El PIB quebequés no sigue el ritmo del resto de Canadá, mientras cae la población más productiva. Las empresas más relevantes y los bancos salieron de Quebec ante el primer referéndum.

El ejemplo de movimiento soberanista en Quebec, tan valorado por los separatistas catalanes, tiene una cara menos positiva: el paulatino deterioro económico de la región canadiense. De 1981 a 2006, el PIB quebequés creció un 2,3 por ciento de media, frente al 3 por ciento en el resto de Canadá. Esa brecha de crecimiento, prolongada a lo largo de tres décadas, supuso que el aumento de la riqueza rubricara un 76,6 por ciento en Quebec, frente al 109,9 por ciento en el resto del país, según un informe del Instituto Económico de Montreal.

Ahora mismo, el canadiense medio es 6.000 dólares (unos 5.400 euros) más rico que su equivalente quebequés. Las provincias más pobladas y ricas (Alberta, Ontario, Columbia Británica) contemplan desde la distancia a sus antaño prósperos vecinos quebequeses, y no sorprende percibir un cambio en la conciencia colectiva quebequesa.

En 1976, el independentista Partido Quebequés (PQ) ganó las elecciones y situó a su líder como primer ministro de la provincia. Hubo dos referendos de independencia: en 1980 y 1995. La secesión perdió en ambos casos, aunque en el segundo por un margen muy estrecho. Desde el mismo día en que se comenzó a hablar de independencia, la provincia canadiense ha venido sufriendo un prolongado declive económico y demográfico. El primer puesto de Cataluña a principio del proceso autonómico en cuanto a riqueza también pertenece al pasado.

Aquellos que ansían la independencia tienden a ignorar ese negativo impacto económico. Es, sin embargo, incuestionable que la incertidumbre de los acontecimientos políticos ha tenido claras repercusiones económicas. Por lo pronto, existe un efecto en los mercados financieros con subidas de los tipos de interés para financiar la deuda pública. Durante las últimas elecciones provinciales, cuando parecía que el PQ podría formar Gobierno y pedir un tercer referéndum, los bonos de la provincia se dispararon por encima de los de la vecina Ontario, sobrecoste que se redujo pocos meses después de los comicios. La incertidumbre afecta asimismo a la bolsa y las acciones de las empresas. Según los especialistas, el referéndum de 1995 perjudicó en especial a las empresas basadas en Quebec.

La banca española ha advertido de que podría abandonar Cataluña en caso de secesión. En Quebec ya ocurrió ante la sola amenaza de independencia. Tras la victoria del PQ en 1976, los principales bancos canadienses trasladaron sus sedes de Montreal, centro financiero de Quebec, a Toronto. Nunca volvieron. Incluso el Banco de Montreal tiene hoy día, de facto, su cuartel general en Toronto, y no en la ciudad que le da nombre, pese a estar registrado allí.

Algo similar ocurrió con empresas y multinacionales. Según un informe del Instituto Económico de Montreal, entre 1978 y 1981 (con el anuncio del primero de los referendos), se marcharon 30 de las mayores empresas canadienses. Literalmente, abandonaron Quebec. Con todo, Toronto, la capital de Ontario, se ha consolidado como centro económico y financiero de Canadá. Hoy se piensa en privatizar muchas de las empresas que se quedaron, siendo un tabú el ramo de energía hidroeléctrica. Si la privatización de la industria pública más importante de Quebec tiene lugar, se interpretará como una seria llamada de atención a los movimientos cuyo objetivo es hacer de Quebec un Estado-nación. Con ello se daría a entender que el sueño de la independencia de Quebec ha permitido una mala gestión económica durante años.

En 1951, Quebec albergaba el 28,9 por ciento de la población canadiense. El porcentaje ha caído al 23,6, destacando negativamente el éxodo de jóvenes hacia otras provincias del país del que se quieren separar. De hecho, entre 1981 y 2006, la población menor de 15 años cayó un 12 por ciento en Quebec, mientras crecía un 7 en el resto del país. El rango de población más productivo (entre 16 y 40 años) apenas crecía un 17 por ciento en esos 25 años, según el Instituto Económico de Montreal, frente a un incremento del 40 en el resto de Canadá.

Desde los años 70, el número de personas que han emigrado rebasa el medio millón, destacando, además, el envejecimiento poblacional, que empeora el problema de la deuda: más pensiones y más Sanidad con menos cotizantes.

Las dos grandes áreas metropolitanas, Toronto y Montreal, tenían en 1976 aproximadamente el mismo número de habitantes. Pero mientras la primera ha más que duplicado su número, Montreal apenas ha crecido un 30 por cien. Conviene recordar que Canadá es un país forjado en la inmigración (10 por ciento). Si bien es cierto que el llamado "voto étnico" se ha diversificado y el PQ cuenta con inmigrantes en sus filas, la mayoría de ellos siguen sintiéndose tanto quebequeses como canadienses y por tanto contrarios a la secesión.

Quebec es la única región con mayoría francófona (81 por cien) y es una de las dos provincias canadienses de población mayoritariamente católica. La religión ha dejado de desempeñar un papel determinante en la disputa nacionalista.

La espiral financiera es grave. Es la conclusión del informe Godbout Montmarquette, de abril de 2014. Un análisis independiente, no partidista, de las finanzas públicas elaborado por los economistas Luc Godbout y Claude Montmarquette, de las Universidades de Sherbrooke y Montreal, revela que el déficit es más del doble del previsto por el PQ, y que seguirá creciendo si no se implementan reformas importantes y de todo punto necesarias. El gasto aumenta a un ritmo promedio del 5 por ciento anual, siempre por encima de su presupuesto, acabando cada vez más endeudada la provincia. Por eso, el Ejecutivo recibe recomendaciones para contener el gasto público y optimizar la maquinaria burocrática, con recortes en las oficinas gubernamentales y también en los subsidios públicos. No extraña, pues, que pesara tanto en el rechazo a la ruptura con Canadá el temor a que lo imbricado de las economías pusiera fin al Estado de Bienestar.

La pregunta del referéndum de 1995, formulada de forma confusa, motivó en parte el ajustado resultado. La "doctrina de la claridad" surgió precisamente para evitar esa ambigüedad en el futuro. Se corrigió el error del Gobierno esquivando el debate. Algo similar ha sucedido en España.

El Tribunal Supremo dictaminó que para legitimar la negociación sobre una secesión era necesario determinar claramente la pregunta, mayoría necesaria y marco de las negociaciones. ¿Cómo se definirían esos conceptos? El Tribunal dejó en manos de los actores políticos su definición, y el Gobierno de Ottawa reaccionó con una ley de claridad a la que el Ejecutivo de Quebec contrapuso su propia norma.

La doctrina del Supremo canadiense descarta tanto la ruptura unilateral de una provincia tras una votación como el inmovilismo central ignorando un mandato democrático claramente expresado. La razón: ambas llevan a un callejón sin salida. Imposibilitan la solución pactada. La Corte reconoce el derecho del Gobierno de cualquier provincia de consultar a su población y formular la forma de la pregunta del referéndum. Al mismo tiempo afirma la legitimidad del papel del Gobierno federal. Así, la claridad del proceso sirve como fundamento de los pactos.

Finalmente las instituciones canadienses han reconocido el hecho diferencial de Quebec. Aun careciendo de Estado propio Quebec dispone de garantías democráticas dentro de un marco federal.

Tras el referéndum de 1995 se reconoció el hecho diferencial de Quebec (distinct society) y se prometió un nuevo arreglo constitucional que no se produj,o porque implicaba apelar al resto de Canadá y no se podía ver como algo diseñado exclusivamente para satisfacer a Quebec.

Se han descentralizado funciones para satisfacer algunas aspiraciones provinciales como las de Quebec. Todas las provincias tienen derecho a asumir los poderes que ahora sólo está ejerciendo Quebec, y Alberta y Ontario han expresado su interés por asumir estos poderes.

Sí que ha habido enmiendas constitucionales. En este contexto, la ley relativa a las enmiendas constitucionales (de 1996) estipula que el Parlamento debe obtener el consentimiento de Quebec, Ontario, Columbia Británica, dos de las provincias atlánticas que comprendan al menos 50 por ciento de la población de la región, antes de proponer una enmienda constitucional, lo que en sentido inverso supone un derecho de veto tácito.

La doctrina que empezó a elaborar el primer ministro canadiense, Stephen Harper, del "federalismo de apertura" incluye el respeto a los órganos jurisdiccionales y constitucionales de las provincias y a su papel en la federación, el reconocimiento de la existencia de un desequilibrio fiscal entre el centro y las provincias, y la aceptación del principio de un papel internacional específico para Quebec.

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7029497/09/15/El-proceso-separatista-en-Quebec-hundio-la-economia-de-la-zona.html