La corrupción más peligrosa es aquella que se perpetra sin que nadie se entere, sin que los medios hablen de ella, la que se esconde en despachos de partidos políticos o de individuos. La impunidad de la corrupción hace un daño irreparable a la convivencia y al progreso de cualquier sociedad democrática. Por eso no me escandaliza que supuestos delincuentes o delincuentes confesos desfilen por los juzgados, sean interrogados por la policía judicial, se presenten ante los tribunales para dar cuenta de las acusaciones que pesan sobre ellos.

Sería mucho más saludable todavía que los millones que han desaparecido de forma ilegal fueran debidamente devueltos a sus propietarios originales o fueran depositados en las arcas públicas. Las penas de telediario son ciertamente muy ingratas, sobre todo, cuando no se ha probado ningún delito. Pero la justicia actúa siguiendo sus tiempos y protocolos. Cuando llega la hora del juicio oral ahí están los abogados de la defensa, la Fiscalía y el tribunal. El sistema judicial puede ser lento e imperfecto, pero pienso que es positivo para todos que vaya pidiendo cuentas de los sospechosos de delitos de corrupción.

Tras ocho años de instrucción sumarial del caso Palau, Fèlix Millet, Jordi Montully el resto de los acusados acudieron como encausados en un caso de corrupción política que afecta directamente a CDC. Luego hemos visto pasar por la Audiencia Nacional a Alavedra, Prenafeta y Muñoz reconociendo que las comisiones del tres o cuatro por ciento eran el precio del mercado.

Los expresidentes de Andalucía, Chaves y Griñán, esperan la apertura del juicio oral para que se aclare su responsabilidad en los casos de corrupción que afectarían al socialismo andaluz. El Partido Popular está directamente relacionado con varias causas que responden a millonarios desvíos ilegales de dinero. Los casos Bárcenas, Gürtel y ahora el de la Comunidad de Madrid causan la misma alarma o más que los que van saliendo en Murcia y otros entornos sobre el cobro de comisiones ilegales. Se refieren al partido que gobierna en España.

Que Mariano Rajoy sea citado por un tribunal, como testigo, no es nin­guna conspiración contra el poder ­establecido. Es, simplemente, la consecuencia de que el sistema judicial no depende, no debería depender, del poder ejecutivo. Hay, ha habido y ­habrá corrupción. Pero cuando se detecta se tienen que conocer todos sus detalles y proceder en consecuencia. Es lo mejor que puede ocurrir. La ­corrupción oculta hace mucho más daño.

Cuenta Madame de Staël, enemiga de Napoleón, que la caída de Bonaparte se debió a que nadie osó decirle la verdad sobre nada y, al final, llegó a ignorar que en el mes de noviembre hacía frío en Moscú. Que se ventile la corrupción es saludable para todos. En democracia nadie es imprescindible.