REFORMA CONSTITUCIONAL EN TIEMPOS DE CRISIS. El Correo, hoy. Josu de Miguel Bárcena. Abogado y profesor de derecho constitucional
Si se logra “vender” la reforma, si se me permite la expresión, ¿qué hacer con nuestra Constitución territorial? Primero dejar de lado la pereza intelectual. Se puede llegar a un buen equilibrio entre la unidad y la diversidad profundizando en la lógica del Estado autonómico e incorporando experiencias comparadas. Creo que hoy tiene sentido abundar en un federalismo competitivo si grandes parcelas de poder se han transferido a la Unión Europea. Creo que es posible mejorar los mecanismos de financiación objetivando principios y pidiendo al nacionalismo vasco generosidad para acercar el Concierto a un modelo común más compatible con la justicia distributiva. Creo que los Estatutos pueden transformarse en Constituciones parciales que sirvan para colmar las ambiciones simbólicas de sociedades interiormente multinacionales, sin necesidad de cambiar el art. 2 CE.
Este movimiento de apertura federal, requiere una contraprestación: la Constitución tendría que habilitar mecanismos más precisos y consistentes para garantizar la democracia y el Estado de Derecho en las Comunidades Autónomas. El separatismo ha llegado tan lejos en Cataluña por un uso partidista y sin control de los medios de comunicación públicos y privados. Porque no se ejecutan debidamente las sentencias de juzgados y tribunales y los Mossos han dejado de ser la policía de todos. Porque en los colegios se imparte doctrina nacional sin rubor ni recato, como hemos visto tras el 1 de octubre. A la vista de estos hechos incontrovertibles, hay que plantearse seriamente si el Estado no debería recuperar unas competencias y aumentar el control administrativo sobre otras.
Y el lector se preguntará, ¿qué hay del derecho a la secesión o “derecho a decidir”? La respuesta es que hoy tocaba hablar de la reforma constitucional, no de una nueva Constitución.
PP y PSOE parece que por fin se han puesto de acuerdo en cómo afrontar el desafío separatista. Un desafío que, pese a la calma tensa que se vive, sigue su propia dinámica: el informe de la Guardia Civil que recoge las conclusiones sobre las detenciones de altos cargos de la Generalitat, refleja la posible existencia de una trama criminal organizada, con medidas de contraespionaje incluidas, para destruir el ordenamiento constitucional en Cataluña y sustituirlo por una República. Estamos en vísperas de la aplicación del art. 155 CE, que es un escenario previsto por los independentistas en su estrategia para aumentar el apoyo social y así legitimar por la fuerza de los hechos la creación de un nuevo Estado con alguna connivencia internacional.
Acordada la posible coerción estatal, Sánchez apareció después de Rajoy para abrir una vía política paralela a la misma: la reforma constitucional. Con ella se intentaría ofrecer un acuerdo global que convenciera a muchos ciudadanos catalanes de que España es un proyecto integrador y moderno en el que merezca la pena vivir. Restituido el orden constitucional, cosa que no será fácil, tendría entonces sentido plantear una reforma en clave territorial que subsane los fallos institucionales que nos han traído hasta aquí y repare los daños emocionales producidos por una división política desconocida desde los tiempos de la II República. Estos dos objetivos, por sí solos, hablan de la enorme envergadura de la tarea.
Así las cosas, la primera cuestión es sentarse a hablar de política. Para hablar de política, particularmente en la Comisión Constitucional de las Cortes, no hacen falta mediadores internacionales ni apelaciones superfluas al diálogo. Hace falta antes que nada pactar los principios que guiarán la reforma y que presidirán los trabajos parlamentarios. Se me ocurre la democracia porque queremos seguir viviendo en un país de ciudadanos libres e iguales. Se me ocurre la eficacia, porque un Estado no puede ser legítimo consumiendo solo símbolos, sino siendo capaz de afrontar con garantías los graves problemas socioeconómicos y ambientales que nos acechan. Se me ocurre la transparencia, allí hasta donde sea necesaria para permitir una conversación franca y sincera, porque se me hace muy cuesta arriba pensar en un proceso de reforma negociado a través de las calamitosas redes sociales.
Sentados los principios, ¿cómo hacer una reforma constitucional que no sea interpretada como una concesión a los que han mostrado tan enorme deslealtad institucional? Aunque no lo parezca, hay varias fórmulas para evitar este serio problema. Quizá planteando –como he apuntado- la reforma constitucional como un proceso más amplio que incluya otras cuestiones al margen de las territoriales. Quizá disolviendo las Cortes y llamando a elecciones, aunque la reforma no lo precise, con el objetivo de que los partidos presenten su posición sobre el asunto a la ciudadanía. Quizá optando por un Gobierno de concentración que pilote el proceso llamando a la concordia nacional. Ninguna de las fórmulas es incompatible entre sí, todo es cuestión de amplitud de miras y generosidad política.Si se logra “vender” la reforma, si se me permite la expresión, ¿qué hacer con nuestra Constitución territorial? Primero dejar de lado la pereza intelectual. Se puede llegar a un buen equilibrio entre la unidad y la diversidad profundizando en la lógica del Estado autonómico e incorporando experiencias comparadas. Creo que hoy tiene sentido abundar en un federalismo competitivo si grandes parcelas de poder se han transferido a la Unión Europea. Creo que es posible mejorar los mecanismos de financiación objetivando principios y pidiendo al nacionalismo vasco generosidad para acercar el Concierto a un modelo común más compatible con la justicia distributiva. Creo que los Estatutos pueden transformarse en Constituciones parciales que sirvan para colmar las ambiciones simbólicas de sociedades interiormente multinacionales, sin necesidad de cambiar el art. 2 CE.
Este movimiento de apertura federal, requiere una contraprestación: la Constitución tendría que habilitar mecanismos más precisos y consistentes para garantizar la democracia y el Estado de Derecho en las Comunidades Autónomas. El separatismo ha llegado tan lejos en Cataluña por un uso partidista y sin control de los medios de comunicación públicos y privados. Porque no se ejecutan debidamente las sentencias de juzgados y tribunales y los Mossos han dejado de ser la policía de todos. Porque en los colegios se imparte doctrina nacional sin rubor ni recato, como hemos visto tras el 1 de octubre. A la vista de estos hechos incontrovertibles, hay que plantearse seriamente si el Estado no debería recuperar unas competencias y aumentar el control administrativo sobre otras.
Y el lector se preguntará, ¿qué hay del derecho a la secesión o “derecho a decidir”? La respuesta es que hoy tocaba hablar de la reforma constitucional, no de una nueva Constitución.