No nos lo podemos permitir
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, se ha visto sometido en los últimos días a presiones de los sectores soberanistas más expeditivos. El resultado de la sesión parlamentaria del 10-O, en la que Puigdemont anunció la independencia de Catalunya y, a los pocos segundos, la suspendió, desagrada a dichos sectores. Prefieren, y así lo han exigido al president en varias cartas y declaraciones, que proclame ya, de modo inequívoco, la república catalana.
La CUP, el grupo antisistema al que la aritmética parlamentaria hizo imprescindible para sostener la mayoría independentista, remitió una misiva a Puigdemont el viernes en la que le instaba a dicha proclamación. Argumentaba que de este modo una hipotética intervención de mediadores internacionales se efectuaría con una Catalunya ya reconocida como sujeto político. Y ayer insistió en esta línea, y su consejo político exigió a Puigdemont que responda que sí declaró la independencia y que mañana mismo, lunes, proclame la república “en un acto solemne”, amenazando con otra semana de movilizaciones en la calle. A su vez, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) había hecho también el viernes una petición similar, aunque al parecer no unánime, arguyendo lo que ellos califican de negativa del Gobierno a negociar. Por último, un sector de ERC animó a Puigdemont a soltar amarras, apuntando que no se ha llegado tan lejos para detenerse ahora. Y ayer Oriol Junqueras (que fue corresponsable con el president del texto leído el martes) afirmó que la única negociación ha de ser la de la “construcción de la república catalana”.
Nuestra posición ante estas presiones es clara: el presidente de la Generalitat no debe atenderlas. Por distintos motivos. El primero es que anular esa suspensión de la independencia forzaría al Estado a aplicar de modo inmediato el artículo 155. No se descarta que finalmente lo haga. Pero desde la Generalitat no debería empujársele. Y es por ello que confiamos, también, en que el president responda mañana al requerimiento que le formuló el Gobierno del modo más conveniente con tal objetivo. El segundo motivo es que el president tejió en su día una elaborada decisión al respecto, buscando la solución de compromiso, hecha pública en la sesión parlamentaria del 10-O, tras evaluar consultas con dispares agentes del mundo económico, empresarial, social y político preocupados por las consecuencias de una DUI. Y también, que desde entonces no se han producido cambios que justifiquen su reversión, más allá de las prisas o el tacticismo independentistas. El tercer motivo, y acaso más importante, es que en la actual coyuntura el president debe comportarse con una prudencia exquisita, usando las luces largas, atendiendo a las necesidades del conjunto de la sociedad. Si algo no debe hacer ahora es tensar más la cuerda. En especial, cuando la realidad económica, ante la posibilidad de una DUI, se ha deteriorado mucho y augura, en el mejor de los casos, largos años de recuperación.
La radicalidad de ciertos actores del proceso, sumada a la inercia de este, parece estar incapacitándoles para darse cuenta de los graves efectos que tendrá para todos lo que ya sucedió en septiembre, lo que ha sucedido en octubre y lo que puede suceder antes de que termine el mes. Con ellos basta y sobra. Estamos atrapados en una deriva infernal que fácilmente puede conducir a enfrentamientos indeseables. El camino institucional seguido para llegar hasta aquí ha tenido mucho de despropósito. Fue un dislate aprobar las leyes de desconexión, los días 6 y 7 de septiembre, contraviniendo la Constitución y el Estatut, ninguneando a la oposición. Fue un error la convocatoria y el desarrollo del referéndum del 1-O. Es cierto que muchos catalanes acudieron a él ilusionados, asumiendo riesgos con tal de votar. Pero también lo es que hubo que recurrir a un censo universal. Que la Sindicatura Electoral llamada a controlar la jornada fue desmantelada antes de poder hacerlo. Que incluso los observadores internacionales invitados por los convocantes del referéndum pusieron en duda su efectividad.
Pese a todo ello, las autoridades catalanas presentaron el resultado de la consulta, recontada sin garantías, como la prueba de que el pueblo catalán se había ganado el derecho a la independencia. Hicieron mucho hincapié, y aquí sí tenían razón, en que la represión policial desplegada en los colegios electorales fue desmesurada. También el delegado del Gobierno en Catalunya lo reconocería posteriormente. Pero, por más que el independentismo presentara la represión sufrida como un acto legitimador, no lo fue. Lo determinante ese día fue que el referéndum se llevó a cabo sin garantías y que, por tanto, no conlleva mandato alguno. Seamos serios. Votaron, según los organizadores, 2,3 millones de catalanes, menos de la mitad de los convocados. Votaron con gran ilusión, sí, con tenacidad y asumiendo riesgos. Pero sin el aval de una junta electoral imparcial. Se hace difícil entender que un movimiento que ha hecho de la democracia su bandera y se ha arropado en ella para defender el derecho a decidir proceda con manifiesto desdén por la ley que guarda la democracia.
La situación es muy delicada. Cualquier iniciativa de los radicales puede complicarla todavía más. Lo que de veras buscan las voces que animan a activar ahora mismo la independencia es agudizar el conflicto. Es no dejar al Estado otro remedio más que aplicar el artículo 155, con el mayor rigor y alcance posibles. Es propiciar el “cuanto peor, mejor”. Es desplazar el conflicto de parlamentos y despachos a la calle. La volatilidad a la que nos expondríamos, de materializarse tal hipótesis, es poco controlable y muy elevada. La negra esperanza que albergan algunos activistas es ni más ni menos que crear una situación de conflicto callejero lo suficientemente grave como para forzar al Estado a retroceder y doblegarse ante las demandas del soberanismo. Como si una cosa llevara a la otra rápidamente o sin coste alguno. Como si el Gobierno no dispusiera de instrumentos para sofocar lo que acaso ya no sería una revolución de las sonrisas, pacífica, sino una subversión de potencial destructivo. Quienes buscan el enfrentamiento civil, desde la sombra, sin haber sido elegidos ni tener cargo público, merecen la mayor reprobación.
El president Puigdemont es sin duda consciente de todo ello. Como lo son la mayoría de los catalanes que valoran la convivencia, ahora dañada, como el más preciado patrimonio común. La independencia puede ser para muchos un anhelo central. Pero no justifica el presente deterioro económico, ante el que los responsables de las cuentas catalanas exhiben un silencio inaceptable. Y mucho menos justificaría un enfrentamiento entre catalanes. Nadie comprendería que para hacer un país mejor, como pretenden los independentistas, lo empeoráramos hasta ese extremo. No nos lo podemos permitir
http://www.lavanguardia.com/opinion/20171015/432077683183/no-nos-lo-podemos-permitir.html
Golpe final de la banca: pacta que no reconocerá a la Generalitat si proclama la secesión
l presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu y de la Fundación la Caixa, Isidro Fainé, pusieron rumbo el jueves al Palacio Real y a la Asamblea del FMI en Washington, respectivamente, con los deberes hechos. El pacto de ambos de abandonar la sede en Cataluña fue el pistoletazo de salida para que más de 500 empresas hicieran lo mismo y ahora han acordado un golpe final al proceso independentista por si Mariano Rajoy no logra tomar un control efectivo de la Generalitat durante un tiempo por verse o obligado a limitar el uso de las fuerzas de seguridad del Estado.
El pacto de los grandes bancos españoles a instancias de los dos grandes bancos catalanes es no reconocer a la Generalitat de Cataluña si se declara independiente e intenta, como sugiere la CUP, imponer un corralito y medidas recaudatorias rápidas. El pacto ha sido alcanzado, según ha podido confirmar este diario, por si mientras Rajoy lanza y, sobre todo, hace efectivo el artículo 155 de la Constitución se topan con dos supuestas legalidades paralelas.
Aunque, como acusa Josep Borrell, han tardado en reaccionar, lo cierto es que la banca está atacando ahora el proceso independentista con una ofensiva más rápida y contundente que la del Gobierno central. Su pacto implica de facto una especie de aplicación financiera del artículo 155: solo cumplirán la legalidad que emana del Estado español en caso de que se produzca un interregno entre las iniciativas del Parlament y la restauración del Estado de derecho por parte del Gobierno central. En particular, no acatarán ninguna medida de Carles Puigdemont para contener la fuga de capitales o recaudación paralela de impuestos que no estén cedidos por el Estado, que son dos de las medidas temidas más inmediatas en caso de secesión.
La diputada de la CUP, Eulalia Reguant, licenciada en Matemáticas, tiene claro lo que hay que hacer: un corralito. «A partir de la declaración de independencia, hacemos un control de capital y de flujos en Cataluña para garantizar, al menos durante un tiempo, dar la capacidad de funcionar a la república». Los seis principales bancos, desde CaixaBank, BBVA o Santander hasta Bankinter controlan 180.000 millones en depósitos de residentes catalanes.
Aunque no se ha hecho público, hay acuerdo en el seno de la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Fuentes de ambas instituciones ponen como ejemplo que, aunque el cambio de sede salvaguarda pagar el impuesto de sociedades en el Estado español y la seguridad del euro, la Generalitat podría empezar a aplicar la Ley de Transitoriedad e imponer controles de salidas de capital y exigir retenciones del IRPF de los empleados en Cataluña de los bancos y empresas que operen en su territorio. También podrían imponer por ley que todas las entidades financieras colaboraran en pagos de impuestos de clientes como se hace ya con la Agencia Tributaria estatal. «Estamos de acuerdo tanto los de origen catalán como los que no en que, pase lo que pase, no reconoceremos más legalidad que la española y, por ejemplo, seguiremos practicando retenciones fiscales solo en favor de la Agencia tributaria estatal y no de la catalana», afirma un banquero implicado.
En paralelo, CaixaBank y Sabadell mantienen contacto con personalidades del PDeCAT para frenar la espiral. El propio ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, se está mostrando sensible a que la declaración inmediata de independencia seria una locura y también otras figuras como el conseller de Economía, Santi Vila o la presidenta de la Diputación de Barcelona -y alcaldesa de San Cugat del Vallés, sede operativa del Banco Sabadell-, Mercè Conesa.
«Mas está más moderado, porque es consciente de que una DUI ahora llevaría a Cataluña al caos. Él no es un loco y tiene líneas rojas. El mismo reconvirtió el referéndum del 9-N cuando fue prohibido en una consulta participativa», afirma un banquero catalán, confiado en que el ex president influya en Puigdemont. «El problema es que Mas está muy dolido con el Gobierno central», teme otro alto ejecutivo catalán.
El propio Artur está insinuando ya en público que la victoria del Ejecutivo central no debe ser «humillante» para poder reconducir el proceso, pero ha mostrado que no es de fiar cuando parece que se modera.
Hoy habrá reuniones clave con Puigdemont, pero el Estado debe tener todo preparado. La banca ya lo tiene en otra muestra de que es más efectiva en el siglo XXI que los tanques. Demasiado dinero en juego.