Después de la investidura L.Foix

Está previsto que habrá investidura y nuevo gobierno antes de que acabe el mes. El precio de diez meses de devaneos a costa de los votantes será elevado. Para terminar haciendo lo que era posible a primeros de año, pienso que hubiera sido más inteligente y pragmático hacerlo entonces poniendo un precio alto a la investidura de Rajoy. Ahora, ni siquiera se han presentado condiciones porque la alternativa de unos malos resultados de unas terceras elecciones ha ocupado a los miembros del comité federal del PSOE en discusiones que han acabado en divisiones personales, estratégicas y territoriales.

Los largos silencios de Rajoy, su inmovilismo táctico, le han dado resultados a corto plazo. Pero lo más importante no es la investidura, sino lo que viene después. Si piensa que puede gobernar como hasta ahora, si no calcula que habrá una seria competencia sobre quién y con más crudeza hace la oposición, si no está dispuesto a modificar leyes que fueron aprobadas por su mayoría absoluta, si no se arremanga de verdad para encontrar una solución polí­tica a la cuestión catalana, si no cambia varias caras de su gobierno…, es improbable que la legislatura que empieza con tanto retraso perdure mucho tiempo.

Los socialistas no estarán interesados en unas prontas elecciones. Pero Podemos y las otras fuerzas de sus confluencias sí que lo pueden ­exigir. Van a ocupar calles y plazas, y disputarán la oposición con el PSOE sin complejo alguno.

También los independentistas catalanes contribuirán al desgaste del gobierno si con ello consiguen suavizar o eliminar la batería de causas judiciales contra cargos institucionales. Si un futuro gobierno Rajoy no encuentra un punto de acuerdo para pactar un referéndum con todas las garantías necesarias, el choque entre Catalunya y España será cada vez más inevitable.

El momento es muy delicado y, por ello, es la hora de hacer política con líderes que ­sepan leer los signos de los tiempos y no se preocupen solamente de las próximas elecciones y de las contingencias a corto plazo.

Ciudadanos intentará condicionar el gobierno Rajoy aunque sólo tenga 32 escaños. Albert Rivera representa un partido nuevo con muchos votos prestados del Partido Popular que aprovechará ahora, sabiendo que son de una fidelidad de muy baja intensidad. Rajoy tendrá que ofrecer algo más que diálogo con el PSOE y con Ciutadans.

Una ley de educación que perdure una generación comportaría deshacer muchos de los apartados introducidos por el ministro Wert, que ha instalado sus cuarteles en París. Habrá que revisar la reforma laboral y también pactar una política de ajustes que pide la Unión Europea, que señala las graves anomalías del déficit y de la deuda.

Y lo más relevante es encontrar una salida pactada, generosa y sin apriorismos, al conflicto planteado por la Generalitat y el Parlament de Catalunya, donde se ha aprobado una ley que no otorga otra legitimidad que las disposiciones que hayan salido de la Cámara catalana. La ruptura, legalmente, ya se ha producido aunque sus efectos no hayan tenido repercusiones inmediatas. El conflicto es legal pero de naturaleza política.

Una declaración unilateral de independencia no será aceptada por la comunidad internacional. Y tampoco por la Unión Europea, que lo ha expresado explícitamente en muchas ocasiones. Lo saben sus propulsores y el gobierno Rajoy juega con esta baza desde el silencio y el quietismo. Es un error. En este contexto se explica la posición del PSC y de Miquel Iceta, que han intentado hacer de puente, pero no han encontrado respuesta ni en el PSOE ni en el elec­torado catalán, que ha dispersado sus votos hacia otras formaciones que han actuado con mayor claridad. La espantada de pesos pesados del PSC por no asumir tesis más nacionalistas ha supuesto la mayor crisis de su historia y, posiblemente, una de las causas de su declive electoral.