El requerimiento que el Gobierno español dirigió el miércoles al presidente de la Generalidad, Sr. Puigdemont, y la creación de una Comisión de Estudio parlamentaria de posibles reformas constitucionales son, en mi opinión, una respuesta estratégicamente inteligente y políticamente razonable a la confusa actuación del Sr. Puigdemont el martes en el Parlamento catalán, cuando, tras "asumir el mandato del pueblo catalán" de declarar la independencia, solicitó acto seguido al Parlamento que la suspendiera, para finalmente, concluida la sesión, firmar, en compañía de otras autoridades y diputados independentistas, una delirante Declaración de Independencia.

Como es sabido, la parte dispositiva del requerimiento efectuado por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución solicita del Sr. Puigdemont que

- A más tardar el lunes 16 de octubre confirme si "alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el Pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor".

- Y si la respuesta fuera afirmativa, le requiere para que, a más tardar el jueves 19 de octubre, revoque esa declaración y, junto con el Parlamento de Cataluña, restaure el orden constitucional y estatutario.

Pues bien, el requerimiento del Gobierno sigue la inteligente estrategia que el Premio Nobel de Economía Thomas Schelling denominó "ceder la iniciativa al contrario" (relinquishing the initiative), dejar en manos del otro la "última oportunidad clara" (last clear chance) de evitar un conflicto y forzarle a adoptar una decisión (compellence).

Se trata, curiosamente, de la misma táctica que los independentistas utilizaron con tanto éxito el 1 de octubre cuando, mediante la ocupación ciudadana de los colegios electorales y la formación de barreras humanas, con ancianos incluidos, que impedían a los policías cumplir su misión, llevaron a que las fuerzas de seguridad efectuaran cargas que, por desgracia, resultaron en ocasiones excesivas y brindaron imágenes que, explotadas con astucia por los independentistas, les permitieron desatar contra la actuación del Estado, dentro y fuera de España, un "pánico moral" tan exagerado como eficaz.

Ya Schelling incluyó esas formas de "resistencia pasiva" -que prefería denominar "no- resistencia activa" (active nonresistance)- entre las estrategias de "ceder la iniciativa".  Pero el ejemplo más célebre de estas fue la decisión del presidente Kennedy, durante la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, de que la Armada americana bloqueara (quarantine) el acceso a Cuba a los navíos soviéticos que transportaban los misiles que pretendían instalar, para así forzarles a entablar combate si porfiaban en cumplir su misión.

Los aficionados al ajedrez podrán ver también en el requerimiento del Gobierno esa inteligente jugada que consiste en poner al rival en situación de Zugzwang ("obligación de mover ficha"), término alemán que describe la situación del jugador que, obligado por las reglas del juego a mover ficha, debilitará inevitablemente su posición al hacerlo, lo que será a menudo prolegómeno de un jaque mate.

En efecto, si la respuesta a la primera pregunta del requerimiento fuera negativa, el Sr. Puigdemont perdería el apoyo del sector más extremista del bando secesionista, la CUP, y, tras haber firmado el 10 de octubre esa extraña Declaración de independencia, quedaría en ridículo.

Si la respuesta fuera afirmativa -y, para evitar nuevas ambigüedades, el requerimiento del Gobierno, con buen criterio, señala expresamente que "la ausencia de contestación y/o cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se considerará confirmación"-,  el Sr. Puigdemont dejaría patente que él y su Gobierno han violado de forma flagrante la Constitución y, en consecuencia, el Estado está habilitado para adoptar alguna de las medidas permitidas por el artículo 155.

También han acertado, a mi juicio, el PSOE y, espero, el Gobierno al hacer suya una idea que defendió desde el principio Ciudadanos: en caso de respuesta afirmativa del Sr. Puigdemont, el Gobierno, al ejercitar las facultades que le otorga el artículo 155, debiera esencialmente limitarse a suspender en sus funciones al Gobierno de la Generalidad, disolver el Parlamento catalán y convocar nuevas elecciones. Por inciertos que sean sus resultados, solo así las fuerzas constitucionalistas mostrarán que su firme defensa de la legalidad va íntimamente unida a su respeto a la democracia y al autogobierno de los catalanes.

 Comisión de Estudio de una reforma constitucional

Pero, además, gracias a la aceptación expresa por el Sr. Rajoy el jueves en el Congreso de los Diputados de la Comisión de Estudio de posibles reformas (incluso constitucionales) del Estado de las Autonomías -exigida por el PSOE, al parecer, como condición de su apoyo a la activación del artículo 155, y ya prevista en el Pacto suscrito en su día entre dicho partido y Ciudadanos-, la oferta de los partidos constitucionalistas de ámbito estatal (PP, PSOE y Ciudadanos) ha incluido una elogiable dimensión positiva: una llamada al diálogo político a los independentistas y un intento de búsqueda de reformas que pudieran lograr amplio apoyo en el Congreso de los Diputados y ser susceptibles de aprobación por los cauces legalmente establecidos.

Creo que el líder de Ciudadanos, Sr. Rivera, acertó igualmente al señalar que la creación de esa Comisión de Estudios no debe verse como la aceptación a priori de ninguna reivindicación de los nacionalistas catalanes, sino como la creación de un foro de diálogo y negociación política en el que, de buena fe, se busquen acuerdos que satisfagas a una amplia mayoría, en el conjunto de España y en Cataluña.

En contra de una opinión equivocada muy extendida, las negociaciones políticas no son siempre "juegos de suma cero", en las que lo que uno gana lo pierde el otro: con inteligencia y creatividad, muchas pueden transformarse en "juegos de suma positiva", en las que todos pueden salir ganando.

Sigo pensando que lo más eficaz para intentar lograr ese acuerdo político sería que los partidos políticos solicitaran el apoyo inicial de un grupo políticamente diverso de políticos que no estén ya en activo y, en consecuencia, tengan libertad de pensamiento -la que he llamado "Comisión Roca", porque Miquel Roca sería el arquetipo de político que ya no está en activo, pero tiene larga experiencia, fue uno de los "padres de la Constitución" y es un ejemplo señero de "catalanismo pactista"- para que en un período breve rinda un Informe, aprobado por mayoría, que sirva de base a las negociaciones políticas entre los representantes de los partidos en la Comisión de Estudio. En la Unión Europea las grandes reformas siempre han venido precedidas de Informes previos de esa naturaleza.

Durante su intervención en el Congreso, el portavoz del partido independentista ERC, Sr. Tardá, ya anunció la negativa de su partido a participar en esa Comisión de Estudio; y es probable que ese rechazo sea firme, pues su ausencia de la Comisión le permitirá aplicar a cualquier acuerdo surgido de ella un  "menosprecio reactivo" (reactive devaluation) que pretenda convertirlo en mero punto de partida para una negociación bilateral entre España y Cataluña.

No importa. La propuesta de empezar a estudiar una posible reforma de la Constitución y de otras normas relevantes para Cataluña (como las relativas a la financiación autonómica) es una indudable muestra de buena fe de las fuerzas constitucionalistas, cuyo valor debiera ser subrayado por el Gobierno ante la opinión pública internacional. Su eventual rechazo por los independentistas revelaría la falsedad de sus llamadas al diálogo.

Al Gobierno y a los partidos constitucionalistas que han apoyado la activación del artículo 155 de la Constitución y la Comisión de Estudio les asiste la razón jurídica y la política. Su propuesta global es razonable y sensata, y otorga al Estado el moral high ground.

Ojalá que esta vez la política de comunicación del Gobierno y de la España constitucional, hasta ahora desastrosa, sea más eficaz y logre persuadir a una amplia mayoría de catalanes y de la opinión pública internacional.

Soy pésimo profeta y no tengo la sagacidad política precisa para adivinar cómo se desarrollarán los acontecimientos. Pero, por si resultaran de interés para algún lector, resumo a continuación mis actuales ideas sobre el "desafío secesionista" o, si se quiere una expresión más genérica, "conflicto catalán":

1. El Gobierno, aunque cargado de buenas razones, gestionó mal el intento de referéndum del pasado 1 de octubre y, sin proponérselo, brindó a los independentistas las imágenes de televisión de cargas policiales violentas que estaban buscando. Las fuerzas independentistas son diestras en el uso de la propaganda y de los medios de comunicación internacionales -mucho más que el Gobierno-, y lograron difundir una "realidad aumentada" que distorsionó a su favor lo ocurrido: lo que fueron excesos ocasionales de las fuerzas de seguridad, lograron convertirlo en una "masiva represión" y en "actos de violencia contra la población civil indefensa".

En política, como ya señaló Maquiavelo, lo importante no es como son las cosas, sino como parecen (en fútbol pasa lo mismo, como sabe un delantero uruguayo diestro en fingir penaltis). Por otro lado, las responsabilidades políticas deben ser "objetivas", de suerte que, tan pronto se produce una actuación grave y desafortunada, su responsable político debe presentar su dimisión, incluso aunque no tenga culpa. En este caso, la dimisión del Ministro del Interior, Sr. Zoido, me parecería justificada y políticamente útil.

2. El discurso de anoche de Don Felipe me sorprendió, como escribí en Twitter, no por lo que dijo con tono adusto y severo -que fue exacto y acertado-, sino por la ausencia de cualquier apelación empática hacia los catalanes, incluidos los no extremistas que han venido defendiendo (o han pasado recientemente a defender) el "derecho a decidir" o, incluso, la independencia.

Pero creo que hay una explicación: aunque lo difundieran las televisiones, el discurso del Rey estaba probablemente dirigido, casi en exclusiva, a los dirigentes del PSOE y del PP, para instarles a que activen los mecanismos constitucionales de defensa del Estado (como son los artículos 155 y 156), sin vacilaciones ni maniobras de diversión (como la torpe y desafortunada del PSOE al solicitar la reprobación de la Vicepresidenta del Gobierno). 

3. En algún momento será precisa una negociación política entre representantes del Estado y de Cataluña con vistas a resolver el "conflicto catalán" -idealmente de forma duradera-. Pero esa negociación deberá iniciarse en el momento adecuado, entre los interlocutores idóneos y partiendo de una meditada propuesta inicial elaborada por un tercero.

Quienes en la coyuntura actual hacen llamadas genéricas "al diálogo", sin tener en cuenta las condiciones para que pueda ser fructìfero, no solo pierden el tiempo, sino que adoptan, sin darse cuenta, una actitud equidistante que pone en pie de igualdad a quienes "han venido incumpliendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña" -como dijo el Rey- con quienes, con mayor o menor fortuna, han estado defendiéndolos.

Tampoco puede considerarse de buena fe la petición de una "mediación" (¡incluso internacional!), como la solicitada de nuevo hoy miércoles por el Sr. Puigdemont, porque ningún Estado democrático puede aceptar una "mediación" con quien incumple de forma flagrante las normas vigentes.

4. Salvo imprevistos, el presidente Puigdemont y la mesa del Parlament darán los pasos precisos para que el lunes 8 de octubre el Parlament adopte una declaración unilateral de independencia (DUI).

De ser así, el Gobierno Rajoy debiera -a más tardar el día 8 tras esa DUI, pero incluso antes si se produjeran hechos preparatorios inequívocos-:

- Poner en marcha, con urgencia, el procedimiento del artículo 155 de la Constitución, que debiera conllevar:

   a) La suspensión en sus cargos del presidente de la Generalitat y demás miembros de su gobierno;

   b) La disolución del Parlament y el anuncio de unas inmediatas elecciones en Cataluña.

En este punto, creo que acierta de lleno Ciudadanos. Es posible que las elecciones las ganara un partido o coalición independentista (liderada por ERC), pero esa sería la decisión libre y legítima del electorado.

- Poner a los Mossos bajo la dependencia directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

5. El presidente Rajoy debiera simultáneamente anunciar que el Gobierno español iniciará con el nuevo Gobierno catalán que resulte de las elecciones un proceso de negociación de posibles medidas (sin excluir reformas de la Constitución española y del Estatut) que, respetuosas con la unidad del Estado español, pudieran lograr el encaje definitivo de Cataluña dentro del Estado español.

Para facilitar el inicio de esa negociación, se designará un Comité de Notables (lo que en una ocasión anterior llamé "Comisión Roca", porque Miquel Roca podría ser un magnífico presidente) que, integrado por personas con experiencia política, pero que no ostenten en la actualidad cargos electivos ni orgánicos de partido (p.ej., José Borrell, Josep Piqué, Duran i Lleida, así como personas de inclinaciones independentistas), elabore, debata y apruebe -por mayoría- una propuesta inicial de reformas.

La negociación y cualquier eventual acuerdo final serán, obviamente, responsabilidad de políticos electos. Pero, en mi opinión, esa negociación política tendría más visos de prosperar si toma como punto de partida una propuesta (llamémosle "Informe Roca") elaborada por personas sin responsabilidades políticas, porque solo ellas tendrán la libertad precisa para, con relativa rapidez, llegar a acuerdos sensatos.

Los miembros del Comité no debieran ser académicos ni "expertos"  o meros técnicos -sin perjuicio de que utilicen su apoyo-, sino personas fajadas en la política, pero que no tengan en la actualidad ninguna responsabilidad política y, en consecuencia, puedan actuar con libertad, siguiendo su mejor criterio.

En las negociaciones en la Unión Europea este procedimiento se utiliza con frecuencia. Así, por ejemplo, en junio de 1988 el Consejo Europeo designó el llamado "Comité Delors" (integrado por los Gobernadores de Bancos Centrales y ex Ministros, como el español Miguel Boyer), que en junio de 1989 rindió el "Informe Delors", que sirvió de base de las negociaciones intergubernamentales sobre Unión Económica y Monetaria que se iniciaron en enero de 1991 y concluyeron en febrero de 1992 con la firma del Tratado de Maastricht.

Otro tanto ocurrió tras la reciente crisis financiera, cuando en 2010 el "Informe Larosiière" sirvió de base al acuerdo de los Ministros de Economía y Hacienda sobre las tres nuevas Autoridades Financieras Europeas.

A lo mejor algún obispo o clérigo podría aportar ideas útiles para diseñar el posible acuerdo, pero soy escéptico sobre al papel que la Iglesia católica y su jerarquía pueda jugar al respecto.

Si de resultas de la futura negociación que he descrito los representantes políticos del Estado y de Cataluña llegaran finalmente a un acuerdo, éste deberá ser aprobado por los procedimientos legales que cada reforma exija. Este requisito, esencial, exigirá que los negociadores tengan que calibrar la viabilidad política en España y en Cataluña de cualquier acuerdo al que lleguen.

6. Creo que todo lo anterior solo resultaría políticamente viable si el presidente Rajoy anunciara además que, en el momento adecuado, abandonará voluntariamente la presidencia del Gobierno, a tiempo para que el acuerdo que ponga fin al "conflicto catalán" sea rubricado por dos presidentes -el del Gobierno español y el de la Generalitat- que no sean ni Rajoy ni Puigdemont.

Aquí el presidente Rajoy debiera mostrar una generosidad parecida a la de Adolfo Suárez cuando en enero de 1981 presentó su dimisión, para dar paso a la investidura de Calvo Sotelo; y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, debiera corresponder a ese gesto comportándose con sentido de Estado. 

Desde el punto de vista político y constitucional, habría varias fórmulas alternativas para sustituir a Rajoy en la presidencia (nuevas elecciones; investidura de un nuevo candidato, con gobierno monocolor; gobierno transitorio de concentración...). Son cuestiones sobre las que no me atrevo a opinar. Pero creo que el PP debe ser capaz de encontrar un nuevo líder que permita iniciar una nueva etapa política. Quien sabe si al final a Rajoy le acabará pasando lo que le ocurrió a Suárez: denostado de forma inclemente mientras estaba en el Gobierno, terminó siendo elevado a los altares, incluso antes de su muerte, por muchos que antes le habían vituperado.

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En resumen, mi propuesta de "paquete político" para intentar encauzar y, si fuera posible, resolver el "conflicto catalán" sería:

- Dimisión del Ministro Zoido

- Activación del artículo 155 de la Constitución, suspensión de funciones del Gobierno de la Generalitat y convocatoria de elecciones en Cataluña, con restablecimiento pleno del autogobierno el mismo día de las elecciones.

- Toma de control por el Estado de todas las fuerzas de seguridad en Cataluña.

- Anuncio inmediato por el Presidente Rajoy de que abandonará voluntariamente su cargo en una fecha futura, no muy lejana.

- Designación de un Comité de Notables que prepare en plazo breve un Informe ("informe Roca") que sirva de base inicial de las negociaciones políticas entre el Gobierno español y el catalán, que se iniciarán tan pronto hayan tomado posesión los dos nuevos presidentes.

Cuando, dentro de unos meses, se den las condiciones oportunas, cobrará actualidad en España y en Cataluña la sabia frase que el presidente Kennedy formuló en su discurso inaugural:

"Nunca negociemos por miedo. Pero no tengamos nunca miedo a negociar"

3¿Se produjo ayer una DUI con efectos jurídicos?

Las yas célebres dos fotos de la muchedumbre de independentistas que aguardaban ayer junto al Parlamento de Cataluña a que el presidente Puigdemont realizar una Declaración Unilteral de Independencia (DUI) -la primera, llena de caras de júbilo, tomada cuando en su discurso pareció efectuarla, la segunda, con caras de frustración, cuando anunció que pedía su suspensión-, es la mejor ilustración posible de la duda que me planteé cuando equiparé el desafío secesionista a un juego de "farol visto" (called bluff): no sabía si Puigdemont preferiría efectuar la DUI (casilla inferior derecha) o no hacerlo e intentar negociar con el Estado (casilla superior derecha).



La realidad siempre es más complicada que cualquier juego teórico, y Puigdemont optó por una extraña "estrategia mixta" que combinó ambas casillas.

También la realidad jurídica es a veces compleja, y para responder a la pregunta de si ayer hubo o no una declaración de independencia "con efectos jurídicos", la respuesta a mi juicio es la siguiente:
- Desde el punto de vista del Derecho Internacional, no se produjo ningún acto jurídico que, con independencia de su validez, pueda ser calificado como una "declaración de independencia": hubo tan solo un extraño anuncio oficial del Sr. Puigdemont durante su intervención en el Parlamento y, más tarde, la firma de una Declaración de independencia por el propio Sr. Puigdemont, el Vicepresidente Junqueras, la presidenta del Parlamento, Sra. Forcadell, y otros varios diputados independentistas, pero todos a título personal, sin que tal declaración fuera adoptada por un órgano con facultades para aprobarlo, ni con visos, al parecer, de ser publicado.

- Desde el punto de vista del Derecho interno español, sí hubo actos -especialmente la firma de la Declaración de Independencia- que deben tener "efectos juridicos", pero solo los previstos en la Constitución y en el Código Penal para el caso de quebrantamiento de las leyes del Estado por cargos públicos autonómicos.

Está de moda criticar al presidente Rajoy bajo cualquier circunstancia y por cualquier motivo. Yo en el pasado le critiqué por otros motivos y, tras las últimas elecciones generales, propuse que el PP le sustituyera por otro candidato que permitiera "pasar página", tras los infinitos casos de corrupción que toleró en su partido. Es posible que en la primera fase del conflicto catalán fuera poco activo y su Gobierno no mostrara más iniciativa.

Pero en esta fase final del desafío catalán el presidente Rajoy tiene una virtud que ayer me subrayaba un buen amigo: es extremadamente frío y racional, y no se deja vencer por las emociones.

Lo ocurrido desde el pasado domingo confirma, a mi juicio, la tesis que expuse antes del 1 de octubre (ver más abajo 5:El desafio sececionista) de que el "desafío secesionista" tenía la estructura de un juego del "farol visto" (called bluff), en el que los independentistas no ganarían.

En efecto, con posterioridad al intento de referénduml del 1 de octubre se han producido dos hechos que corroboran que para el Estado la estrategia de oponerse con firmeza a  cualquier declaración de independencia es "dominante" (esto es, la seguirá cualquiera que sea lo que haga el otro jugador -Puigdemont y los secesionistas):

1. La solemne declaración televisiva del Rey en la que, sin ambages, acusó al Gobierno de la Generalitat de desleal a la Constitución e incumplidor de la legalidad.

2. La decisión del Banco de Sabadell, Oryzon y otras empresas de trasladar su domicilio fuera de Cataluña y la disposición del Gobierno a facilitar esa decisión a otras empresas catalanas -como Caixabank-, suprimiendo para ello la exigencia de que la apruebe la Junta General y atribuyendo competencia al Consejo de administración para adoptarla por sí mismo.
Esa medida del Gobierno es, en apariencia, paradójica: si, como defiende el Gobierno, la independencia no se va a producir ¿por qué adoptar medidas para que las empresas puedan reaccionar a esa eventualidad?
Pero la medida, al facilitar el espontáneo movimiento de huida de empresas de Cataluña, cualquiera que haya sido su motivación tiene un gran efecto estratégico en el "juego del farol", pues deja patente -ante la Generaliat y todos los ciudadanos catalanes, apoyen o no la independencia- que una "declaración unilateral de independencia "(DUI) será mucho más dolorosa y dañina para los independentistas y, en general, para Cataluña que para el Gobierno y para el resto de los españoles, y que los independentistas, en su deriva mesiánica, están "jugando con las cosas de comer".
La posición de los independentistas se vio transitoriamente favorecida por la torpe estrategia policial seguida el 1 de Octubre por el Estado de efectuar cargas policiales contra algunos ciudadanos que trataban de impedir la legítima actuación policial. El eco mediático de los excesos que provocaron algunas de esas cargas, diestramente amplificados por los independentistas, galvanizó a la opinión pubica, nacional e internacional, exacerbó las pasiones de muchos ciudadanos catalanes -como se vio en la huelga general del día 3- y suscitó la impresión de que estábamos ante un genuino "juego del gallina" (chicken), en el que el Estado tampoco podía permitirse un enfrentamiento abierto con los independentistas.

En mi opinón, sin embargo, los dos acontecimientos posteriores citados -la intervención del Rey y el espontáneo inicio de la fuga de empresas de Cataluña- han hecho que el "juego" volviera a tener la estructura de un "farol visto".

Estamos, pues, en la columna derecha de la tabla del juego. La única incógnita es la que me planteaba cuando lo formulé: si los independentistas preferirán la casilla inferior derecha (esto es, efectuar una DUI) o la superior derecha, lo que conllevaría "dar marcha atrás" y dejar en suspenso esa declaración.
Sospecho que dentro de la coalición secesionista debe haber opiniones para todos los gustos, y no sabremos su decisión final y el resultado del "juego" probablemente hasta la semana que viene.
Por otro lado, también es posible que dentro del frente constitucional haya quien prefiera que se produzca una DUI -para así cargarse de razón y actuar con el mayor rigor contra los secesionistas-, en vez de que los independentistas "den marcha atrás". Si esa fuera la posición del Gobierno -cosa improbable-, el juego ya no sería un "farol visto", sino que tendría la estructura del llamado "juego del matón" (bully). Eso no cambiaría las cosas, porque el resultado final del juego dependería también de si los independistas deciden o no dar marcha atrás.
En conclusión, tengo la impresión (o tal vez esperanza) de que, como sugerí en esta entrada, este juego del "desafío secesionista" lo tienen perdido los independentistas, pues desde el principio tenía la estructura de un "farol visto" (called bluff)..
Pero ello no debe ser óbice para que, más adelante, cuando se den las condiciones oportunas, deba organizarse una negociación de buena fe, que tome como punto de partida lo que en "Kennedy y la crisis en Cataluña" he llamado "Informe Roca", para lograr un acuerdo político aceptable para una mayoría de españoles y de catalanes que ponga fin -de la forma más duradera posible- al conflicto catalán.

[23-9-2017]

En mi opinión, las preferencias de los dos grandes "jugadores" en el desafío secesionista del 1 de octubre -esto es, el Estado español y las fuerzas constitucionalistas, representadas abreviadamente por el Gobierno del Sr. Rajoy; y las secesionistas, lideradas por el Gobierno de la Generalitat que preside el Sr. Puigdemont- son las que figuran en la tabla adjunta (a la izquierda y abajo en cada casilla, el orden de prioridad para la Generalitar, de 1, lo mejor, a 4, lo peor; y arriba y a la derecha, el orden de preferencia del Estado español):


Así, el ideal para los independentistas (su 1) es que el referendum se celebre con el consentimiento del Estado, para, a poco que los resultados lo permitan, declarar de inmediato la independencia (casi inferior izquierda). Ése sería, sin embargo, el peor resultado posible para el Estado (como muestra el 4).
Pues bien, como señalo más abajo en esta crónica,si esas fueran las preferencias de los jugadores, el "juego" tendría la estructura del juego del "farol visto" (called bluff), en el que las preferencias de un jugador -la Generalitar- serían las típicas de un juego del gallina (chicken), mientras que las preferencias del otro -el Estado- serían las propias de un dilema del prisionero.
Por ese motivo, la estrategia dominante del Estado es la de impedir el referéndum a toda costa, porque, aunque no logre su ideal -que sería que el Sr. Puigdemont lo retire voluntariamente-, el escenario alternativo de conflicto total, con declaración unilateral de independencia incluida, es la segunda preferencia del Estado, mejor que la aceptación del referéndum.

En mi opinión, sería en ese escenario de conflicto total cuando el Gobierno, tras una eventual declaración de independencia por el Sr. Puigdemont, invocaría con toda urgencia y solemnidad el artículo 155 de la Constitución y la Fiscalía le imputaría penalmente de inmediato. De forma complementaria, el Estado debiera entonces, en mi opinión,
- convocar nuevas elecciones autonómicas en Cataluña y
- nombrar una comisión plural de expolíticos (presidida, por ejemplo, por Miquel Roca) que, auxiliada si fuera necesario por expertos, elabore una propuesta que sirva de punto de partida de la futura negociación política entre representantes políticos del Estado español y del nuevo Gobierno catalán (entretanto, el Estado, aun mostrándose dispuesto a negociar en el futuro una fórmula que permita el encaje definitivo de Cataluña en España, no debiera anunciar concesión o medida alguna, pues sería víctima de "menosprecio reactivo").

Es posible que en el caso de Puigdemento las preferencias de la columna de la derecha sean las contrarias a las que figuran en el cuadro, de forma que prefiera el conflicto total (que sería su preferencia 3, en vez de la 4, como aparece en el cuadro) a la negociación política tras la retirada o fracaso del referéndum (que sería su última preferencia, no la penúltima, como dice ahora el cuadro). De cuál sea ese orden dependerá lo que ocurrirá de aquí al 1 de octubre.
Pero parece evidente (y elogiable) que el Estado rechace con absoluta firmeza el referéndum: el escenario de conflicto total (el de la esquina inferior derecha) no es el ideal para nadie, pero para el Estado no sería el peor posible: seria mejor que reconocer el derecho de secesión de una de sus Comunidades Autónomas.

En suma, el "juego" no tiene estructura de "dilema del prisionero", como sugirió recientemente el economista José Carlos Díaz, ni es tampoco un "juego del gallina" puro: es un juego asimétrico que combina ambos, en el que uno de los jugadores -en nuestro caso, el Estado- tiene una "estrategia dominante" (esto es, que le conviene seguir con independencia de lo que haga el otro jugador) y el otro no.
Por eso, en la medida en que yo soy personalmente constitucionalista, y creo que el presidente Rajoy se está conduciendo la crisis con moderación y buen criterio, soy moderadamente optimista sobre el desenlace final de este lamentable "juego", que nunca debió iniciarse.

[21-9-2016]
He aquí mis reflexiones a la vista de lo acontecido ayer miércoles, 20 de septiembre, en relación con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña.

1. Me sigue pareciendo evidente -como ya expuse en "Los límites del fervor nacional"- que la convocatoria, organización y preparación de ese referéndum, al haber sido declarado ilegal, puede entrañar varios delitos -prevaricación, malversación de caudales públicos y desobediencia- de las autoridades y funcionarios públicos que desarrollan tales conductas.
Es cierto, como señaló ayer la diputada de ERC Ester Capella en su intervención durante la comparecencia parlamentaria del Ministro Montoro, que la convocatoria de un referéndum ilegal no se tipificó en el Código Penal como un delito especial, como en su momento propusieron algunos. Ahora bien, eso no impide que cuando la convocatoria de un referéndum ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, su organización no pueda entrañar varios de los delitos tipificados en el Código Penal, como los ya señados.

De igual forma, el Código Penal no tipifica específicamente el delito de "otorgar a sabiendas una autorización urbanística contraria a Derecho", pero eso no implica que esa conducta no entrañe un delito de prevaricación.

2. Por eso, me parece legítimo que la Fiscalía del Estado y los jueces y Tribunales de Justicia, con el auxilio de la policía judicial, lleven a cabo todas las actuaciones autorizadas por las normas para impedir la comisión de tales delitos. Al igual que en la persecución de otros delitos, tales actuaciones pueden incluir registros de locales y oficinas, incautación de materiales e interrogatorios e incluso detenciones de los presuntos autores o colaboradores de la actuación delictiva.
Como han señalado varios medios, las medidas más enérgicas fueron adoptadas por el juez titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, como parte de una causa que venía instruyendo desde hace meses. Si el juez ve indicios de que algunos altos cargos de la Generalitat pueden estar cometiendo los delitos que está investigando, es lógico que ordene registros, interrogatorios y detenciones en los lugares de trabajo de los sospechosos, al igual que haría si investigara otros delitos.

Quienes no ven delito alguno en la organización del referéndum -como los independentistas- es lógico que consideren injustificadas tales actuaciones judiciales y las consideren parte de una siniestra y antidemocrática conjura del Gobierno español. Pero parten de una premisa falsa.

3. En lo que atañe a las medidas de intervención financiera de las cuentas y pagos de la Generalitat y de sus organismos y empresas, me pareció poco convincente, desde un punto de vista jurídico, la defensa que hizo en la Comisión de Economía el Ministro Montoro de su Orden Ministerial de 15 de septiembre, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de ese mismo día.

El Ministro dejó claro que el objetivo de las medidas acordadas por la Comisión Delegada (entre ellas, el pago directo por el Estado de las obligaciones de pago de la Generalitar por servicios esenciales; la no disponibilidad de los créditos correspondientes a las restantes partidas presupuestarias; y la introducción de un procedimiento especial de fiscalización de todos los pagos bancarios efectuados por la Generalitat y todas las empresas públicas catalanas de ella dependientes) es impedir que la Generalitat puede efectuar pagos ilegales relacionados con la organización del referéndum.
El problema jurídico estriba en que, para adoptar esas medidas de intervención financiera, la Comisión Delegada se basó primordialmente en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en los artículos 135 y 136 de la Constitución.

Pues bien, el artículo 3.2 de la citada Ley señala que "se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones públicas la situación de equilibrio o superávit estructural", lo que permite colegir que esa Ley -y las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso que contemplan sus artículos 25 y 26- está dirigida a controlar la situación financiera y presupuestaria global de las Administraciones públicas, no la legalidad de la aprobación o pago de gastos concretos cuya cuantía carece de trascendencia práctica sobre el saldo presupuestario o nivel de deuda del Gobierno de la Generalitat.
Me parece, pues, que desde un punto de vista jurídico tuvieron razón los diputados Ferrán Bel (PdeCat) y Ester Capella (ERC) cuando durante la comparecencia del Ministro Montoro señalaron que las medidas acordadas por la Comisión Delegada no tienen apoyo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y constituyen una aplicación de facto del artículo 155 de la Constitución española, a cuyo tenor
"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

A mi juicio, parece claro que la ilegal actuación del Sr. Puigdemont y de su Gobierno permitirían al Gobierno de España la invocación del citado artículo 155, a cuyo amparo serían perfectamente legales las medidas de intervención financiera acordadas por la Comisión Delegada. También resulta comprensible -e incluso elogiable- que el Sr. Rajoy haya sido reticente a invocar hasta ahora formalmente el citado artículo 155, para no "escalar" -en el terreno político y el de la opinión pública- el conflicto entre el Estado y la Generalitat.

Esa prudencia política ha hecho, sin embargo, que la Comisión Delegada del Gobierno y el Ministro de Hacienda tuvieran que hacer una "pirueta jurídica" y basar las medidas adoptadas de intervención financiera en una norma -la de Estabilidad Presupuestaria- que ni está concebida para impedir gastos ilegales, ni contempla las medidas adoptadas.

Yo, curiosamente, viví una situación parecida en 1991, como Director del Tesoro y Política Financiera, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y las Naciones Unidas conminaron a sus Estados miembros a adoptar medidas de bloqueo financiero contra Irak. El problema que teníamos en España es que ni la legislación de control de cambios ni la financiera por entonces vigente contemplaban la adopción de medidas selectivas de esa naturaleza respecto a un país, como Irak. Pero, si la memoria no me falla, también entonces, a pesar de su escasa base en el ordenamiento jurídico español, apelando a las resoluciones de Naciones Unidas, preparamos en el Tesoro una Orden Ministerial que fue firmada por el Ministro Solchaga y daba cumplimiento a lo acordado por Naciones Unidas.
Una de las grandes diferencias con la situación actual es que aquella Orden Ministerial no fue recurrida por nadie -Saddam Hussein tenía preocupaciones mucho mayores-, a diferencia de la del Ministro Montoro de 15 de septiembre, que ha sido recurrida por las autoridades catalanas ante el Tribunal Supremo.

4. Abandonando ya el terreno jurídico, me parece que el Presidente Rajoy está gestionando esta crisis política con acierto, procurando no escalar el conflicto de forma innecesaria, pero impulsando con firmeza las medidas precisas para frustrar el intento de secesión que vienen impulsando el Sr. Puigdemont, su Gobierno y los diputados y fuerzas independentistas.
Creo que acertó ayer cuando, por la mañana, buscó el apoyo de los líderes del PSOE y de Ciudadanos y, por la noche, instó de nuevo al presidente de la Generalitar a desistir del referéndum, recordándole que se mantenía abierto a conversar sobre cualquier asunto (como el de la financiación autonómica), pero siempre dentro del marco de la Constitución.

5. Me parecieron igualmente oportunas y templadas las manifestaciones que hizo por la tarde el portavoz del PSOE, José Luis Ávalos, cuando apoyó las actuaciones de los jueces, instó al Sr. Puigdemento a desconvocar el referéndum y declaró que, cumplida esa condición, sería el momento de dialogar.
No cabe duda de que, concluido el conflicto, será precisa una negociación política que permita rebajar la tensión vivida e intente buscar soluciones que, respetuosas con la Constitución y la unidad del Estado, den también satisfacción a u número suficiente de los muchos catalanes descontentos con la situación vigente.
Pero antes de iniciar cualquier negociación es preciso que fracase o se retire voluntariamente la iniciativa del referéndum, porque, a pesar de su hipócrita apariencia de consulta democrática, constituye un inequívoco intento de secesión unilateral que no tiene apoyo alguno ni en la Constitución española ni en el Derecho Internacional. Por eso, me parece legítimo asimilarla a un intento de "golpe de Estado", no militar como el del 23-F de 1981, pero sí secesionsta-populista.
6. No quiero minusvalorar la gravedad del conflicto político, las tensiones que seguiremos viviendo de aqui al 1º de octubre y las secuelas que pueda dejar. La estrategia independista se basará en la movilización en las calles, con ánimo de amendrentar a las fuerzas de seguridad y la Gobierno español, y lograr el mayor eco posible a sus reivindicaciones. Además, hasta ahora la visión dominante es que nos encontramos ante un "choque de trenes", que es la forma popular de referirse a un "juego del gallina", en el que, si dos jugadores persisten en mantener su estrategia hasta el final, ambos perecerán en el empeño, a menos que uno -el "gallina" (chicken)- ceda.
Pero, sin descartar todos esos riesgos y tensiones, no descartaría que el juego tenga en realidad la estructura de un juego del "farol visto" (called bluff), como el descrito en la Crónica que reproduzco más abajo, en el que la Generalitat catalana jugaría el papel de Alemania, Puigdemont de Ministro Holstein, el Gobierno de Rajoy jugaría el de Francia y los dos restantes partidos constitucionalistas, Ciudadanos y, sobre todo, el PSOE, el de Gran Bretaña.

Será esencial que:
- El Gobierno y los partidos constitucionalistas, como ya han reiterado esta mañana, se muestren dispuestos a negociar en el futuro sobre el encaje de Cataluña dentro de España.
- El PSOE siga manteniendo la nítida distinción entre el imprescindible respeto a la Constitución -que exige la desconvocatoria o fracaso del referéndum- y cualquier negociación futura sobre ese encaje de Cataluña en España.
- Los partidos y fuerzas constitucionalistas no se dejen amedrentar por las movilizaciones independentistas y su inevitable eco en los medios; eviten medidas innecesarias que puedan servir de bandera a los secesionistas; y no abandonen la lucha por ganarse a la opinión pública internacional, una tarea difícil en la que las falacias populistas de los independentistas ("queremos votar") les dan una ventaja de partida.

                            El juego del Grexit

[Publicado el 14-7-2015]

En su clásico estudio "Conflict among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises" (1977), Glenn Snyder y Paul Diesing analizaron una larga serie histórica de crisis internacionales y, valiéndose de la Teoría de los Juegos, expusieron las alternativas para cada país, los potenciales resultados de su interacción y el desenlace final de cada crisis.
La conferencia de Algeciras (1906)
Una de ellas fue la que en 1905-1906 enfrentó a Francia y Alemania cuando la primera tomó el control de Marruecos sin consultar a la segunda, ni ofrecerle compensaciones -como había hecho con España, Gran Bretaña e Italia-.

Alemania protestó enérgicamente, el emperador se desplazó a Tánger en defensa de la independencia de Marruecos -aunque más tarde pretendería adquirir su propia zona de influencia- y amenazó con una acción bélica, confiado en que la amenaza haría que Gran Bretaña retirara su apoyo a Francia.

Snyder y Diesing señalan que "las amenazas de Alemania durante la crisis suscitaron [en Francia] una reacción defensiva y hostil que aumentó mucho el valor de mantenerse firme contra el enemigo. Para Alemania, uno de los objetivos era romper la entente entre Francia y Gran Bretaña y mostrar que ésta dejaría en la estacada a Francia si se llegaba a un enfrentamiento. Su otro objetivo era ser reconocida como potencia colonial. Había, sin embargo, desavenencias dentro de Alemania: el emperador atribuía gran valor a las [buenas relaciones con Francia], mientras que [su Ministro de Asuntos Exteriores] Holstein no esperaba nada de Francia y exigía firmeza. Esas desavenencias fueron una de las causas de las vacilaciones alemanas durante la crisis. Francia esperaba que si la conferencia [de Algeciras] acababa en desacuerdo, Alemania podría declarar la guerra; pero, con la garantía del apoyo de Gran Bretaña, esperaba lograr una victoria decisiva. Alemania, por el contrario, no tenía intención de iniciar una guerra impopular y costosa sobre Marruecos. Los alemanes malinterpretaron los hechos y creyeron que sus amenazas harían que Francia cediera cada vez más, cuando en realidad aumentaron su voluntad de mantenerse firme. La estrategia alemana no solo fue ineficaz, sino contraproducente".

Al final, Gran Bretaña mantuvo su apoyo a Francia, ésta no cedió y Alemania, aislada y apoyada sólo por Austria, aceptó en la Conferencia internacional de Algeciras las pretensiones francesas. El Ministro alemán de Exteriores, Friedrich von Holstein, dimitió poco después.

El juego del "farol visto" (called bluff )

Cuando un conflicto tiene la estructura del surgido entre Alemania y Francia por Marruecos, uno de los jugadores cree que está jugando un juego simétrico de chicken ("gallina") y espera salirse con la suya ante el temor de su rival a que la falta de acuerdo acabe en catástrofe para ambos (como expuse hace años en "Locos y Antílocos", ya Homero describió en la Ilíada un juego de esa naturaleza). Pero esa creencia es equivocada, porque para el otro jugador no se trata de un juego del "gallina", sino de un "dilema del prisionero", en el que la falta de acuerdo no será el peor resultado: le resultará todavía más doloroso ceder a las amenazas del rival.
Por eso, Snyder y Diesing, inspirándose en el póquer, bautizaran el juego como "called bluff" ("farol visto"): cuando una parte amenaza con un desastre si no hay acuerdo, la otra, cuya prioridad no es evitar a toda costa el conflicto, prefiere afrontarlo; y su firmeza obliga a quien lanzó el farol a rendirse, humillado. Ambos autores atribuyeron esa estructura a la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Y puede vislumbrarse también en el conflicto del presidente Reagan con los controladores aéreos en 1981,  y en el que en 2010 enfrentó al Gobierno Zapatero con los controladores españoles (véase "El farol de los controladores").

El tercer rescate de Grecia 

En mi opinión, el inesperado desenlace de las negociaciones entre Grecia y el Eurogrupo sobre el nuevo programa de ayuda ha mostrado que el juego tenía también la estructura de un "farol visto", en el que Grecia ha desempeñado el papel de Alemania en la Conferencia de Algeciras; y Alemania y el Eurogrupo, el que Francia y Gran Bretaña tuvieron entonces.
El cuadro adjunto resume la situación (los números indican orden de preferencias respectivas, empezando por Grecia).

La clave de que la negociación acabara en la aceptación por Grecia de nuevas y estrictas condiciones (casilla 3,1) estuvo, probablemente, en el encorchetado párrafo final de las conclusiones de los Ministros de Economía y Hacienda (eliminado luego en el acuerdo final de los Jefes de Gobierno): "Si no se pudiera alcanzar un acuerdo, debe ofrecerse a Grecia la posibilidad de una negociación rápida sobre una posible retirada temporal del euro, con posible restructuración de deuda". El anuncio por la Comisión Europea de que existían planes para afrontar ese traumático escenario reforzó la convicción de que no era letal para la eurozona. La Canciller Merkel reforzó esa idea cuando, al llegar a Bruselas, manifestó que no era preciso llegar a un acuerdo "a toda costa". Mientras tanto, el devastador efecto del "corralito" mostró la vulnerabilidad de la economía griega a una crisis de su sector bancario y los griegos reiteraron su deseo de permanecer en el euro.

Es cierto que el acuerdo final, aprobado por unanimidad, resultó humillante para Grecia y para el Sr. Tsipras (¿jugó acaso el dimitido Varoufakis el papel que tuvo en la crisis de Algeciras el Ministro Holstein?). Pero en la historia monetaria europea también las devaluaciones en el Sistema Monetario Europeo (SME) entrañaban una grave humillación para el país que las sufría, que le servía de acicate para evitar otras en el futuro. Es cierto que el "acuerdo cartaginés" en Versalles fue la semilla del resentimiento alemán que, atizado por Hitler, provocaría la Segunda Guerra Mundial. Pero hay ejemplos menos dramáticos y más certeros de imposiciones fructíferas: la independencia del Bundesbank en que Alemania asentó el prestigio de su moneda e hizo de ésta símbolo de unidad nacional  no fue una decisión soberana de los alemanes, sino una imposición de los Estados Unidos como potencia ocupante al término de la Segunda Guerra Mundial.

Las conclusiones del Eurogrupo y la decisión final comienzan afirmando que será clave que las autoridades griegas consideren el nuevo programa como "propio" ("ownership"). La frase me pareció al principio de un cinismo orwelliano. Pero ¿y si los griegos hicieran de la necesidad virtud y aceptaran como propias las profundas y necesarias reformas que sus socios les han exigido?
Algunas humillaciones pueden, paradójicamente, resultar fecundas.   .

Elisabeth Noelle-Neumann fue una gran politóloga alemana a quien persiguió en su madurez su entusiasmo juvenil por Hitler: en 1937-38, con apenas 20 años, mientras disfrutaba de una beca de intercambio de estudiantes extranjeros en la facultad de periodismo de la Universidad de Missouri -a cuya concesión le siguió un té con pastas  con Hitler-, se hizo propagandista nazi, escribió en el periódico universitario en contra de la mezcla de razas y afirmó que el 90% de los jóvenes alemanes estaban con Hitler no por miedo, sino por lealtad y amor.

De regreso a Alemania, Noelle-Neuman colaboró en 1940 brevemente con el periódico nazi Das Reich y escribió sobre la influencia de los judíos en los periódicos americanos. Más tarde, sin embargo, se distanció del régimen nazi y Goebbels la cesó en sus funciones. Pero cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, regresó como profesora a la Universidad de Chicago, su juvenil antisemitismo y colaboración con los nazis salió a la luz y dañó su reputación.

Ese oscuro pasado mermó probablemente notoriedad a su principal aportación teórica al análisis de la opinión pública, su gran especialidad: el concepto de "espiral del silencio" (Schweigespirale), al que en 1993 dedicó un libro (The Spiral of Silence: Public Opinión, our Social Skin).

Tales espirales se producen cuando al comienzo de un debate social o político los medios de comunicación reflejan de forma desequilibrada las distintas opiniones y dan primacía a una.

Eso puede ocurrir de forma espontánea, pues en esa temprana fase se oirán más las opiniones de los exaltados y la de quienes, gracias a su influencia política, su posición social, su poder económico o su capacidad de intimidación, pueden difundir su ideas de forma machacona a través de los medios y acallar las rivales. Tan pronto creen la apariencia de que sus opiniones son las generales, quienes no las compartan se callarán -por temor a ir contracorriente-, lo que envalentonará aún más a los valedores de aquellas e intensificará la espiral. 

Según Noelle-Neuman, el aristócrata francés Alexis de Tocqueville explicó de ese modo la pérdida de influencia de la Iglesia Católica en la Francia pre-revolucionaria:

"Quienes mantenían la fe en las doctrinas del Iglesia empezaron a tener miedo de quedarse solos en su creencia y, más preocupados por la soledad que por el error, decían compartir los sentimientos de la mayoría. De forma que lo que en realidad era sólo la opinión de una parte de la nación empezó a ser tomado por voluntad general".

Ya en "La democracia en América" Tocqueville había escrito:

"En un país democrático, el favor público parece tan necesario como el aire que respiramos. Vivir enfrentado a la multitud es como no vivir. La multitud no necesita leyes para forzar a quienes no piensan como ella: basta con la desaprobación pública para que la sensación de soledad e impotencia les invada y les lleve a la desesperación".

Aunque las espirales de silencio pueden ser espontáneas, en la vida política real muchos gobernantes intolerantes las atizan deliberadamente mediante unos medios de comunicación adictos que manipulan la información, silencian a los discrepantes o facilitan su escarnecimiento público.

Las espirales del silencio son frecuentes también en los órganos colegiados (consejos, comités, asambleas...) y para romperlas las buenas prácticas recomiendan que su presidente salvaguarde de forma deliberada la posición del discrepante -¡qué pocos lo hacen!- y que los miembros intervengan en orden inverso a su jerarquía, para que los de menor rango no se sientan coaccionados por las opiniones previas y dejen de revelar la información o punto de vista propios (hidden profile).  .

Con frecuencia será un individuo o grupo valiente el que, sin temor a la soledad, se manifieste a contracorriente y rompa la espiral, como el Zadig de Voltaire, que se atreve  a defender la probidad del Ministro Coreb ante el rey de Babilonia (ver sexto párrafo) a pesar de la cólera del rey contra su ministro y las críticas de sus serviles cortesanos. "Confieso que nunca vi a un cortesano hablar bien de alguien contra el que su rey estaba encolerizado", dice el rey.

En Cataluña, como ya escribió Francesc Carreras en diciembre de 2013,  los independentistas han logrado a lo largo de los años crear una espiral del silencio y hacer creer que sus ideas eran preponderantes, 

En tiempos recientes, han sido especialmente hábiles al camuflar un inexistente derecho colectivo a la secesión como un democrático derecho humano a "decidir" o incluso a "votar" y al ocultar que aspiraban a convertir, de forma coactiva y por mayoría simple, a muchos catalanes en extranjeros en su propia tierra.

Por fortuna, la multitudinaria manifestación del domingo 8 de octubre en Barcelona mostró que esa espiral independentista del silencio se ha roto y que los constitucionalistas están dispuestos a hacerse oír públicamente.

Son muchos los que, con su perseverancia, lo han logrado, como Societat Civil-la organización convocante de la manifestación-, el partido Ciudadanos y otras personas e instituciones. Entre ellas no han estado, como les reprochó Josep Borrell en su brillante y fogosa intervención en la manifestación del 8 de octubre, las organizaciones empresariales, ni las grandes empresas que la semana pasada anunciaron su cambio de domicilio, ya que hasta entonces "no se atrevían a decir en público lo que decían en privado". "¿Por qué no lo dijisteis antes?", les espetó.

He ahí, sin embargo, la clave del éxito de toda espiral de silencio: el amedrentamiento de quien, para evitar represalias, no se atreve a manifestar públicamente lo que piensa.

Quien, en mi opinión, tuvo un papel decisivo en la ruptura de la espiral fue el rey Don Felipe, gracias a su breve discurso del martes 3 de octubre.

Desde el primer instante del discurso.me impresionó la severidad y contundencia de su alegato contra los secesionistas y su defensa de la Constitución. El encuadre y su gesto adusto me recordaron inevitablemente el discurso de su padre en la madrugada del 23-F. Confieso que me defraudó la ausencia de cualquier apelación emocional, más allá de razonamientos constitucionales, a la pertenencia de Cataluña a España. Pero luego comprendí que esa ausencia fue, en realidad, un gran acierto: dio a la alocución una severidad inesperada que, al desconcertarnos a muchos, destacó la gravedad del momento y la necesidad imperiosa de actuar con firmeza contra un golpe de Estado en marcha. Ese aldabonazo no solo llamó la atención del presidente del Gobierno y del vacilante líder del PSOE, Sr. Sánchez, sino que se convirtió en el punto de inflexión que dio a muchas empresas el coraje preciso para anunciar su cambio de domicilio -espero que de carácter transitorio-, mostró el desastroso efecto económico del independentismo y alentó el éxito de la manifestación del domingo.

Así, sí, Don Felipe. Enhorabuena por un discurso que, tan arriesgado como valiente, contribuyó a quebrar la espiral secesionista.

http://www.expansion.com/blogs/conthe/2017/10/11/cataluna-la-espiral-rota.html

5.El DESAFIO SECECIONISTA