1.Encuentros en la tercera vía (catalana)
- Un estudio refleja que una parte sustancial del independentismo aceptaría soluciones que no exijan la ruptura con España
En este articulo indica, no cooperativo,creo que es un error.
2-¿Qué es el federalismo cooperativo?
Asociar el federalismo cooperativo con el asimétrico y, al final, con el separatismo, supone un notable error de percepción
Las prácticas cooperativas arrancaron con el New Deal
Su consecución permitiría, por fin, convertir el Senado en cámara de representación territorial
En sus exquisitas Mitologías, Roland Barthes se lamentaba del «divorcio abrumador entre el conocimiento y la mitología». El crítico francés veía reflejada esta separación entre «la ciencia» y «las representaciones colectivas» en la imagen «del negro», simplificadora y discriminatoria en los medios de masas, pero compleja, respetuosa y fidedigna en el campo de la antropología y la etnología.
La distancia entre el saber y el mito no parece que se haya recortado. Hoy día continúa siendo frecuente encontrar en prensa reflexiones basadas en categorías ampliamente problematizadas, cuando no abiertamente superadas, por las ciencias sociales y políticas. Algo de esto ocurre con el debate actual en torno a la oportunidad del federalismo, sobre todo cuando resulta valorado por políticos y medios conservadores.
Hace semanas, por ejemplo, Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y presidente de los populares andaluces, instaba a Juan Antonio Griñán, presidente socialista de la Junta de Andalucía, a que «abandonase el discurso del federalismo cooperativo», porque, a su juicio, este modelo de Estado aboca al «federalismo asimétrico» –a que «unos sean más que otros»–, lo cual, en última instancia, conduciría al separatismo –a «romper España»–.
He aquí una prueba tangible de ese divorcio señalado por Barthes entre la ciencia social y los lugares comunes, que en este caso separa la ciencia del derecho constitucional y los temores primarios esparcidos habitualmente por la derecha española. Basta con una rápida consulta bibliográfica, de autores como Enoch Alberti, Antonio Arroyo, George Anderson o Antonio Brancasi, para percatarse de que asociar el federalismo cooperativo con el asimétrico y, al final, con el separatismo, supone un notable error de percepción.
Para salir de él es necesario adecuar el debate político a las exigencias conceptuales de la ciencia jurídica, abandonando con ello el terreno de los eslóganes emotivos e irracionales. Intentemos hacerlo en unas pocas líneas.
Como su propia denominación sugiere, el federalismo cooperativo implica una distribución territorial del poder basada en la colaboración permanente entre la Federación y los Países federados. Su primera consecuencia es que prácticamente todas las competencias sean concurrentes. Con ello, se opone al llamado «federalismo dual», en el que las órbitas de la Federación y de los Estados federados permanecen independientes, cada una circunscrita a su privativo ámbito competencial.
El federalismo cooperativo propicia el fortalecimiento del poder central, encargado de diseñar el marco legal de la ejecución de competencias. Ahora bien, este empoderamiento no responde a premisas centralistas, pues presupone una intensa participación de los Estados federados en el proceso legislativo a través de una segunda cámara de representación territorial.
Si la Federación acapara buena parte de facultades legislativas, los Estados miembros asumen la ejecución de las competencias, algo que se traduce en un adelgazamiento considerable de la Administración central en sus respectivos territorios. Y cuando está presente en esta fase ejecutiva suele ser a través de órganos sectoriales, donde participan representantes de ambos centros de poder, el del gobierno central y el de los gobiernos federados.
Como expone Enoch Alberti en Federalismo y cooperación en la República Federal Alemana, las prácticas cooperativas arrancan con el New Deal. Su despliegue fue indispensable precisamente para garantizar a los ciudadanos estadounidenses unas condiciones homogéneas de vida, combatiendo las disparidades provocadas por el federalismo dual, que paralizaba toda acción del Gobierno central en beneficio de la autonomía de los Estados. Su aplicación posterior en Alemania tuvo idéntico objetivo: proporcionar y garantizar «la uniformidad de las condiciones de vida» a los ciudadanos de un Estado plural.
Se comprende entonces que con esta arquitectura institucional no se contribuye a generar asimetrías ni se promueve el separatismo. Su propósito de garantizar cierta homogeneidad socioeconómica impide lo primero, mientras que su apuesta por la colaboración institucional permanente en el diseño y ejecución de las políticas públicas previene lo segundo.
Otra cuestión diferente, de orden valorativo más que técnico y conceptual, es la de la conveniencia para España de este modelo de Estado. El debate en torno a su adopción resultaría de todos modos intempestivo si este domingo los resultados de las elecciones catalanas conceden una abrumadora mayoría a los partidos independentistas. Contra lo que insinúan los conservadores, federalismo y secesión se contraponen, pues el primero constituye, entre otras cosas, un medio para evitar la segunda. Si los comicios –que son, en la práctica, un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña– deciden con claridad que es tiempo de independencias, entonces habrá que enterrar la propuesta federalista antes incluso de haberla resucitado.
No parece, sin embargo, que ése vaya a ser el caso. Con una correlación de fuerzas en Cataluña insuficiente para respaldar la secesión, sí habría de plantearse con seriedad el cambio de modelo territorial en un sentido federalista. A este respecto debe tenerse en cuenta que una reforma de esta naturaleza entrañaría una ruptura con el modelo actual y, por tanto, una revisión considerable de la Constitución vigente. Por mucho que insistan los juristas ortodoxos, el régimen autonómico no equivale «más o menos» a un Estado federal. Le falta desde lo más básico –el reconocimiento de la estatalidad originaria de las regiones– hasta detalles como la cláusula residual que atribuye competencias, en defecto de previsión constitucional o estatutaria, a las comunidades autónomas.
Asumida la necesidad de reforma constitucional, el modelo del federalismo cooperativo podría suministrar, sin duda, un buen punto de partida. Su consecución permitiría, por fin, convertir el Senado en cámara de representación territorial. Contribuiría así a canalizar la participación de las naciones en el gobierno federal a través de instituciones permanentes, en lugar de recurrir a coaliciones y pactos coyunturales de contenido habitualmente particularista. Y, además, podrían evitarse duplicidades, dejando en manos de las regiones la ejecución plena de las competencias compartidas, que serían casi todas, aun con cierta fiscalización ejercida por parte de órganos de la Federación.
Que la cooperación federal sea un buen punto de partida no significa que haya de satisfacer todas las expectativas progresistas. Desde este punto de vista, de poco serviría un Estado federal si la vigencia y garantía de los derechos sociales y los servicios públicos quedasen a expensas de la discrecionalidad de poderes centrales o federados. Como tampoco evitaría el federalismo cooperativo un posible resurgimiento de pulsiones centralistas, que pretendiesen acorralar la autonomía de los Estados a través de marcos legislativos puntillosos y asfixiantes.
Por eso, en caso de revisar el modelo territorial y competencial, acaso en el horizonte de la izquierda debieran figurar, del lado económico, el blindaje constitucional de los derechos sociales, y del lado cultural, la aspiración a un auténtico Estado plurinacional.
http://www.eldiario.es/agendapublica/blog/federalismo-cooperativo_6_71102906.html
Encuentros en la tercera vía (catalana)
- Un estudio refleja que una parte sustancial del independentismo aceptaría soluciones que no exijan la ruptura con España
- http://www.lavanguardia.com/politica/20170327/421219958399/encuentros-tercera-via-catalana.html
- Sólo un 58% de los catalanes que están a favor del proceso soberanista piensan que “la mejor solución territorial para Catalunya es su independencia del Estado Español”. Esta es una de las principales conclusiones que aparecen en el libro Catalunya en proceso (Tirant lo Blanch, 2017), una obra en la que participan una veintena de especialistas de universidades de Santiago de Compostela, Granada, Valencia y Barcelona, y que se basa en un sondeo específico, posterior a las elecciones autonómicas del 2015. De hecho, según el estudio, “un modelo federal satisfaría al 23,6% de estos catalanes que están a favor del proceso de independencia”, mientras que “otro 15,1% (de ellos) aspiran a un modelo autonómico con más competencias o con un estatus fiscal equiparable al del País Vasco o Navarra” (ver gráficos adjuntos).“Dicho de otro modo, casi el 40% de los catalanes que declaran estar a favor del proceso de independencia aspiran a una solución territorial que encaja en el concepto de federalismo adaptativo: plurinacional, no cooperativo, no centralizado y no simétrico”. Esta conclusión coincide con las que se desprenden de otros estudios posteriores, aunque añade una novedosa clave explicativa: la heterogénea solidez del sentimiento independentista en función de su antigüedad.Sólo un 58% de los catalanes que están a favor del proceso soberanista piensan que “la mejor solución territorial para Catalunya es su independencia del Estado Español, según el libro ‘Catalunya en proceso’Paralelamente, entre quienes están en contra de la independencia se registra una pluralidad de opciones que permiten vislumbrar un espacio de encuentro para construir una salida al conflicto catalán. Así, entre los contrarios a la secesión sólo un 5,4% apuesta por un Estado centralizado, y únicamente el 35,6% por la continuidad del statu quo. Sin embargo, un 26,2% optaría por un Estado federal y casi un 16% por un Estado autonómico con mayor nivel de competencias para Catalunya (a lo que habría que añadir un 11,4% que se inclinaría por un estatus fiscal como el de Euskadi).A partir de ahí, el estudio concluye que “los ciudadanos de Catalunya tienen opciones alternativas, diferentes y plurales a la hora de afrontar el conflicto territorial” y “esas diferencias existen también entre los que están a favor del proceso independentista”. Es más, “en la ciudadanía hay una pluralidad mayor que las opciones dominantes que están ofertando los políticos, y una complejidad mayor de la que es capaz de abarcar y canalizar la competición política polarizada”.Entre los factores que explican las diferencias dentro del colectivo independentista aparece como más destacado “la antigüedad del sentimiento separatista”, una “variable clave para entender su interpretación de este sentimiento”. Es decir, “el tiempo desde el que se sienten independentistas los ciudadanos catalanes” da pie a dos tipos de actitudes: un independentismo “esencial” (más intransigente) y un independentismo “estratégico” (más pragmático y abierto al diálogo). “La diferencia es tan extrema que mientras el 78,5% de los independentistas tradicionales aspiran efectivamente a la solución separatista, en el caso de los nuevos independentistas (los que lo son desde hace un año), ese porcentaje se reduce únicamente al 13%”.Paralelamente, entre quienes están en contra de la independencia se registra una pluralidad de opciones que permiten vislumbrar un espacio de encuentro para construir una salida al conflicto catalánDe acuerdo con los datos del sondeo, “apenas un 20% de catalanes independentistas tradicionales aspiran a una solución territorial que suponga permanecer dentro del Estado español”. Sin embargo, esa cifra se acerca al 40% entre quienes “se reconocen independentistas desde hace más de cinco años; sube a un 45% para los que son independentistas desde hace solo cinco años, y se eleva a más de un 70% para los que lo son desde hace tres y alcanza a casi un 80% para los que lo son desde hace solo un año”.Esta heterogeneidad en la defensa de las soluciones territoriales se aprecia también entre el electorado de los distintos partidos. Así, por ejemplo, entre los votantes de Junts pel Sí o la CUP, más de un 35% acepta soluciones alternativas a la estricta separación de España. Y a la inversa, entre los votantes de Ciudadanos –un partido que abandera la uniformidad autonómica– sólo un 10% aspira al retorno a un Estado centralizado, mientras que más del 46% apuesta por un Estado federal, más autogobierno o un estatus fiscal equiparable al del País Vasco.En definitiva, del estudio se derivan dos conclusiones trascendentales. La primera reside en la “insatisfacción que han producido los resultados de las últimas elecciones autonómicas en los catalanes de uno u otro signo político”. Y la segunda indica que “la idea dominante no es que el proceso soberanista va a construir finalmente un nou Estat, sino que va a modificar de manera sensible la relación entre España y Catalunya”. A partir de ahí, el estudio deja sobre la mesa una advertencia operativa dirigida a los partidos: sus ofertas políticas no cubren la pluralidad de preferencias que muestran los ciudadanos para resolver el conflicto. Y esa circunstancia dificulta, sin duda, la posibilidad de una salida negociada, una tercera vía, que satisfaga simultáneamente a amplios sectores de partidarios y de contrarios a la independencia.
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Independencia (Alan Jürgens)
