de artículos y apartados debería ser más fácil que la negociación y aprobación de un paquete de reformas de la Constitución, ya que no comprometería a ningún cambio concreto, sino que solo abriría la posibilidad de legislar por separado en los distintos temas. Este enfoque debería reducir el miedo a “abrir el melón” de la reforma constitucional, como suelen decir los gobernantes españoles, y hacer los cambios políticamente viables.
Josep M. Colomer, autor de Ciencia de la política (Ariel), es también autor del capítulo ‘Comparative Constitutions’ del Oxford Handbook of Political Science y editor senior de Instituciones Políticas de la Oxford Research Encyclopedia of Politics.