Las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP para desatascar la investidura de Artur Mas se siguen celebrando a contrarreloj, mientras se acerca la campaña electoral del 20-D. El escollo no es solo el rechazo de la plataforma anticapitalista e independentista a dar sus votos al president para que revalide el cargo: además, miembros del Departamento de Economía de la Generalitat avisaron hace unas semanas a miembros de la CUP de que no pueden costear el plan de choque social que los anticapitalistas reclaman para canalizar la investidura.

Según fuentes de la negociación, el equipo del consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, encabezado por el secretario general Albert Carreras, se entrevistó con miembros de la CUP para analizar hasta dónde podría aumentar el gasto social la Generalitat. Este encuentro se realizó hace algunas semanas cuando estaban negociando el anexo social que se adjuntó a la declaración independentista del Parlament. Según fuentes conocedoras de esa reunión, Economía expuso las dificultades financieras que atraviesan las arcas catalanas, que esperan que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) cubra los pagos pendientes a proveedores para liberar parte de la tensión de tesorería que ahora sufre.

Ante la insuficiencia de fondos de la Generalitat, que acumula varios retrasos en los pagos a proveedores, Junts pel Sí y la CUP acordaron buscar fórmulas extrapresupuestarias para financiar el anexo social. Para liberar recursos, pactaron renegociar todos los compromisos correspondientes a financiaciones estructuradas (desde peajes en la sombra a concesiones), que suman 30.000 millones hasta el año 2108, para ahorrar en intereses. Los dos partidos también se comprometieron a intentar renegociar la deuda que tienen contraída con la banca nacional para rebajar la factura de los intereses, algo que Economía ha venido haciendo este ejercicio.

El equipo de Mas-Colell asumió con reticencias el anexo social que, de hecho, era de mínimos para la CUP. Tras fracasar la investidura de Mas, los anticapitalistas anunciaron un paquete de 39 medidas adicionales que consideran imprescindibles. Por ello, la postura de la consejería de Mas-Colell pesa como una losa sobre la negociación. El secretariado de la formación anticapitalista celebró ayer una reunión en la que abordó la asamblea que celebrará este domingo y su creciente malestar ante un eventual doble juego de Junts pel Sí. Por un lado se les garantiza que sus reivindicaciones son viables, pero en Economía les advierten de que no. La Generalitat no puede acceder a un nuevo endeudamiento al depender exclusivamente del FLA. Mas-Colell, además, es uno de los consejeros más críticos con la CUP: hace nueve días se mostró, en un artículo de prensa, partidario de nuevas elecciones antes de que Junts pel Sí se someta a las nuevas condiciones de los anticapitalistas.

El anexo a la declaración de inicio del proceso independentista es eminentemente social, incluye las medidas pactadas y que ambas partes consideraron prioritarias. Una de ellas es aplicar el decreto de pobreza energética para garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas a ciudadanos en riesgo de exclusión social y realojar a los afectados por desahucios. Fuentes de la CUP explican que esta semana pretenden aclarar qué medidas del programa social de Junts pel Sí pueden cumplir.

La dirección de la CUP quiere llegar a la asamblea del domingo, que definen como “debate nacional”, con todos los pros y contras de un posible pacto sobre la investidura. Su objetivo es transmitir a su militancia que el problema no es solo Artur Mas, pese a que si Junts pel Sí propusiera a otro candidato se sortearían muchos escollos. La asamblea se planteará también si le compensa alcanzar un pacto de gobernabilidad para dar estabilidad al futuro Gobierno de la Generalitat. “No nos solucionaría todo Mas sí o Mas no”, avisan fuentes del partido.