La crispación, que al principio del procés afectó a las élites políticas, intelectuales y mediáticas, se extiende a amplios sectores de la ciudadanía. Se está solidificando una línea de demarcación donde cada vez resulta más difícil no alinearse con alguno de los bandos y donde las posiciones intermedias son difíciles de mantener. Aún no se ha producido una dinámica frentista de independentistas contra constitucionalistas o separatistas contra unionistas. Esto se aprecia paseando por el área metropolitana de Barcelona. Los distritos de las clases medias catalanohablantes donde es hegemónico el independentismo están plagados de esteladas, en los barrios obreros no hay esteladas, pero tampoco banderas españolas. Sólo existe un frente nacional formado por los independentistas que, a pesar de sus discrepancias, actúa como un bloque homogéneo con una miríada de asociaciones y entidades y un poderoso aparato mediático.

La cohesión y articulación del bloque independentista expresa la unificación doctrinal y homogenización identitaria de las clases medias formateadas ideológicamente durante el pujolismo. Durante los Gobiernos de CiU se cimentó la hegemonía del catalanismo, frente a la inoperancia cuando no la complicidad de las izquierdas. Entonces se desarrollaron interminables campañas para (re)construir la identidad catalana centradas en la lengua, cuyos puntos de inflexión fueron los Decretos de Inmersión (1992) y la Ley de Política Lingüística (1998). Paralelamente, las instituciones de autogobierno actuaban instaladas en una ambigüedad estructural operando como administración autonómica del Estado o como embrión del Estado catalán. Una ambigüedad concentrada en la presidencia de la Generalitat que el proceso soberanista ha disipado a favor del segundo vector.

Ello con el uso y abuso de los medios de comunicación y la escuela como factores fundamentales de la “construcción nacional” en permanente oposición a todo lo relacionado con España. La insistencia en el enemigo exterior facilitó la apelación a la unidad tan querida al catalanismo desde el Memorial de Greuges a la Solidaritat Catalana, a la Assemblea de Catalunya y que ahora quiere retomar la ANC. Resulta muy atractivo para unas clases medias atomizadas y despolitizadas, elevando su autoestima y un sentimiento de superioridad social y étnica, el llamado supremacismo, un fuerte narcótico ideológico que crea una coraza inmune a argumentos y críticas.

Frente a este proceso de unificación ideológica y homogenización identitaria, se asiste en este periodo a la desestructuración, atomización y aculturación de las clases trabajadoras castellanohablantes, procedentes de la inmigración del resto de España; abandonadas por sus partidos y sindicatos cuyas cúpulas, con escasas excepciones, se apuntan a las tesis nacionalistas. Expresión que la promoción social pasa por pagar el peaje identitario.

No podemos analizar los errores estratégicos de los tripartitos de izquierdas. Sólo apuntar que, al situar en el centro de su acción política la reforma del Estatut, cuando no existía reclamación social alguna e intentar superar a los nacionalistas en su terreno, permitieron la reconstrucción de la hegemonía política de CiU, pues la ideológica nunca estuvo cuestionada. Se dilapidó una gran oportunidad de reconducir la centralidad de política catalana del eje nacional al social. La sentencia del Tribunal Constitucional marcó el punto de partida del giro soberanista, aunque no fuera el factor principal para explicar este viraje.

En el tránsito del autonomismo al independentismo confluyen factores endógenos y exógenos. Primero, la lógica interna de los movimientos nacionalistas que, según Miroslav Hroch, experimentan tres fases: cultural, donde se reivindican las diferencias culturales; autonomista, donde se reclama el autogobierno en el Estado de referencia, e independentista, pues el Estado es el templo de la nación.

A excepción de la financiación, el catalanismo había satisfecho la práctica totalidad de sus reivindicaciones. Así, quizá el primer objetivo del giro soberanista convergente no fuera tanto la independencia, sino construir el marco ideológico para prolongar su hegemonía durante una generación. Una pretensión frustrada por los acontecimientos ya que ERC está asumiendo el relevo con planteamientos más atractivos para la base social del independentismo.

En segundo lugar, los efectos de la crisis financiera. Los recortes del primer Gobierno de Artur Mas amenazaron con una alianza entre éstas y la clase trabajadora, como se entrevió en las dos huelgas generales y el 15-M, cuando Mas acudió en helicóptero al rodeado Parlament. También debe relacionarse con el auge de los neonacionalismos económicos e identitarios europeos, de los que el movimiento independentista resulta una expresión particular. En este sentido, se explica el uso instrumental de los procedimientos democráticos: se invocan cuando son útiles a la causa nacional y se rechazan cuando constituyen un obstáculo.

Desde el otro lado de la barrera se han cometido numerosos errores, por acción y por omisión. En Cataluña, las izquierdas no han planteado un modelo alternativo de país, ni combatido los dogmas del nacionalismo, mostrando un complejo de inferioridad digno del análisis de Alfred Adler. Por otro lado, los Gobiernos del Estado no han sabido afrontar el reto planteado por la estrategia de nation building del catalanismo. En ocasiones por excesiva tibieza y a veces por demasiada rigidez. Por ejemplo, en política lingüística mostrando mayor firmeza con la inmersión y más generosidad en el reconocimiento del catalán en todas las instancias del Estado.

Las cosas han ido demasiado lejos para soluciones fáciles. Quizás el choque de trenes contenga algún aspecto positivo al sumergir al independentismo en un baño de realidad, comprobando la inviabilidad de la secesión unilateral sin acuerdo con el Estado, sin mayoría social en Cataluña y sin reconocimiento internacional. Para los partidos políticos e instituciones españolas en el sentido de tomarse en serio el “problema catalán” y arbitrar alternativas que pasan por la reforma federal de la Constitución. Sin excluir una versión adaptada a la realidad española de la Ley de la Claridad canadiense que ofrecería una salida política a quienes reclaman un referéndum de autodeterminación. No tanto como la aplicación de un derecho universal, sino como la respuesta democrática a sectores importantes de la sociedad catalana.

En caso contrario, las heridas abiertas en Cataluña no cauterizarán y persistirán los factores que han conducido a esta aguda crisis política e institucional. Sólo si desde la sociedad catalana y las instituciones españolas se plantea un combate por la hegemonía ideológica será posible responder a los retos planteados por el independentismo.